En medio de las tensiones en la UDI por las elecciones internas, el diputado de la tienda y miembro de la lista que lidera Javier Macaya, Juan Antonio Coloma, anunció ayer que pedirán que se investigue el problema que hará que unos 60 mil militantes del partido no puedan votar.

Según los registros del Servicio Electoral (Servel), del padrón total, que supera los 105 mil militantes, unos 60 mil se encuentran en calidad de "suspendidos", por lo que no podrán sufragar el domingo en los comicios en los que se enfrentan las listas lideradas por Macaya y la actual timonel de la UDI, la senadora Jacqueline van Rysselberghe.

Ante esto, la parlamentaria llamó el miércoles a su contendor a pedir al Tribunal Supremo de la tienda que permita que los militantes suspendidos voten, lo que fue rechazado categóricamente por Macaya.

"Lo que nos parece increíble es que cuando las encuestas demuestran que le vamos a ganar, pretende cambiar las reglas del juego. La verdad que eso me parece, por decir lo menos, poco serio", dijo ayer el candidato a secretario general, Juan Antonio Coloma, en declaraciones citadas por "Cooperativa".

"Vamos a pedir que se investigue tanto al interior del Servel como también al interior de la UDI. Yo creo que hay responsabilidad tanto del Servel como de la actual directiva", añadió.

Tras la propuesta de Van Rysselberghe de dejar votar a los suspendidos, Macaya la acusó de querer sumar votantes para justificar una eventual derrota. Asimismo, aseguró que la senadora no ha transparentado toda la información con que cuenta respecto al padrón electoral y de contar con bases de datos elaboradas en su condición de presidenta del partido.

"Siempre las elecciones tensionan un poco el ambiente, pero yo creo que hay que llamar a la calma y no lanzar acusaciones por los diarios. Son acusaciones graves y, por lo tanto, no corresponden", respondió a esos dichos la senadora.

De forma unánime, con 121 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que busca ampliar la tipificación del femicidio despachado por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género a principios de noviembre.

La iniciativa, que ahora debe ser ratificada por el Senado, plantea aumentar las modalidades de relación para que un homicidio se considere femicidio, agregando aquellos ataques realizados por parejas, esposo, cónyuges o convivientes, sean actuales o pasados. Además, añade los casos en que un hombre mata a una mujer por razones de género.

Por ahora, dicho delito está restringido solo a los homicidios de cónyuges o convivientes actuales o pasados.

Además de sumar estas circunstancias, la propuesta legal busca añadir agravantes especiales y excluir a los delitos de femicidio, parricio y homicidio simple y calificado de las atenuantes como irreprochable conducta anterior o el actuar por arrebato y obcecación.

También plantea elevar las penas de los imputados hasta presidio perpetuo calificado.

Reacciones

El proyecto conocido popularmente como "Ley Gabriela" fue incitado por el crimen de Gabriela Alcaino y su madre, Carolina Donoso, cometido por la ex pareja de la joven.

"Por unanimidad hemos aprobado proyecto de 'Ley Gabriela', impulsado por su padre y familia, que establece como femicidio el asesinato de cualquier mujer con motivo de odio, menosprecio, o abuso por causa de género. Ahora le corresponde al Senado votarlo", escribió en Twitter la socialista Maya Fernández, presidenta de la Cámara.

Karol Cariola (PC), una de las diputadas impulsoras de la iniciativa, remarcó que su principal objetivo es que "los victimarios sean condenados por la causa de femicidio y no por delito común o delito calificado como ha sido hasta ahora, como ocurrió con Gabriela, como ocurrió con Carolina Donoso".

Camila Vallejo (PC) y Marcela Sabat (RN) fueron otras diputadas que celebraron la aprobación de la iniciativa.

La Secretaría de la Cámara de Diputados reconoció ayer que por un "error de contabilidad" pagó viáticos abultados a cerca de cien de los 155 diputados.

