Desde que entró en vigencia la Ley 20.786 sobre trabajadoras de casa particular, se ha registrado más de 240 contratos en la Direccción del Trabajo. No obstante, cerca de 50 mil empleadores no han suscrito un compromiso laboral con ellos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, unas 289 mil personas se desempeñan en este sector.

"Cuando uno tiene a un trabajador en su casa en la informalidad, está abriendo la puerta a la impunidad y a la desprotección del trabajador, ya que éste no tiene cobertura de salud ni ante accidentes y pasa a ser uno clandestino. El daño más grande que se puede hacer a un trabajador es mantenerlo en la informalidad por ahorrarse unos pocos pesos, ya que aquél queda sin protección", sostuvo el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, según informó Emol.

"Muchos migrantes hacen el esfuerzo de regularizar su situación para poder trabajar en esta área y luego se encuentran con que no se les hace contrato. No vamos a descansar hasta lograr que todas las trabajadoras tengan su contrato, es por esto que incrementaremos las medidas de fiscalización a través de la Dirección del Trabajo", añadió.

Ante la Dirección del Trabajo han sido presentadas 601 denuncias durante este año. Entre las materias, destacan: protección de la vida y salud de los trabajadores, protección a la maternidad, informalidad laboral, jornada de trabajo, descansos, fueros, feriado anual y permisos, requerimientos del empleador, derechos fundamentales y otros temas, con 38,4%; beneficios, 19,7%; remuneraciones, 8,9%; cotizaciones, 8,8%; y contrato de trabajo, 8,3%.

En cuanto a las multas cursadas en lo que va del año, son 105. Las más frecuentes fueron por el no cumplimiento del DFL 2 del Ministerio del Trabajo (37), las cotizaciones (34), las horas extraordinarias (33) y las nuevas disposiciones de la Ley 20.786 (21).

"Hago un llamado a terminar con las malas prácticas que van en desmedro de quienes cuidan nuestros hijos, de quienes son parte del día a día de la casa, de quienes merecen, al igual que todos, un trabajo seguro, digno, con contrato y seguridad social", recalcó el secretario de Estado.

El asistencialismo y la generación de dependencia define la política estatal en la Región de La Araucanía. Durante casi 30 años este ha sido el enfoque de política pública que busca superar la pobreza y el llamado conflicto mapuche. Este acercamiento ha fracasado. Aunque el conflicto ha tenido su expresión más radical en algunas comunas y comunidades de la región, también afecta en la vida cotidiana de los habitantes de la región y no sólo en momentos de "crisis".

Se ha avanzado en la valoración y respeto a los pueblos indígenas, pero perduran las condiciones históricas de desigualdad, discriminación y racismo. Son estas mismas condiciones las que ayudan a entender los lamentables acontecimientos que recientemente condujeron a la muerte de Camilo Catrillanca por la actuación desproporcionada de Carabineros, pero también están en la raíz de episodios pasados de violencia en la región, en las aledañas y trasandinas que conforman el llamado Wallmapu.

Algunos operativos policiales han involucrado a niños y niñas mapuche. En el seguimiento de estos casos, se manifiestan las dificultades de las instituciones estatales para abordar y asumir la protección infantil en contextos de reivindicación política mapuche. Por esto, es urgente el esclarecimiento de estos hechos y la búsqueda de justicia, ya que solo esto permitiría dar un paso para construir los pilares de una convivencia intercultural.

El diagnóstico es claro y consensuado en relación con las reivindicaciones políticas y territoriales mapuche: se requiere una estrategia política. Las acciones estatales, de diferentes gobiernos desde el retorno a la democracia, se han abordado como una política social y de seguridad. Respecto de la primera, la revisión de la llamada política indígena muestra una constante: generación de espacios de diálogo, instalación de grandes programas que buscan la superación de la pobreza y el desarrollo y, en los últimos años, los múltiples procesos de consulta, la mayoría de ellos no vinculantes. Líderes, dirigentes y organizaciones mapuche han participado de buena fe en estos procesos. Promesas como el reconocimiento constitucional, representación política y la oficialización del mapudungun han sido incumplidas y postergadas. A esto se suma, la estrategia de seguridad que opera en algunos sectores de la región, que genera un ambiente de descontento y frustración difícil de abordar.

Durante muchas décadas, diferentes líderes mapuche han mostrado su capacidad para hacer política acorde al momento histórico. Otros líderes están, actualmente, haciendo política orientada al reconocimiento, autonomía y convivencia intercultural en la esfera local. Estos liderazgos y acciones deberían ser claves para la búsqueda de avances, los que muchas veces son invisibilizados por otros más mediatizados por los medios y gobernantes.

Este legado político de los líderes históricos y actuales debería servir de aprendizaje para todos. También, desde las universidades y centros de investigación de la región y del país, donde hemos generado numerosos estudios que debemos saber poner a disposición del debate y de la orientación de la política pública. Esto es una labor que debemos que asumir activamente en el mundo universitario, pero también lograr posicionarnos como un interlocutor válido, junto a otros, lo que permitiría el avance en la construcción de necesarios caminos de entendimiento político y de hacer política.

Francisca de la Maza

*Doctora en antropología social y subdirectora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas PUC.

Agencias

Además de haber perdido su estatus clerical en septiembre pasado por los múltiples testimonios de abuso sexual que pesaban en su contra, el ex sacerdote Cristián Precht Bañados declaró recientemente ante el Ministerio Público sobre las denuncias que pesan sobre el ex capellán de la Fach, Pedro Quiroz.

En el caso de Quiroz, cuyos eventuales delitos investiga la Fiscalía de O'Higgins, Prech aparece indagado como presunto encubridor. En su declaración, el ex clérigo admitió haber conocido denuncias en contra del sacerdote en su minuto.

Aunque señaló recordar con exactitud el año en que ocurrieron los hechos, afirmó que "debe haber sido en 2002", cuando se desempeñaba como vicario de la Zona Sur, según consigna La Tercera. En su oficina se presentaron los padres de un joven de 16 años afirmando que "su hijo había sido víctima de hechos de connotación sexual por parte del sacerdote Quiroz".

Según su relato, los padres del menor de edad tenían vínculos profundos con la Iglesia Católica porque "pueden haber sido militantes del MOAC (Movimiento Obrero de Acción Católica) y que estaban "muy enojados y conmovidos".

El ex sacerdote asegura que el matrimonio le solicitó "encarecidamente" que "no realizara denuncia alguna a favor de su hijo". Por esos días, Quiroz era capellán de la Fuerza Aérea y vicario de la parroquia Madre de Dios, en San Joaquín.

La figura de Dubois

El afectado era el hijo mayor de la pareja y además tenía por padrino al emblemático sacerdote francés, Pierre Dubois, defensor de los Derechos Humanos en la población La Victoria. Por eso, dijo Precht, se comunicó con él y le contó.

"Pierre se enfureció con esto, él quería denunciarlo en forma inmediata", relató Precht. El ex presbítero asegura haber sido partidario de denunciar. "Su familia había pedido reserva de su situación, (por lo que) le solicité que hablara con la familia a fin de evaluar los pasos a seguir", dijo.

"En esa época, el obispo de quien yo dependía era monseñor Francisco Javier Errázuriz", declaró Prech. A él le habría dado cuenta "de lo que estaba ocurriendo con el sacerdote Quiroz, para que tomara una resolución o acción correspondiente en contra del sacerdote, toda vez que él era la máxima autoridad en mi jurisdicción", declaró el exclérigo.