Constanza Caldera Pfeiffer
La demanda laboral por supuesto hostigamientos en el ejercicio de su cargo presentada por la jefa de comunicaciones de la Intendencia, la periodista Margarita Moll (militante RN), generó reacciones entre autoridades regionales y en la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) y amenaza con abrir un foco de conflicto político al intendente Marco Antonio Díaz.
La profesional interpuso la acción judicial ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo, en la cual asegura haber sido víctima de constante maltrato desde su llegada al gobierno regional, situación que le generó un cuadro de estrés que la mantiene con licencia médica.
En la demanda la profesional apuntó al exasesor del intendente, Cristián Zamorano y al actual jefe de gabinete, Marco Luza, un personero cercano a la diputada Paulina Núñez. Respecto de este último, el jefe regional, hace unas semanas, descartó "categóricamente" que se tratara de alguien de su círculo de confianza.
Zamorano, en tanto, dejó el cargo en noviembre. Moll asegura haber recibido de su parte constantes descalificaciones y menoscabo a su labor.
Sobre Luza, indicó que estaba en conocimiento del tema, pero que le restaba importancia. Además, denuncia que éste le habría enviado un video a través de WhatsApp con contenido sexual.
En la demanda, llevada por el abogado Jorge Mayne, Moll también sostiene que el jefe regional estaba en conocimiento de esta situación y que no adoptó medidas.
Reacciones
El presidente regional de la Anef, Freddy González, dijo que por la gravedad de los hechos denunciados, se debería suspender del cargo al actual jefe de gabinete, para así realizar una investigación.
"El intendente debería haberlo decretado en cuanto tomó conocimiento. Hacer la investigación no es sólo para castigar, sino para esclarecer los hechos y tomar las medidas del caso si se comprueba que los hechos denunciados son reales", dijo.
González agregó que como Anef mañana enviarán una misiva al intendente, en la cual le solicitarán que se realice un sumario administrativo.
Pero el asunto sumó reacciones en la clase política, particularmente en la oposición que advirtió un nuevo foco de críticas a Díaz, quien fue cuestionado hace poco después que se conociera que la madre de su primer hijo (expareja) comenzó a trabajar en el Servicio de Salud Antofagasta, poco después que Díaz tomara posesión del cargo.
Se sabe que habría otros casos de corte similar en el SSA.
La diputada Marcela Hernando (PR), citó primero que todas las mujeres tienen la libertad de reclamar por sus derechos laborales y de género.
"Esto tendrá que ser visto en tribunales y probablemente no tendremos ningún resultado hasta varios meses más. En el intertanto, obviamente esto le hace mal al gobierno regional", declaró.
Por lo anterior dijo que una buena determinación sería que el jefe regional instruyera un sumario para investigar lo denunciado.
El senador Alejandro Guillier, le solicitó al intendente "que destierre de la administración pública todas las expresiones de violencia".
"Esto merece una sanción ejemplar y rápida, sobre todo si ocurre entre sus más cercanos".
Fuentes del Gobierno reconocieron que el caso de Moll -en contra de quien hay críticas variadas- dejó en mal pie al ejecutivo, en especial a Luza y con ello a Díaz y eventualmente a la diputada Núñez, de modo que el futuro es incierto.
Otro asunto es que el asunto no fue detenido a tiempo. Hace semanas se sabía que Moll evaluaba acciones legales.
El intendente Marco Antonio Díaz, dijo que si bien no ha recibido la notificación formal, revisó la demanda que aparece en la página del Poder Judicial, e indicó que los hechos denunciados le parecen muy graves.
"Favoreceré toda la entrega de información para que esto se esclarezca a la brevedad (...). Ya instruí al equipo jurídico para que pueda concentrar toda la información necesaria para esclarecer los hechos porque se vinculan a más personas que están trabajando", declaró.
Aclaró que no puede iniciar un proceso administrativo ahora, pues la ley de bases no lo permite cuando hay un proceso que está siendo conocido por los tribunales.
"Esa es una garantía para la persona que ha denunciado ante tribunales, que no sea la misma entidad acusada la que lleve un proceso paralelo distinto al que ella ha optado para que se resuelva y en eso seré respetuoso", explicó.
