"Como familia queremos que esto siente un precedente, porque fue una situación difícil y nos afectó" dijo K.M.C., madre de un pequeño de tres años, con quien en octubre del año pasado al interior del supermercado Tottus, vivió una traumática experiencia luego que en el recinto le negaran el acceso al baño, situación que provocó que el menor se orinara.

La familia afectada no quiso que el hecho quedara como una mala anécdota sino que decidieron recurrir a la justicia, para de cierta forma reparar el daño que sufrió el pequeño y ellos como padres, que se vieron impotentes ante el desarrollo de los hechos.

Según explicó la denunciante, junto a su esposo e hijo fueron al supermercado y cuando estaban en el interior, el pequeño les dijo que quería ir al baño.

Como el niño estaba en tratamiento para prevenir una gastroenterocolitis aguda, debieron buscar los servicios higiénicos, sin embargo, éstos estaban cerrados, por lo que uno de los trabajadores los dirigió hasta donde se encontraba el administrador quien tendría las llaves.

Allí empezó el problema porque éste se negó a abrir, gritando solo que concurrieran a Sodimac. Los hechos ocurrieron el 22 de octubre de 2017, alrededor de las 10 de la mañana.

En vista de lo sucedido, la familia denunció los hechos al Sernac, pero recibieron como respuesta que el establecimiento no tiene obligación de contar con servicios higiénicos públicos, ya que no ofrecen alimentos de consumo inmediato. No obstante, la familia afectada señaló que esto no era efectivo, ya que existía allí un café y un restaurante.

Tras ello presentaron un recurso ante el Segundo Juzgado de Policía Local. Dicho Tribunal se pronunció el pasado 22 de mayo, no accediendo a las demandas infraccional ni civil.

Decidieron continuar con su reclamo ante la Corte de Apelaciones que tras conocer los hechos, condenó al supermercado a pagar una multa de 10 UTM más una indemnización de $1 millón por concepto de daño moral, impugnando la sentencia del Segundo Juzgado de Policía Local.

La resolución agrega que la parte demandada incurrió en un actuar "negligente y discriminatorio".

J. Mondaca / C. Ascencio

Las similitudes entre la comuna de Sierra Gorda y la ciudad costera de Cartagena de Indias (Colombia). La preocupación que existe en Lima (Perú) por el cuidado de sus monumentos o, copias textuales del itinerario de las actividades en las que participaron.

Estas son parte de las conclusiones que presentaron algunos concejales y el alcalde de Sierra Gorda, en los informes en los que dieron cuenta al Concejo Municipal, por los viajes realizados al extranjero en 2015, instancias que involucraron la compra de pasajes aéreos y el pago de viáticos.

Se trata de los documentos que fueron revisados por la Contraloría Regional, que dentro de su plan anual de fiscalizaciones, efectuó la auditoría 362/2016.

Según concluyó el organismo, ni el alcalde ni los concejales del periodo auditado presentaron informes que permitieran la aprobación de los cometidos y su directa relación con los fines del municipio.

La Contraloría determinó que a la casa consistorial ubicada en la localidad de Baquedano, debían restituirse los gastos realizados, los que en total ascendieron a $72.139.978.

Luego que el caso fuera conocido en 2016 por los resultados de la auditoría, este medio, a través de solicitudes efectuadas vía Transparencia, tuvo acceso a los informes que los concejales presentaron al municipio por los viajes concretados.

Detalles

Entre estos informes se encuentran los que rindió el exconcejal Jorge Morbach. El cometido detalla las fechas (24 al 30 de noviembre de 2015) y el motivo de éste: "Participación y valor histórico: patrimonio y su cuidado municipal, de la ciudad de Lima".

El documento está compuesto por diez páginas. Tres de ellas corresponden a datos administrativos (fechas, firmas de asistencia a actividades), mientras que otras seis páginas son escaneos de los itinerarios y un diploma de participación, información que también está presente en el resto de las rendiciones.

En la última plana y con una lapicera Morbach escribió: "Me llamó mucho la atención la cultura y el cuidado de sus monumentos lo rescatable es plenamente lo que es (sic)".

Con letra que cuesta un poco interpretar, el exedil también tuvo palabras para la gastronomía limeña y la preocupación que puede constatarse por los museos y el gran flujo de público que atrae Machu Picchu.

