La falta de experiencia acreditable y no la búsqueda de "nuevos desafíos profesionales", habría sido lo que originó la salida de Visnja Music Benedek de la Seremi de Medio Ambiente, a fines de noviembre pasado.

Según consigna un documento de Contraloría, este organismo objetó el decreto de nombramiento de la bioquímica, precisamente porque no se acompañaron los antecedentes para demostrar que tenía los tres años de experiencia profesional en el ámbito público o privado (dos si se posee magister o doctorado), que se exige para este cargo.

Hay que recordar que Contraloría no considera como válida la mera tenencia del título, sino que exige que las autoridades demuestren el ejercicio efectivo de la profesión.

En este caso, aquello no aconteció y sólo se entregaron certificados de imposiciones previsionales, "lo que incluso se puede hacer de manera voluntaria", indica el documento de Contraloría, emitido en noviembre del año pasado.

Debe precisarse que en su despedida del gabinete, el intendente Marco Antonio Díaz dijo que la profesional asumiría nuevos desafíos en el Ministerio del Medio Ambiente en Santiago, sin mencionar el reparo de Contraloría.

La misma omisión hicieron parlamentarios del sector en redes sociales.

Seremi

Ayer el seremi de Gobierno, Francisco Salazar, dijo que Visnja Music estaba buscando alternativas desde antes de conocerse la observación de Contraloría, por lo que -a su parecer- no se trata necesariamente de una consecuencia.

Salazar aseguró además que al momento de la despedida, el intendente no estaba en conocimiento del reparo realizado por Contraloría.

José Luis Ramírez M.

La solicitud de nuevas diligencias y el atraso de otras que ya estaban encargadas, obligará al Ministerio Público a pedir una ampliación de la investigación del llamado Caso Main, donde se intenta aclarar la presunta contratación por parte de la alcaldesa Karen Rojo, de una asesoría política con recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Cmds).

En esta pesquisa están formalizados el consultor José Miguel Izquierdo, socio de Main Comunicación Estratégica; el administrador municipal, Héctor Gómez; el exsecretario ejecutivo de la Cmds, Edgardo Vergara Montt, y la propia alcaldesa de Antofagasta, quien además es presidenta del directorio del ente sostenedor.

La prórroga será solicitada al Juzgado de Garantía el 29 de este mes y es la segunda que el Ministerio Público pide desde la formalización de los imputados, ocurrida el 15 de junio del año pasado.

Fiscal

El fiscal a cargo de la causa, Cristian Aguilar, confirmó la necesidad de un mayor plazo atendido que en la causa "aún existen diligencias pendientes", entre ellas, la llegada de un informe solicitado a la Brigada del Ciber Crimen de la PDI, relativo a correos electrónicos incautados a los involucrados.

Tal diligencia se concretó en septiembre de 2018 y abarcó el periodo agosto 2015 a agosto de 2016, lapso en el cual se produjeron los hechos que el fiscal investiga.

El trabajo busca establecer qué tipo de comunicaciones mantenían los formalizados entre sí, y si los reportes que según testigos Main recibía constantemente de funcionarios municipales, dan sustento a la hipótesis de una asesoría político electoral a la edil.

Hay que recordar que Main fue contratado para prestar asesoría a la Cmds en temas de Salud y Educación, por ende si se comprueba que en lugar de aquello, o junto con aquello, asesoró a Rojo para asegurar su reelección en 2016, podría configurarse un delito de fraude.

Ayer el fiscal Cristian Aguilar dijo que la diligencia de los correos electrónicos es muy importante para el caso, al igual que otras que aún no se han completado y que requieren un mayor plazo.

Respecto a la cantidad de días adicionales que pedirá, precisó que aquello aún no está definido, no obstante adelantó que "un plazo demasiado breve no cumpliría los fines de la solicitud".

La prórroga será discutida durante la audiencia y a ella pueden oponerse las partes. De esta manera, será el juez de Garantía quien en última instancia determinará si se concede lo requerido por el fiscal o se rechaza la petición.

En caso de haber rechazo, cosa que se considera poco probable, debiera el ministerio público prepararse para acusar a los involucrados o pedir su sobreseimiento.

Consejo

El abogado Carlos Bonilla Lanas, quien representa al Consejo de Defensa del Estado, querellante en esta causa, dijo que avalarán la petición del fiscal, por existir diligencias que todavía no se completan y, más importante aún, debido a que surgieron nuevas líneas de trabajo en las últimas semanas.

"Han aparecido nuevos antecedentes que también merecen ser investigados por el fiscal antes de presentar una acusación", explicó.

Bonilla dijo no poder revelar la naturaleza de los antecedentes que menciona, y sólo adelantó aquellos "confirman lo que siempre hemos entendido, en orden a que si no hay elección a la vista, jamás se habrían contratado este tipo de asesorías".

Este Diario tomó contacto ayer con abogados de los formalizados, pero no hubo interés en responder las consultas referidas al nuevo plazo.

"Han aparecido nuevos antecedentes que también merecen ser investigados por el fiscal antes de presentar una acusación".

Carlos Bonilla Lanas,, abogado del CDE"

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