Un total de 61 escolares de enseñanza media de distintas comunas de la Región de Antofagasta, recibieron sus certificados de egreso del programa Propedéutico 2018 de la Universidad Católica del Norte (UCN).

Los adolescentes participaron en una iniciativa que se plantea como una vía de acceso alternativa a la educación superior para estudiantes que poseen el potencial para comenzar una formación profesional.

Durante el programa, los participantes desarrollaron habilidades académicas coherentes con los procesos de formación universitaria, lo que benefició a jóvenes destacados del sector educacional de la zona.

"Estamos cumpliendo nuestro compromiso institucional, ofreciendo la oportunidad de desarrollo personal y de estudio en la educación superior a estudiantes talentosos", expresó Raúl Jiménez, vicerrector Académico de la UCN.

En 2018 el programa logró ampliarse territorialmente, con la participación de alumnos de las comunas de Antofagasta, Mejillones, María Elena, Taltal, Tocopilla y Sierra Gorda.

El pasado mes de mayo cinco funcionario de la gobernación de Antofagasta denunciaron una situación de maltrato y acoso laboral ante la Contraloría Regional, entidad que instruyó al intendente la ejecución de un sumario administrativo a dicha repartición.

Las denunciantes advierten que el sumario interno no ha tenido avances y que no han recibido respuestas ni notificaciones. Y según comentan, la situación más grave es la desvinculación de tres de los funcionarios supuestamente afectados, entre ellos, la exjefa de Extranjería, hecho que no se podría haber realizado, según un manual que especifica que los denunciantes no deben sufrir ninguna afectación.

"Exigimos que exista una intervención y pronunciamiento y que el intendente tome las declaraciones a las partes faltantes, que nos den copia de las respuestas del sumario y que se apliquen las medidas correspondientes", manifestó una de las denunciantes y exfuncionaria de la Gobernación de Antofagasta, Carmen Hammer, quien agregó que en octubre el mismo subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla solicitó al intendente la realización del sumario.

El intendente Marco Díaz explicó que la solicitud de Interior fue recibida el 3 de octubre y a partir de 5 del mismo mes se dispuso investigar todos los antecedentes, junto con la designación del fiscal (Rodrigo Meriño), la incorporación de pruebas y la citación a declaraciones.

"Frente a las acusaciones del no inicio del sumario, la Contraloría el pasado 12 de diciembre descartó esta situación", aseveró el intendente.

Respecto a las desvinculaciones, el jefe regional argumentó que prefiere no revelar mayores antecedentes para que el fiscal designado pueda llevar la investigación con absoluta reserva.

Televigilancia Móvil es el nombre del proyecto que implementó tres drones para monitorear los espacios públicos, en el marco del programa innovación y tecnología de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Antofagasta es la primera región a nivel nacional en contar con esta nueva tecnología, cuya instalación demandó un presupuesto inicial que bordea los $600 millones, para la operación hasta mediados del 2020 (18 meses). De ese monto, un 80% aproximadamente está destinado a la operatividad y arriendo de horas de vuelo.

Las imágenes de los drones se integrarán al sistema de cámaras de vigilancia que actualmente opera carabineros, generando la ventaja del factor sorpresa debido a movilidad de los aparatos.

Herramienta

Durante el lanzamiento del proyecto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, dijo que los drones serán una gran herramienta para las policías, que muchas veces por motivos presupuestarios no pueden optar a esta tecnología.

Martorell explicó que este sistema operará en todas las comunas de la región, por lo que es fundamental el trabajo con los alcaldes para determinar sus necesidades.

De igual forma, indicó que las rutas ya fueron definidas con información aportada por el programa Sistema Táctico de Operación Policial (Stop), que recoge datos sobre los puntos y horarios donde se concentran los delitos.

Sistema

Cada dron es manejado por dos operadores desde vehículos especialmente implementados para ello, junto a una central de monitoreo en línea (ubicada en la intendencia) que permite respaldar las imágenes para que la Fiscalía las utilice en la persecución penal de los delitos.

"La adquisición de los drones es lo más barato, mientras que lo más difícil es contar con operadores capacitados y la logística de monitoreo y almacenamiento de la información", detalló la subsecretaria Martonell, quien aseguró que todos los operadores de Antofagasta cuentan con su licencias de vuelo.

En tanto, el intendente Marco Antonio Díaz, detalló que son 3,5 horas de vuelo disponibles por día en este programa piloto a nivel nacional y el financiamiento está pensado para todo el año.

Agregó que "más adelante se debe evaluar la continuidad de esta iniciativa, vía inyección de recursos al presupuesto regional, lo que será parte de los desafíos".

Díaz además indicó que personal de carabineros estará presente en la central de monitoreo para dar trazabilidad a la cadena de custodia de estas imágenes.

El periodo de almacenamiento de las imágenes será de 30 días, salvo que las información capturada contribuya de manera inmediata a la persecución de delitos penales.

Privacidad

El uso de drones ha sido cuestionado en otras ciudades del país por sectores que defienden el derecho a la privacidad de las personas.

Al respecto, la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antofagasta, Daniella Piantini, explicó que las autoridades deben prever que se grabe solo en espacios públicos y que no exista algún tipo de invasión a la vida y propiedad privada.

"Si existiese algún tipo de captación de imágenes privadas, la subsecretaría deberá tomar el cuidado del uso reservado de la información e incluso editar antes de presentar los videos como evidencia", afirmó.

Piantini aclaró que la afectación de las personas particulares se daría si existiera una mala utilización de las imágenes o su publicación.

Por el contrario sí se podrían liberar las imágenes cuando se trate de un acto ilícito comprobado.

Ante consultas de la prensa, la subsecretaria Martorell precisó que los drones de prevención de delitos no cuentan con distintivos para que los usuarios puedan identificarlos, por lo que manifestó que se replantearán esta situación con el fin de no confundir a la población, ni propiciar que particulares aprovechen esta instancia de acostumbramiento de la comunidad para realizar vuelos con otro fin.