Una mujer fue víctima de un brutal ataque en la ribera del río Cautín, en Temuco: le provocaron más de 40 heridas con un elemento corto punzante.

El OS9 de Carabineros detuvo a un hombre de 33 años, hasta ahora el único sospechoso.

De acuerdo a la información recopilada, la víctima, de 20 años, fue atacada por un hombre que abusó sexualmente de ella.

Pese a esto, la afectada logró escapar y permaneció escondida en el sector Santa Rosa hasta que pidió ayuda a un transeúnte, quien informó del hecho a efectivos policiales. La mujer se halla en el Hospital de Temuco, donde se le intervino quirúrgicamente y permanece estable.

El diputado Patricio Melero, criticó el proyecto de ley impulsado por la diputada comunista Camila Vallejo que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales y que será puesto en tabla hoy por legisladores de oposición. La iniciativa ingresó al Congreso en marzo de 2017 y pasó en abril a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara Baja, pero no ha avanzado. Cooperativa informó que, a juicio de Melero, el proyecto no es primordial: "Las prioridades de los chilenos están en exigir que el Parlamento se pronuncie pronto sobre un sistema nuevo de pensiones, una reforma larga que nos quitará buena parte de la energía y el tiempo". Vallejo, en contraste, dijo: "Muchos trabajadores llegan tarde a su casa, con muy poco tiempo para la familia, la amistad, el descanso, el ocio y eso deteriora sus relaciones humanas".

El Colegio de Profesores dio a conocer el resultado de la consulta nacional que realizó el pasado 14 de noviembre, en la que los docentes se pronunciaron sobre la respuesta que entregó el Ministerio de Educación (Mineduc) al petitorio del gremio.

Según informó Emol, con casi la totalidad de los votos escrutados (32.910) se impuso, con el 61,1%, la opción de aceptar parcialmente la propuesta del Mineduc, pero que el directorio nacional reinicie la negociación en marzo con la cartera, para abordar los puntos que no tuvieron respuesta.

En segundo lugar, con el 35,79%, quedó la alternativa de rechazar absolutamente la propuesta del Ejecutivo y comprometerse a participar en un paro indefinido. Solo una minoría (3,11%) votó por aceptar totalmente la propuesta y cerrar definitivamente la negociación.

Exigirán una mesa

Por tanto, "la postura oficial que asume el gremio es una aceptación parcial, que nosotros consideramos una respuesta no plenamente satisfactoria, y en marzo vamos a exigir la instalación de una mesa que continúe la negociación", afirmó el presidente del gremio, Mario Aguilar, quien anticipó que "probablemente, esa mesa se inicie con un plan de movilización en simultáneo con las conversaciones".

"En marzo, el ministerio deberá tener respuesta a los muchos temas pendientes del petitorio o, en marzo, va a comenzar un proceso de movilización mucho más intenso y agudo que este año (...) Ahora queda en manos del Gobierno evitar que en marzo el profesorado entre en una fase de movilización más intensa", advirtió el dirigente.

Mario Aguilar explicó que, entre los puntos que consideran pendientes, se cuenta "la deuda histórica, una solución más clara respecto a nuestros colegas a contrata y una solución a nuestras colegas educadoras diferenciales, temas que son muy sentidos por el profesorado".

Redacción

Chile Vamos continúa su ofensiva por el protocolo sobre objeción de conciencia elaborado por el Gobierno para el aborto en tres causales, el cual excluye de la posibilidad de acogerse a ella a las instituciones privadas que reciban dineros públicos para atenciones de obstetricia y ginecología.

Ayer, un requerimiento suscrito por 66 diputados de la UDI, RN y Evópoli fue presentado por los jefes de las bancadas de Chile Vamos ante el Tribunal Constitucional, para que el organismo se pronuncie por el protocolo.

El contenido

El escrito, de 35 páginas, establece cómo el reglamento, siguiendo el dictamen de la Contraloría, vulneraría los principios de autonomía de los grupos intermedios, libertad de asociación y de conciencia manifestados en el respeto al ideario de las personas jurídicas y los deberes de protección de la salud y promoción del bien común, todos consagrados expresamente en la Constitución Política.

No obstante, el texto no impugna otros artículos de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

El jefe de la bancada de diputados de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, comentó que la idea es "proteger la libertad de los cuerpos intermedios respecto del reglamento de la ley de aborto que se ha publicado" y su autonomía respecto de las obligaciones que tienen frente al Estado por el hecho de tener un convenio, según consignó el portal de noticias Emol.

"Se trata de un principio fundamental, toda vez que está puesta en tela de juicio la libertad de asociación y la propia autonomía e independencia que estos cuerpos deben tener", acotó.

Udi: no se puede imponer

El jefe de la bancada de diputados de la UDI, Javier Macaya, planteó que "no se trata de un aspecto puramente valórico sobre el aborto, se trata de una cuestión mucho más importante que tiene que ver con la sociedad civil como prestadores de servicios públicos (...) No por el hecho de estar recibiendo recursos del Estado, (este) les puede imponer requisitos contrarios a la Constitución".

Su par de la bancada RN, Leopoldo Pérez, manifestó: "Este no es un tema en contra de la ley de aborto (...) Lo que se pretende con este requerimiento es justamente lo contrario: defender a la ciudadanía y particularmente al resto de lo que se denomina los cuerpos intermedios y también las prestaciones ginecobstetra". Añadió que hay instituciones objetoras de conciencia que están consagradas en la ley de aborto y "que en virtud del reglamento" no podrán hacer prestaciones "a miles y miles de mujeres".

"No por el hecho de estar recibiendo recursos del Estado, (este) les puede imponer requisitos contrarios a la Constitución".

Javier Macaya, Jefe de bancada diputados UDI"