Una querella por el delito de amenazas presentará en los próximos días el empresario Osvaldo Pastén, quien denunció que recibió una serie de mensajes exigiéndole el pago de una alta suma de dinero, en los meses previos a su formalización por un supuesto delito de apropiación indebida.
La acción fue confirmada ayer por el empresario antofagastino a su grupo más cercano, señalando además una serie de detalles después de que el pasado martes tuviera que comparecer al Tribunal de Garantía.
Pastén fue formalizado debido a que una empresa de su propiedad realizó operaciones de factoring con la compañía Ingel. Esta última acusa un perjuicio de más de $500 millones.
"No puedo negarles mi inquietud frente a un hecho que a nuestro juicio parece tener una relación", manifestó el empresario. Detalló que las amenazas las recibió a inicios de septiembre, y en éstas se exigía "un monto de dinero muy semejante al que se mencionó en la audiencia de ayer".
Los mensajes los habría recibido cuando estaba en Puerto Varas, los que luego denunció en un cuartel de la PDI en Santiago, por lo que anunció una querella en los próximos días. Esto lo concretará en la ciudad donde recibió las amenazas.
Pastén pretende que el Ministerio Público ordene peritajes informáticos a la policía para determinar a quién corresponde el teléfono móvil en cuestión y el lugar desde donde se emitieron los mensajes.
"Para despejar de una vez por todas la trama que hay detrás de todo esto, que no tengo dudas de que tiene por único objetivo destruir mi imagen pública", escribió el empresario a sus cercanos.
Pero también el empresario dedicó palabras al Ministerio Público al referirse el costo personal que ha significado la formalización de la que fue objeto.
Detalló que el fiscal de la causa es Cristian Aguilar y que "en todo este proceso nunca ha conversado conmigo, pues las tres veces que he declarado ante el Ministerio Público, siempre ha sido ante otros funcionarios".
En esa línea, la abogada de Pastén, Tamara Farren, aseguró mediante un comunicado de prensa, que el fiscal Aguilar no se presentó a la audiencia, "la cual fue conducida por el fiscal de turno, el que tenía muy poco conocimiento de la causa, como quedó en evidencia ante una pregunta del magistrado", esgremió.
Juicio de cuentas
También rescató las palabras del juez que dirigió la formalización, quien opinó que lo que ocurre debería ser objeto de un juicio de cuentas y no de una querella.
"¿Cuál es el problema de fondo? Que los dineros que adelantamos al querellante, cuando este se encontraba en Dicom y nadie más lo quería apoyar, fueron bajo la modalidad de cesión de contratos y no en comisión de cobranza, como este lo ha presentado ante la prensa y la justicia", subrayó Pastén.
En la audiencia, el Tribunal de Garantía decretó 90 días para que la Fiscalía desarrolle la investigación y además decretó prohibición de celebrar contratos a dos propiedades del empresario.
