Antofagasta y la justicia ambiental
"Cabe preguntarse cuáles son los beneficios económicos y ambientales derivados de dichos impactos".
Desde que existe la institucionalidad ambiental chilena, ésta ha aprobado casi 16 mil proyectos de inversión de distinta índole, que representan alrededor de 350 mil millones de dólares. De la totalidad de la inversión, la Región de Antofagasta ha representado un 32%, casi un tercio de todo el país.
Cuando se desagrega la información por los sectores que mayor impacto ambiental generan, como la energía y la minería, se obtiene que el mismo tercio de la inversión aprobada en energía, se repite en la Región de Antofagasta, mientras que la minería, llega casi a la mitad de lo aprobado. Las inversiones futuras proyectan prácticamente los mismos porcentajes.
La justicia ambiental, que surgió como un movimiento social en Estados Unidos que identificó que los impactos ambientales se concentraban en lugares con mayor presencia de personas de color y pobres, y que actualmente es fuente de doctrina del Derecho Ambiental, propone realizar una equitativa distribución de las cargas y los beneficios ambientales en la comunidad nacional o internacional. Dentro de las dimensiones de la justicia ambiental, se identifican al menos cuatro: justicia distributiva, justicia procedimental, justicia correctiva y justicia social. Al centrarnos en esta última, que Kuhen define como aquella dimensión de la justicia "que nos mueve a utilizar nuestros mejores esfuerzos para lograr un ordenamiento más justo de la sociedad, en el que las necesidades de las personas sean más plenamente satisfechas", encontramos inspiración para buscar la sustentabilidad del territorio.
Cuando leemos las estadísticas regionales acerca de las aspiraciones de quienes vivimos en esta, encontramos que prácticamente todas dicen relación con la sustentabilidad ambiental y mejor calidad de vida, acercándose a la definición de Kuhen, pero aterrizada a nosotros mismos.
En una región que concentra los niveles de inversión como la de Antofagasta, donde la capital regional es dividida en tres por un ferrocarril y su patio de maniobras a un par de cuadras de la plaza central, la presencia de un puerto en medio de la ciudad o toda la industria que presta servicios a la industria en el sector centro norte y sus consecuentes impactos urbanísticos y ambientales, cabe preguntarse cuáles son los beneficios económicos y ambientales derivados de dichos impactos que deben pagarse por quienes vivimos en esta fértil tierra. Estas preguntas deben responderse fruto de un diálogo sincero y de largo plazo.
Para esto requerimos autoridades que no sólo estén pensando en la próxima elección, ni en hacer política a partir de eslóganes.
Probablemente el tránsito hacia la respuesta efectiva de esta preguntas sea de décadas y varios gobiernos nacionales, regionales y comunales. La historia de Antofagasta tiene varios episodios que muestran que la visión de largo plazo puede unir a la ciudad de la mano de sus líderes e intelectuales, como lo fue la conocida "Rebelión de Antofagasta", del 26 de septiembre de 1932, con el levantamiento de un movimiento civilista que estableció en sus propósitos "apagar las pasiones, renunciar a los intereses egoístas", entre otros. En aquella ocasión, la unidad local llevó a plantear un gobierno paralelo, pues la situación en la capital era caótica. Concepción adhirió a los antofagastinos en rebelión. ¿Se imaginan una "Rebelión de Antofagasta 2.0" en pleno siglo XXI? Yo sí, pero requerimos también líderes 2.0 a la altura del siglo XXI y de lo que Antofagasta requiere.
Felipe Lerzundi
Ingeniero civil químico, docente universitario