Las investigaciones abiertas por presuntos casos de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica subieron desde el último balance entregado en agosto por el Ministerio Público de 178 a 222, a fines de octubre pasado.

La Fiscalía Nacional entregó ayer a la agencia de noticias EFE una nueva actualización del catastro de casos vigentes sobre abusos sexuales vinculados a la Iglesia Católica, que evidencia también el aumento de personas relacionadas con la institución que están siendo actualmente investigadas.

Desde finales de agosto (cuando se publicó el catastro anterior) y hasta el 24 de octubre fueron 11 losnuevos nombres en la lista de investigados, entre ellos un obispo, sumando así un total de ocho los que están bajo indagación del Ministerio Público.

Los sacerdotes implicados en presuntos casos relacionados con abusos sexuales, en tanto, aumentaron en nueve nuevos investigados.

En el caso de los diáconos, la cifra pasó de cuatro a cinco, los religiosos (no sacerdotes) quedaron en 29, los laicos se mantuvieron en 10 y el apartado denominado (sin identificar) incluyó un nuevo nombre.

El registro de víctimas fue el que más se incrementó desde la última actualización, llegando a 44 las nuevas denuncias que elevan el total de 178 a finales de agosto a 222 a finales de octubre.

Cómputo histórico

La misma actualización de la Fiscalía también contabilizó los datos históricos sobre los abusos sexuales por parte de personas relacionadas con la Iglesia, de los que existe registro desde el año 2000 pero que compila denuncias de casos que datan del año 1960. En ese sentido, el cómputo general registra tanto las investigaciones abiertas como las cerradas, con sentencia o no, y los casos sobreseídos o prescritos.

Esos datos indican que desde el año 2000 la Fiscalía realizó 245 investigaciones a un total de 262 personas y que implican 388 víctimas, de las que 220 eran menores en el momento en el que ocurrieron los ellos, 43 adultos, y 125 sin información.

Entre los más de 250 investigados en todo el histórico hay 9 obispos, 169 sacerdotes, 8 diáconos, 41 religiosos (no sacerdotes), 12 laicos y 23 sin información al respecto de su posición.

obispos y 169 sacerdotes investigados es el catastro que maneja el Ministerio Público. 9

Carolina Collins

Pese a la división que generó en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el proyecto de Convivencia Escolar, también conocido como Aula Segura, fue despachado ayer y será votado el próximo lunes 12 de noviembre en la Sala, cumpliendo así con el plazo que le dio el Gobierno al otorgarle esta semana discusión inmediata.

Tras dos jornadas maratónicas para escuchar a los invitados que fueron a la comisión a opinar de la materia, la comisión aprobó primero en general la iniciativa por 10 votos a favor y tres abstenciones, de los parlamentarios del Frente Amplio (FA).

Posteriormente se procedió a llevar a cabo el análisis en particular, liderado por la presidenta de la instancia parlamentaria, Cristina Girardi (PPD). Así, el proyecto -que pretende fortalecer las facultades de los directores de los establecimientos públicos para sancionar a estudiantes involucrados en hechos de violencia- resultó aprobado y fue despachado a la Sala de la Cámara, que lo votará el lunes a partir de las 17 horas.

El proyecto impulsado por el Gobierno finalmente resultó aprobado sin modificaciones, manteniéndose así el texto que fue visado antes en el Senado, donde pasó por una tramitación que se extendió por un mes completo. En la Cámara, sin embargo, la iniciativa tuvo un plazo acotado, luego de que el Ejecutivo decidiera darle prioridad y otorgarle discusión inmediata.

Lo anterior le dio a la Comisión de Educación un plazo de cuatro días para analizar y votar el proyecto, que ha causado división porque hay quienes apuntan a que no da garantías sobre el debido proceso y que no es necesario, porque la sanción de expulsión ya existe.

Pese a que parlamentarios de oposición presentaron indicaciones que buscaban modificar el proyecto, finalmente no tuvieron respaldo y se aprobó tal como estaba. En ese punto fue clave el diputado Mario Venegas (DC), quien se abstuvo de aprobar indicaciones que él mismo había propuesto y rechazó otras.

"No queremos aparecer obstaculizando la aprobación de un proyecto de ley en el que creemos que es necesario legislar y lo más rápido posible", explicó después Venegas, quien descartó que su voto tuviera que ver con que el Gobierno se comprometió a impulsar su proyecto que sanciona con cárcel a adultos que golpeen a profesores y funcionarios de la salud.

Tanto Girardi como la diputada Camila Vallejo (PC) lamentaron que no se llevaran a cabo las modificaciones que, para ellas, necesitaba el proyecto.