El error ocurrió en las asignaciones correspondientes a junio, que se pagaron en julio a los parlamentarios de regiones para que costeen los gastos de su estadía entre las sedes del Congreso en Santiago y Valparaíso.

"Fue una falla de contabilidad nuestra que se hizo un mal pago en el mes de junio y se descontó en el mes de julio. Se pagó tres días demás (...). He ordenado un sumario interno, cuando me enteré de esto el día martes, para ver las responsabilidades administrativas de los empleados que participaron en este asunto", explicó el secretario de la Cámara, Miguel Landeros.

Esto se detectó luego de que "La Tercera" informara de los gastos de la Cámara por este ítem y días después revelara que los datos fueron modificados en el sitio web institucional. Landeros dijo que hubo diputados que alertaron que se les estaban pagan 15 días, cuando correspondían 12.

Ante esto, se ordenó un sumario que revisará los gatos desde el 1 de marzo a la fecha para determinar si hay otros pagos erróneos. Los diputados que recibieron el dinero deberán restituirlo.

Matías Jullian Velásquez

El comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, se reunió ayer con la ministra Romy Rutherford, quien lidera la investigación ligada al mal uso de dineros fiscales destinados a comisiones de servicio en el extranjero dentro de la institución castrense, y admitió no tener antecedentes de otros fraudes en la Armada o la FACh.

El propio Martínez solicitó la audiencia con Rutherford luego de que, la semana pasada, The Clinic difundiera un discurso donde se refería a uniformados involucrados en tráfico de armas y mencionara a otras ramas de las Fuerzas Armadas en la indagatoria que lleva la magistrada.

"Si ustedes me apuran un poco y me dicen, bueno, y este sistema (de viajes con sobreprecio) entonces de haber sido utilizado por la Armada y la Fuerza Aérea, ¿es posible encontrar situaciones similares en las otras dos instituciones? La respuesta es sí. Lo que pasa es que estamos siendo investigados nosotros", dijo Martínez ante los 900 oficiales que asistieron a esa reunión, según uno de los audios filtrados.

Se desdice

Sin embargo, ayer, luego de casi una hora hablando con la jueza, se desdijo. "Vine a indicarles que no tengo ningún antecedente concreto o por el estilo que involucre a las otras instituciones. Este es un problema del Ejército y el Ejército tiene que resolverlo. No tengo ningún antecedente y eso fue lo que vine a indicarle a la ministra Romy Rutherford", dijo tras la cita con la ministra.

Su declaración va en línea con lo que dijo al día siguiente de la filtración de los audios. "Muy lejos de la intención estuvo dañar a las otras instituciones de las Fuerzas Armas. En este caso fueron mencionadas solo porque tenemos un reglamento en común de cerca 40 años de antigüedad, somos nosotros, el Ejército, la institución que está siendo investigada y nos estamos haciendo cargo de ello", aseguró en esa ocasión.

Esta semana, Martínez concurrió también al Congreso para referirse a los dichos filtrados y el miércoles llegó hasta la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados recalcando que al interior de la institución "no hay ruido de sables".

Defensa instruyó cita

A pesar de que Martínez solicitó la reunión, el ministro de Defensa, Alberto Espina, explicó que este encuentro fue una instrucción dada al general Martínez y añadió que él tampoco tiene más información sobre eventuales hechos de corrupción en otras ramas de las Fuerzas Armadas.

"Dentro de las instrucciones que le di al comandante en jefe del Ejército cuando tuvo sus declaraciones, le señalé que tenía que ir a conversar, pedir una audiencia con la ministra Rutherford de la Corte de Apelaciones para entregarle toda la información que él tuviere sobre el tema de los pasajes", manifestó el ministro.

"Nosotros en esa materia (irregularidades por pasajes) no tenemos más información que la que hemos aportado y por supuesto si esta comisión, este comité de auditoría, detecta más información la va a aportar de inmediato", recalcó.

El titular de Defensa hizo estas declaraciones luego de poner en marcha el comité de auditoría externo que será liderado por el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, que busca detectar y prevenir nuevas irregularidades.