Redacción

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, descartó que el Ejecutivo tenga planes de rebajar o terminar con la indemnización por años de servicio, luego de que durante este jueves indicara que están en evaluación algunas modificaciones a dicho tema en medio de las discusiones en torno a la modernización del Código Laboral.

En ese sentido, el secretario de Estado manifestó a través de su cuenta de Twitter: "Quiero ser claro: no está en los planes del Gobierno terminar o rebajar la actual indemnización por años de servicio".

Asimismo, expuso que "por el contrario, las propuestas que hemos recibido de las Mesas Técnicas están enfocadas en aumentar y mejorar alternativas de indemnización".

En ese sentido, cabe destacar que esta idea fue una de las 100 propuestas que presentó la Mesa de Desarrollo Integral de Chile, cuyo informe entregó al Presidente Sebastián Piñera a inicios de mes.

Así, en el capítulo II, que se titula "Crear empleos de calidad", el documento plantea "evaluar opciones para perfeccionar la indemnización por años de servicio, con el objetivo de aumentar la formalización del mercado laboral, estimular la demanda por capacitación laboral e incrementar el empleo de mujeres, jóvenes y trabajadores con bajo nivel de calificación".

Desincentivos

El tuit del ministro del Trabajo se dio un día después de que afirmara que "es muy importante que nuestro Código del Trabajo promueva la búsqueda de nuevas oportunidades laborales". Por ello, "a veces tenemos normas que dejan anclados a los trabajadores en los trabajos y les desincentivan la búsqueda de nuevas oportunidades", apuntó el ministro, dando a entender las razones que hay detrás de la idea de modificar la indemnización por años de servicio. "Por ejemplo, nuestro sistema de indemnización por término de contrato a veces desincentiva la aceptación de una nueva oportunidad, porque si la tomo pierdo toda la antigüedad en la empresa", agregó Monckeberg.

En evaluación

En esa misma línea, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, confirmó que el Ejecutivo se encuentra analizando diversas modificaciones; sin embargo, añadió: "Estamos conscientes de que cualquier cambio que se haga en ese sentido tiene que ir con un fortalecimiento muy importante del seguro de cesantía".

De todas formas, Larraín enfatizó que "no es algo definido, pero son ideas que han sido planteadas y estamos evaluando. El ministro del Trabajo está trabajando en este tema para presentar este proyecto, pero aún no tenemos un plazo definitivo".

Este lunes serán reiniciadas las conversaciones para que el Gobierno y la mesa del sector público lleguen a un acuerdo en torno al reajuste salarial de los trabajadores fiscales. Sin embargo, a modo de rechazo de la última propuesta presentada por el Ejecutivo, los funcionarios estatales convocaron a un paro nacional para el mismo día.

"llegar a un acuerdo"

Frente al hecho y de cara a la nueva cita, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, criticó que "es un error pensar que los acuerdos se construyen bajo amenazas de paro. Creo que hoy día debemos sentarnos en la mesa e intentar llegar a un acuerdo".

Cabe recordar que la última propuesta del Gobierno fue un reajuste de 3,1%; sin embargo, los trabajadores piden un 7%.

Ante las cifras, el secretario de Estado señaló que "es evidente que los acuerdos requieren varias reuniones y requieren algo de realismo". Lo anterior, "pues el reajuste que hoy está sobre la mesa es mucho más que los que se han dado en años anteriores y todos sabemos que el país que recibimos tenía una deuda gigante".

"Llamo al diálogo, a ponerse de acuerdo y a hablar con argumentos y no a amenazas en base de paros", dijo enfático y agregó: "Ese no es el mecanismo ni en Chile ni en ninguna parte para llegar a acuerdos".

Paso final

El Ejecutivo, además de ofrecer un reajuste de 3,1% en la última reunión, propuso un bono de vacaciones de $114 mil para rentas bajas y de $80 mil para las más altas.

Frente a la última fallida negociación, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo: "Si no es posible llegar a un acuerdo, tenemos que ir con un proyecto de ley al Congreso".

Molestia

Si bien ambas partes redujeron sus expectativas, las cifras aún se mantienen a enorme distancia: el Gobierno ofrece un 3,1%, mientras que los trabajadores siguen en un 7% y dicen que lo ofertado por La Moneda es un piso insuficiente, ya que se mantiene al nivel de la inflación y sólo corresponde a un 0,2% de incremento real por sobre el IPC, cercano a los 1.200 pesos en promedio.

Otro factor que los mantiene molestos es la ausencia de los ministros en las seis reuniones que se han realizado.

La Corte Suprema confirmó el jueves la millonaria multa, de 17.776 UTM ($856.092.160 al valor actual) aplicada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a la empresa Enel Distribución Chile, por incumplir con los estándares en la calidad del suministro.

Así, en un fallo unánime de la Tercera Sala del máximo tribunal, se ratificó lo que había sido sentenciado previamente por la Corte de Apelaciones.

La multa había sido cursada el 28 de diciembre de 2017 por la SEC por haber incumplido los estándares de calidad de suministro que establece el reglamento, al haber incurrido en más interrupciones de servicio por alimentador que aquellas que admite la legislación.

Sec valora fallo

Ante esta resolución, el superintendente de Electricidad y Combustibles (SEC), Luis Ávila, valoró el fallo de la Corte Suprema.

"Lo que está detrás de esto es un proceso anual en que se califica el desempeño de la empresa en términos de las interrupciones eléctricas que llegan a sus clientes, y lo que esperamos es que con este fallo se dé una muy clara señal hacia la empresa de que debe corregir el desempeño y entregar permanentemente un suministro eléctrico continuo y seguro a sus clientes", dijo la autoridad a "Emol".

"Las sanciones, y en este caso la ratificación de la Corte Suprema de una sanción, es una señal muy nítida entendida como una búsqueda de cambio de conducta de la empresa porque ha infringido la norma", añadió.

Avilés reiteró que "lo que esperamos es que las compañías entreguen permanentemente, hagan las acciones y dispongan los elementos técnicos, humanos, las brigadas y los centros de atención de llamado para siempre procurar mantener un suministro continuo".

Perjuicio a usuarios

En su fallo, el máximo tribunal estableció que dado que el suministro de electricidad se trata de un servicio básico para la comunidad, "evidentemente genera perjuicio a todas aquellas personas que se vieron privadas del mismo por un tiempo mayor al permitido por la normativa vigente".

Además señala que "desde la perspectiva del beneficio económico obtenido con la infracción, se deben considerar los gastos que la empresa se ahorra al no invertir recursos suficientes para ajustar sus instalaciones a los estándares de calidad que deben proporcionar". Y recalca que la firma ya había sido sancionada por la misma infracción.