Wladimir Fernández, concejal aún en ejercicio, rindió cuentas por su participación en la "Gira técnica internacional gestión cultural y desarrollo productivo", en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia.

El informe cuenta con 12 páginas, las que se desglosan en el cálculo de viáticos al extranjero, el decreto que autorizó el viaje, el diploma de la actividad, la hoja de asistencia y el forma de rendición al concejo.

Las cinco páginas restantes contienen información de la gira. Como objetivo está la "adquisición de conocimientos presenciales sobre la cultura y desarrollo de una ciudad como lo es Cartagena de Indias, en donde están presente diversas actividades económicas como lo son el turismo y comercio internacional".

Las actividades desarrolladas fueron reuniones con autoridades municipales, reconocimientos patrimoniales, reuniones sobre importación y negocios en el extranjero.

De este informe destaca una reseña histórica sobre la ciudad (media página) y en dos línea se describe la similitud con Sierra Gorda "en la conservación del patrimonio cultural".

En cinco líneas destaca como la ciudad colombiana ayuda al emprendimiento de su comunidad y que "Nuestro municipio podría poner en práctica la experiencia aprendida para que nuestra comuna siga creciendo en lo cultural y económico".

La página que resta ofrece datos sobre la geografía y el clima que caracterizan a Cartagena de Indias.

Todos estos informes de rendición incluyen escaneos de las hojas de ruta en los países visitados y algunos agregan fotografías de las actividades a página completa, aumentando la cantidad de páginas del informe.

Alcalde

El alcalde José Guerrero, que presentó dos informes de rendición de cuentas en 2015, sostiene que tras la auditoría de Contraloría se generó "un mal entendido", en el que pareciera que el jefe comunal y los concejales "se robaron esa plata".

"Eso no es así. La plata se gastó, los cursos se hicieron, nunca fui a una capacitación junto con los concejales. Creo que hay una mala interpretación de Contraloría, porque en ninguna parte se especifica que los viajes deben verse reflejados en obras", manifestó Guerrero.

El alcalde sostuvo que si las experiencias de estos cursos, que son entregadas en los informes, no son factibles o no se cuenta con recursos para ejecutarlas, son proyectos que no se concretarán, "por más intención que exista".

El edil puntualizó que en su caso, en 2015 viajó a la comuna de Támesis (provincia de Medellín, Colombia) a un congreso sobre inclusión.

Aseguró que esa misma experiencia (manejo municipal de salud en comunas lejanas) la replicó en Sierra Gorda.

"Por eso no sé que más información se necesita", apuntó el alcalde, respecto de lo observado por Contraloría, que luego derivó en el inicio de una investigación de manera desformalizada por parte del Ministerio Público.

Este jueves se realizó una audiencia en el Tribunal de Garantía, instancia en que el abogado de la concejala Jenny Lagunas, Jaime Araya, solicitó que la Fiscalía se pronuncie y comunique si iniciará pesquisas de manera formal contra su representada, o desistirá de la persecución penal.

Tras la discusión en la sala y debido a diligencias pendientes, el tribunal fijo otros 90 días para que el Ministerio Público evalúe si formalizará la causa.

Entre las diligencias pendientes figura un juicio de cuentas de la Contraloría contra los concejales. Según el alcalde José Guerrero, mientras no se avance en esa instancia, la Fiscalía no tomará una decisión. El problema, añadió, es que eso incluso podría demorar algunos años.

Al consultar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) sobre si presentarán una querella por los hechos que indaga el Ministerio Público, el abogado procurador Carlos Bonilla explicó que "los antecedentes están en estudio en el Comité Penal del CDE. Probablemente sí (presenten un querella), pero hasta el momento no hay nada resuelto".

"Los antecedentes están en estudio en el Comité Penal del CDE. Probablemente sí (presenten un querella), pero hasta el momento no hay nada resuelto".

Carlos Bonilla,, abogado procurador del CDE"

$72 millones debían ser restituidos al municipio, según instruyó Contraloría, en las conclusiones de un informe realizado en 2016, por los gastos que involucraron los viajes de los ediles.

90 días fijó el Tribunal de Garantía para que el Ministerio Público comunique si formalizará la investigación contra una concejala de Sierra Gorda. La Fiscalía espera diligencias para decidir.

570 viviendas registra la comuna de Sierra Gorda, según cifras del último Censo. El número contrasta con población oficial que indica la misma medición, que es de 10.186 personas.