Los huracanes ocurren en el Caribe. Aunque con el cambio climático suceden fenómenos inesperados en otras latitudes.

Hemos sido testigos de hechos que deben ser esclarecidos. La muerte de un comunero mapuche (¡otra más!) no ha dejado indiferente a nadie. Quienes confiaban en la versión oficial hacían valer las facultades legales de Carabineros para repeler un ataque y otros antecedentes que, de manera irresponsable, fueron expuestos. Pronto tuvieron que admitir que algo "raro" ocurría. Hoy sabemos que, según las propias autoridades de la policía, fueron destruidas evidencias y que existen declaraciones contradictorias.

La literatura especializada es categórica en sostener que la militarización de zonas de conflicto étnico no es la mejor estrategia. Lamentablemente no hemos sido capaces de construir una solución para el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno.

El 2003 fue publicado el Informe sobre Verdad Histórica y Nuevo Trato a los Pueblos Indígenas. La conclusión no podía ser otra: el Estado chileno tenía una deuda con los pueblos originarios. Se sugerían una serie de medidas. La compensación por la pérdida de territorio ancestral era una de las principales. Nada se hizo.

La instalación de un comando con un nombre tan inapropiado en la zona de conflicto no parte de un mal diagnóstico, sino de la creencia que una reivindicación étnica se puede sofocar por las armas.

Los hechos recientes torpedean el Plan Impulso Araucanía que lanzó el Gobierno. Más allá de las opiniones que pueda generar dicho plan, hay que reconocer que se trata de un nuevo intento por abordar la conflictividad en la zona.

Por desgracia, no se divisa un trato adecuado a un conflicto de más de 140 años. Los expertos han dicho que nada sustantivo hay en ese plan, que no se abordan las reivindicaciones históricas y que no hay reconocimiento constitucional pleno y efectivo de los pueblos originarios.

En fin, cuesta pensar que después de la fallida, por fortuna, Operación Huracán montada por carabineros, no hayamos sacado una lección. Una. La policía en un país democrático debe estar sujeta a controles estrictos y no debe haber espacios para "autonomía policial". Tampoco se deben crear condiciones políticas, sociales e históricas que permitan que se sientan con facultades especiales. De lo contrario, los meteorólogos seguirán dando cuenta de los estragos que causan los huracanes en la jungla.

Ignacio Barrientos Pardo

Jefe de Estudios Defensoría Regional de Antofagasta

100 años | 20 de noviembre de 1918

Británicos residentes en Mejillones celebran

Los británicos residentes en Mejillones celebran con el mayor entusiasmo el triunfo de la causa aliada. Se realiza un gran paseo a la playa y un baile en los salones del Club Inglés, que alcanza un brillo sin precedentes.

También se informa que estalló un polvorín situado a 4,5 kilómetros de la oficina Puelma.

50 años | 20 de noviembre de 1968

Entregarán trabajos de Pedro de Valdivia

A mediados de enero serán entregados los trabajos de mejoramiento del camino de Pedro de Valdivia al sur, en el tramo comprendido entre esa oficina hasta el empalme con el camino Calama- Antofagasta. Se construyen dos sectores de 6,6 y 8,5 kilómetros. Ambos tienen una base de 10 metros de ancho y pavimento de 7 metros.

10 años | 20 de noviembre de 2008

El "fenómeno Farkas" seduce a Chile

Más de 130.000 personas se han unido en Facebook para pedir al excéntrico millonario que se lance a la presidencia en 2009. Leonardo Farkas Klein se ha convertido en una celebridad, gracias a sus fiestas y espectaculares donaciones. Sin embargo, aún se desconoce si será candidato a la presidencia en 2010.

En un mundo en el que los privados han ganado espacios y el Estado ha retrocedido, en términos de la propiedad de los medios de producción, muchos caen en la tentación errónea de creer que vivimos al arbitrio de los particulares.

El asunto es equivocado porque en lo estricto el poder principal no está radicado en la producción, sino en el control efectivo de las acciones que pueden desarrollarse en una sociedad.

Un ejemplo concreto: nadie puede hacer daño a otro sin pretender que, en un debido proceso, no sea sancionado por su acto. Ese es el poder del Estado, que, a través de la ley, tiene el poder para promover o cohibir acciones; en resumen, modelar la sociedad.

Pero si todos decidimos tomar la ley en nuestras manos, el Estado no tiene sentido, porque la sociedad, las personas, no reconocen allí ninguna fuente de orden. Vale decir, el poder del Estado es inocuo o inexistente si su capacidad de control no es concreto y validado.

Se requiere entonces más Estado para que las leyes se cumplan, para que las personas no decidan la ley del ojo por ojo, pero también para que las empresas no se coludan, no haya financiamiento ilegal de otros poderes, la independencia se mantenga, entre otros.

¿Cuánta capacidad de fiscalizar la sociedad tiene el Estado? Poca y ese es un gran problema.

A nivel regional, la situación es crítica. Salud, por ejemplo, cuenta solo con un profesional para pesquisar los vertederos ilegales de toda la región; la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SiSS), cuenta con tres funcionarios: el jefe regional, un fiscalizador y la ejecutiva de atención a clientes; La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) , tiene apenas tres personeros para toda la región, entre otros servicios.

No se trata de tener un control estilo policial, pero sí de hacer respetar la ley, cuando las personas no la observan. Porque el caso contrario es el peor camino, al avanzarse en la discusión de estados más grandes en materia de medios de producción. Para este tipo de casos es mejor más Estado, a fin de salvaguardar la correcta ejecución de las reglas del juego.