1. Cuota de extranjeros en empresas 2. Acceso a beneficios 4. Principio de no devolución 5. Solvencia económica
La legislación vigente permite a las empresas de más de 25 trabajadores un límite de 15% de dotación foránea. La iniciativa despachada por la comisión de Gobierno fijó que las compañías con este número mantengan un mínimo de 60% de funcionarios chilenos, sin exigir un porcentaje para extranjeros. Según varios estudios, los rubros en los que más se desempeñan extranjeros son en comercio, agricultura, construcción, servicios y turismo.
El acceso a beneficios sociales fue otro de los aspectos que generó controversia en su discusión. Esto porque el proyecto original contemplaba que aquellos que llevaran menos de dos años de residencia legal en el país no tenían derecho a acceder a prestaciones de seguridad social, indicación que fue eliminada. Por lo que podrán acceder siempre y cuando cumplan con los requisitos.
Este punto fue el que generó más debate en su tramitación, el cual finalmente fue aprobado. Este consiste en que los extranjeros que vean peligrar su vida, integridad física o sicológica en sus países de origen, no podrán ser expulsados del país. Esta iniciativa causó polémica, pues fue vista por algunos como un obstáculo para la expulsión de extranjeros infractores de ley. Y quienes la defienden creen que se trata de un principio básico de protección al migrante.
La acreditación económica para optar a la residencia definitiva no consiguió acuerdo en la comisión de Gobierno. Por esto, según indicó la diputada Hernando, se llegó al consenso de que para conseguir la residencia puedan demostrar un vínculo laboral o una solvencia económica. La medida había sido ampliamente criticada, pues de haber avanzado, Chile se habría convertido en el primer país de Sudamérica en exigir este requisito para optar a esta visa.
3. Validación título
Un 4% de los extranjeros que solicita visa en la Región de Antofagasta tiene algún título profesional o técnico. De ahí la importancia de esta validación. En la discusión del proyecto es abordado en forma general. Por esto, los parlamentarios consideran que debe ser tratado en la ley de educación y que se debiera realizar una reforma respecto a la acreditación de las carreras.