Jonathan Mondaca Escobar

Replantear la ordenanza que incrementó el cobro de los servicios en el Cementerio Municipal y al mismo tiempo, precisar cuál es la cifra final que dejó el millonario fraude detectado en el camposanto.

Este es el emplazamiento que cinco ediles de Antofagasta realizan a la alcaldesa Karen Rojo, y con el que esperan que ambos temas estén incluidos en la tabla de la sesión de mañana en el Concejo Municipal.

Ignacio Pozo, Camilo Kong, Jonathan Velásquez, Doris Navarro y Luis Aguilera son los concejales que proponen revisar las dos puntos más complejos del cementerio. Uno de ellos es el fraude que investiga la fiscalía y en el que hay cuatro imputados (incluyendo un exadministrador del recinto).

El segundo punto, según los ediles sería consecuencia de la malversación de caudales públicos, ya que se trata de un aumento de los cobros de derechos, permisos y concesiones en el camposanto.

Comunidad

"Emplazamos a la alcaldesa para que deje sin efecto la ordenanza que fijó el aumento de servicios en el Cementerio Municipal", explicó Luis Aguilera.

El concejal sostuvo que lo que buscan es replantear la ordenanza, pero para ello, primero requieren generar una mesa de trabajo que vea en detalle el tema y luego "la alcaldesa debe llevar el punto a tabla", dijo.

Además, piden al municipio precisar cuál es la cifra total que dejó el fraude que se investiga en el cementerio.

"Es importante saber cuál el déficit, para apalancar fondos de gobierno si es necesario y no traspasarle este problema a las familias de los difuntos", argumentó Aguilera.

El edil también agradeció la gestión de cuatro diputados de Antofagasta que presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones para detener el alza de cobros que comenzó a ser efectiva desde el 2 de enero.

El pasado sábado, el tribunal de alzada acogió el recurso y la orden de no innovar, que congela el aumento a pagar por los servicios hasta que la Corte resuelva la presentación de las diputadas Paulina Núñez (RN), Marcela Hernando (PR), Catalina Pérez (RD) y su par José Miguel Castro (RN).

En la misma línea, la concejala Doris Navarro sostuvo que el recurso de protección vino a reforzar las solicitudes que los cinco concejales realizaron y que no tuvieron respuesta de la autoridad comunal.

Navarro manifestó que los días 14 y 19 de noviembre, y el 5 de diciembre del año pasado, ingresaron cartas al departamento jurídico y la secretaría municipal, explicando que la ordenanza que autorizó el incremento de los servicios en el cementerio perjudicaba a la comunidad.

"A la fecha aún no tenemos respuesta de la municipalidad, por eso hay que reconocer lo que hicieron los diputados, por que es un tema que atañe a toda la comunidad", puntualizó la concejala.

Para los ediles, los nuevos precios del camposanto obedecen a la mala administración del recinto que derivó con la Contraloría detectando el fraude y recomendando que el Consejo de Defensa del Estado y la fiscalía iniciaran acciones legales.

Los servicios de sepultación en tierra son los que experimentaron el mayor incremento, pasando de $17.743 a $88.717 (alza de 400%). Un nicho a largo plazo por diez años en sector preferencial, con la nueva ordenanza tiene un valor de $543.507, mientras que hasta 2017 costaba $362.338.

Malversación

La malversación de caudales públicos fue descubierta luego que el concejal Luis Aguilera solicitar a Contraloría una investigación. Esto, luego que la compra de un terreno fuera cancelada con dos cheques a la cuenta personal del exadministrador municipal, Misael Cortés.

El organismo fiscalizador descubrió que había 117 comprobantes de recaudación por conceptos de venta de derechos de terreno y construcción de los mismos, cuyos pagos no ingresaron a las arcas municipales. La Contraloría sostuvo que eso corresponde a $269 millones, pero más tarde, la PDI determinó que el fraude se eleva a $317 millones.

Sin embargo, tras la formalización de cuatros imputados (todos exfuncionarios del cementerio) en julio del año pasado, aparecieron nuevos casos de comprobantes no ingresados a las arcas fiscales, por lo que el fraude sería mayor.

"Es importante saber cuál el déficit, para apalancar fondos de gobierno y no necesariamente traspasarle este problema a las familias de los difuntos".

Luis Aguilera,, concejal"

"A la fecha no tenemos respuesta de la municipalidad, por eso hay que reconocer lo que hicieron los diputados, por que es un tema que atañe a la comunidad".

Doris Navarro,, concejala"

Por unanimidad la Comisión de Hacienda del Senado aprobó el proyecto de ley que establece una nueva forma de financiamiento de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas y busca poner fin al sistema sustentado en la denominada Ley del Cobre.

El proyecto original fue ingresado el 20 de mayo de 2011 durante la primera administración del Presidente Sebastián Piñera, siendo aprobada en general y particular por la Cámara de Diputados el 13 de junio de 2012, pasando a la Comisión de Defensa del Senado, donde fue aprobada en general el 22 de enero de 2013.

Después de cinco años sin mayor tramitación, el Presidente Piñera firmó una nueva indicación el pasado 6 de agosto a través de la cual se le aplicaron algunos ajustes a la propuesta, y se retomó su trámite legislativo luego que la Comisión de Defensa aprobara la idea de legislar y también el proyecto en general para entregárselo a la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta.

"Ahora vamos a la sala. Este proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y en la sala nosotros esperamos que se apruebe y ahí vaya luego con un plazo de indicaciones y que el mes de marzo podamos tener aprobado un cambio que se ha propuesto durante una década, pero que no se logró la mayoría y agradezco a todos los miembros de la Comisión de Defensa y del Senado que han tenido la voluntad de buscar acuerdo porque estas son políticas de estado", agregó el ministro de Defensa Alberto Espina.

El secretario de Estado agregó que existe voluntad de diálogo de parte del Gobierno en esta materia y que, de hecho, está operando un equipo de trabajo con representantes de los parlamentarios de oposición de los parlamentarios asesores de Gobierno, también los ministerios de Defensa y Hacienda.

"La voluntad nuestra es que exista diálogo y sobre todo sacar una muy buena Ley. No tenía ninguna justificación que las capacidades estratégicas de la Fuerza Armadas, o sea el equipamiento militar se financiaba con plata del cobre, eso no corresponde, no tiene ningún sentido, lo importante es que tengamos un financiamiento adecuado que sea estable porque un país que descuida a sus Fuerzas Armadas, descuida su soberanía y hemos visto que cuando eso ocurre se pierde independencia política", precisó Espina.