Redacción
El Ministerio Público formalizó al cuarto imputado en la causa por el fraude de $317 millones en el Cementerio Municipal y al mismo tiempo, solicitó una prórroga de 90 días para concretar diligencias pendientes y presentar el cierre de la investigación.
En la audiencia desarrollada en la sala 1 del Juzgado de Garantía, el fiscal David Cortés formalizó ayer a un exfuncionario del camposanto. Se trata de un profesional quien era parte de la lista inicial de los cuatro imputados que debían presentarse el pasado 25 julio al tribunal, pero que por motivos de salud, no pudo asistir al procedimiento.
Casi cinco meses después, el Ministerio Público comunicó el inicio de una investigación formal contra R.P.S.R., quien por petición de la defensa al tribunal, solo puede ser individualizado por sus iniciales.
Cierre
Tras la exposición de los hechos, el fiscal solicitó la medida cautelar de arraigo nacional y 90 días de investigación. Días antes, la defensora penal Karin Rivas había solicitado audiencia para discutir el cierre de las pesquisas.
Sin embargo, en consideración a que ayer se materializó la formalización del cuarto imputado, desistió de esa petición.
El fiscal explicó que los tres meses solicitados en la formalización de R.P.S.R. se consideran un plazo común para el resto de los investigados, ya que aún existen diligencias pendientes.
Rivas también pidió al tribunal suspender durante esta semana la medida cautelar más gravosa decretada en este caso, la del exadministrador del Cementerio Municipal.
Misael Cortés cumple arresto domiciliario nocturno en Coquimbo, Cuarta Región, por lo que se le concedió un permiso para viajar a Santiago y cumplir con sus compromisos médicos, notificándose de ello a Carabineros para la suspensión durante cinco días de la medida cautelar.
Primeras indagaciones
Cortés, junto a C.J.N.C., M.A.R.G. y R.P.S.R., son investigados por el delito de malversación de caudales públicos, caso que nació tras una denuncia del concejal Luis Aguilera, quien pidió a la Contraloría indagar el pago de algunos cheques a la cuenta personal del exadministrador del cementerio.
En concreto fueron dos cheques cancelados por la Sociedad Helénica, que adquirió un terreno en el camposanto, por un monto de $3 millones, los que fueron cobrados en la cuenta personal del Cortés.
La denuncia derivó en una investigación de la Contraloría que terminó por destapar un elaborado sistema con el que se defraudaban millones recursos que nunca ingresaron a las arcas municipales.
El organismo fiscalizador auditó 428 carpetas, correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017, las que contenían información sobre derechos de construcción.
La Contraloría detectó 177 comprobantes de recaudación por ventas de derechos de terrenos y de construcción, equivalentes a $269 millones, que no ingresaron a las cajas diarias del cementerio ni tampoco en los registros contables del recinto municipal.
Según el relato del Ministerio Público, estos dineros fueron "sustraídos de manera ilegítima" y defraudados por el exadministrador municipal.
"Para estos fines ilícitos (Cortés) actuó personal e individualmente, y en otras oportunidades, concertado y con la colaboración de los restantes imputados", explicó el fiscal en la audiencia.
El modo para defraudar habría sido ofrecer terrenos del cementerio a compradores, entregando a cambio de pagos en efectivo, comprobantes de talonarios vencidos de años anteriores que debían ser destruidos.
Una vez que la Contraloría ordena remitir los antecedentes a la fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Ministerio Público encargó peritajes a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.
Los detectives determinaron que el fraude total llegaba a los $317 millones, mientras que uno de los imputados señaló que existía una especulación con la venta de terrenos, en que particulares compraban grandes paños para construir y luego vender nichos individualmente.
Informe de la Dirección de Control
La Dirección de Control del municipio emitió un informe en octubre en el que indagó periodos anteriores a los investigados por Contraloría. En la revisión de antecedentes entre 2011 y 2014, Control detectó otro detrimento al patrimonio de la municipalidad, por 20 millones 476 mil pesos. El informe constató la adulteración de la caja diaria del Cementerio Municipal, a través de comprobantes de recaudación cuyo destino "se desconoce". Estos nuevos datos fueron derivados al Consejo de Defensa del Estado y la fiscalía.
