Diversos cambios hizo la Policía de Investigaciones de Chile en Antofagasta como parte del proceso anual, conforme a los nombramientos que se deben realizar para conformar el alto mando institucional.

La Región Policial no estuvo exenta de cambios. Es así que el jefe regional, prefecto inspector Claudio González, fue ratificado en su cargo mientras que el prefecto Eduardo Ullivarri, quien se desempeñaba como jefe de la Prefectura Provincial, asumió como jefe Nacional de Criminalística dejando en esta función al prefecto José Gutiérrez, quien estaba a la cabeza de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana.

En tanto, el exjefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional, subprefecto Daniel Moraga fue llamado a asumir la jefatura provincial de Los Andes, quedando a cargo de esta área el comisario Marco Acuña.

Además, el Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales Regional, CAVAS, el que también estaba bajo la responsabilidad del subprefecto Moraga, será liderado por el comisario Jean Contreras.

En Calama, el prefecto Pablo González dejó su cargo como jefe de la Prefectura Provincial de El Loa y asumió el subprefecto Claudio Ramos proveniente de la Brigada de Homicidios Iquique.

Asimismo, se informó que la Brigada de Investigación Criminal Calama, continúa bajo el mando del comisario Claudio Núñez.

Orgánica

También se informó una reestructuración en la orgánica institucional, cuyo objetivo es representar y generar un trabajo coordinado en las cuatro áreas de servicio estratégicas.

Se trata de la Investigación Criminal, Control Migratorio y Policía Internacional, Análisis e Inteligencia Policial y Ciudadanía y Seguridad, traduciéndose en un reflejo del Plan Estratégico Institucional 2017 -2022 y, además, estar en sintonía con el contexto político enmarcado en las 150 medidas del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública.

El jefe regional sostuvo "se trata de un trabajo articulado entre las jefaturas de diferentes áreas, permitiendo que lo administrativo de soporte a lo operativo, traduciéndose en la creación de cuatro subdirecciones". Ello permitirá una optimización de recursos.

medidas forman parte del acuerdo nacional por la Seguridad Pública, impulsado en beneficio comunitario. 150

Redacción

El Juzgado de Letras del Trabajo condenó al Instituto Nacional del Deporte (IND) a pagar una indemnización total de $25.561.750 a una asesora jurídica desvinculada en octubre de 2017, tras denunciar actos de hostigamiento y acoso en su lugar de trabajo.

El responsable de los hostigamientos es un funcionario de alta jerarquía en el servicio, quien -según expresa la denuncia- mantuvo durante meses extrañas conductas que infundían temor en la demandante.

En la presentación se indica, por ejemplo, que el denunciado en varias ocasiones advirtió a la víctima que su suegra y su marido habían realizado "magia negra" para matarla a ella y a sus tres hijos de 3, 7 y 9 años, mensaje que luego retransmitió insistentemente por Whatsapp mientras la mujer se encontraba con licencia médica.

A esto sumó declaraciones como que "veía moscas en su oficina" y un mensaje con video donde se podía apreciar a una mujer que muere al saltar en bungee, "por no hacer caso", según podía leerse.

El caso estaba en conocimiento de las jefaturas del servicio. De hecho se detalla que en una ocasión, el denunciado contactó a la entonces seremi del Deporte, Samia Pichara, para pedirle que llamara a la afectada para saber cómo estaba, ya que ésta no le contestaba los mensajes.

También se relata que tiempo después el director regional del IND, Hernán Muñoz, se reunió con ambos, ocasión en que el denunciado ratifica sus declaraciones en torno a la magia negra y añade que tiene una foto de la funcionaria y sus hijos enterrada en un cementerio, agregando que además fue a Santiago a ver a tres "brujas" y que ellas le corroboraron el presagio.

Alejamiento

La denunciante solicitó ser alejada del funcionario aludido, quien por su rango, incluso subrogaba al director del IND, lo que no fue atendido.

Luego de sucesivas licencias médicas, la asesora jurídica fue despedida.

En su sentencia la magistrada Elena Pérez Castro acoge la denuncia tras establecer que el despido de la denunciante se produjo con vulneración del derecho a la integridad síquica y a la garantía de no discriminación por motivos de género.

Esto último porque según interpreta la jueza, existió una diferencia de trato con el denunciado, por cuanto se minimizó la denuncia bajo el pretexto de haber dado la actora "señales equívocas" y se dio "trato desigual" a las partes.

La condena es equivalente a 11 remuneraciones, a razón de $1.869.250 cada una, más $5.000.000 por daño moral.

Además, se condenó en costas a la denunciada, "regulándose desde ya las personales en la suma equivalente a 4 (cuatro) Ingresos Mínimos Mensuales para Fines Remuneracionales".