Asumido el Gobierno por la actual administración, ejecutó una sistemática política de despidos laborales, dirigida en especial a los empleados públicos a contrata y a honorarios.
Los fallos judiciales dictados por estos casos establecieron que debía respetarse el plazo de la contrata, hasta el 31 de diciembre de cada año, y que se requería justa causa para el despido conforme al Código del Trabajo.
Desde 1990 los parlamentarios UDI y RN se opusieron a aumentar plantas de funcionarios en cada Ley de Presupuesto, aduciendo que querían un Estado chico pero eficiente, logrando minimizar el rol del Estado y precarizar el empleo público.
En noviembre notificaron a miles de trabajadores públicos sus despidos, según la Asociación Nacional de Empleados fiscales -Anef- Antofagasta se estiman 4.700 en el país y 172 en nuestra Región; aumentando las tasas de desempleo, agravado por la proximidad a las fiestas de Navidad y año nuevo, causando un agravio cruel a esas familias.
A su vez, Felipe Larraín, ministro de Hacienda dijo que el gasto fiscal debía reducirse, y repitiendo el dicho neoliberal procedieron a "cortar grasa", término peyorativo asignado a los despidos laborales.
Se argumenta que éstos, se producen para contar con personal de confianza y afín a su pensamiento, lo que contraría la Ley y aumenta la inseguridad ciudadana por falta de protección estatal, en especial de la función fiscalizadora del servicio público.
Para evitar esta arbitrariedad el año 2003 se redujo de 3.000 a 500 los cargos designados de confianza política, y se creó la Alta Dirección Pública para transparentar la forma de elegir los postulantes a cargos de dirección.
Este fin de año, se despidió a un conductor a pesar de tener que dializarse; ese funcionario no ejerce autoridad pero se le despidió por falta de confianza, siendo ejemplo de esta errada política de despidos.
En campaña dijeron que el mérito sería el elemento para acceder a cargos públicos, pero su comportamiento difiere de esa máxima, y redujeron la administración del Estado a repartir entre "los nuestros" los cargos que deben servir "a todos", lo que afecta seriamente el desempeño eficiente y eficaz de la función pública.
Analizado este devenir, sólo se concluye que la razón de estos despidos no es de orden administrativo o económico, sino el afán de disminuir el rol del Estado y un cierto desprecio por la función pública en nuestra sociedad.
Jorge Molina Cárcamo
Abogado