Jonathan Mondaca Escobar
La Universidad de Antofagasta (UA) deberá pagar $3.056 millones a la Corporación de Desarrollo Norte Grande, debido al crédito que esta última solicitó para ejecutar las obras del Hospital Clínico, proyecto del que luego quedaría fuera porque la Contraloría rechazó el modelo de administración.
La historia de por qué la UA desembolsará 4,5 millones de dólares para levantar su centro clínico fue zanjada en diciembre del año. Este contexto además explicaría por qué el recinto aún no atiende público general, cuando las autoridades habían anunciado su funcionamiento para julio del año pasado.
La universidad y la corporación cerraron el conflicto con una audiencia de avenimiento en el Tercer Juzgado Civil.
El litigio lo comenzó la Corporación de Desarrollo Norte Grande en octubre de 2018, cuando presentó una demanda contra la UA por enriquecimiento sin causa, exigiendo un reembolso de $4.152 millones.
El organismo en cuestión está ligado a la universidad hace varios años, gestionando diferentes iniciativas.
Comodato
Según detalla la acción judicial, en agosto de 2016 la universidad y el Servicio de Salud de Antofagasta (SSA) celebraron un contrato de comodato, el que posteriormente fue aprobado por un decreto de la casa de estudios en abril de 2018.
La UA efectuó gestiones con el SSA, que en ese momento era dirigido por Zamir Nayar, para que la infraestructura del antiguo Hospital Regional sirviera para concretar el recinto clínico (el traslado inició su traslado el 13 de diciembre de 2017).
La corporación explicó que una de las primeras gestiones fue contar con un mecanismo para crear y operar el hospital clínico, por lo que iniciaron conversaciones con ellos.
En enero de 2018, ambos suscribieron un contrato de asociación, el que en una de sus cláusulas estableció que la corporación podría retener, como apoyo a los gastos de sus funciones de gestora de la asociación, el valor de los mismos más un porcentaje de la facturación de los servicios del Hospital Clínico UA.
Pero para ejecutar el proyecto, la corporación solicitó un préstamo al Banco Estado, por una cifra de $2.000 millones más una línea de crédito de $500 millones, montos que fueron concedidos en enero del año pasado.
Con el financiamiento resuelto, la corporación comenzó la "etapa cero" del proyecto, lo que contempló remodelación, equipamiento, sistema informático y contratación de recurso humano.
Contraloría
Las obras y los pasos administrativos del proyecto se desarrollaban sin contratiempos. Es más, en todo ese periodo hubo cambio de gobierno, por lo que el director del SSA dejó la institución, aunque luego recala como directivo de la corporación.
Sin embargo, en mayo de 2018, la Contraloría se abstuvo de validar el decreto de la universidad que aprobó el contrato con la corporación, por considerar que no se ajustaba a derecho.
En agosto y tras conocer el pronunciamiento, se contactaron con la UA para informarle los gastos que acumulaba el proyecto y saber cómo actuar luego de lo resuelto por el organismo fiscalizador.
"Desde la Universidad señalaron que no se hará pago alguno por ningún tipo de conceptos", detalló la corporación en su demanda.
Agregaron que el plantel implementará el hospital clínico a través de una fundación que estaba en proceso de creación y que, para ello, utilizarían todos los recursos ya invertidos por la corporación.
La demanda acusó que con el no pago de las obras ejecutadas, la universidad quedó con un bien de mayor valor al recibido del SSA y que el contrato rechazado por Contraloría fue un hecho ajeno a su voluntad, generando el enriquecimiento sin causa.
Conciliación
Dos meses después de la presentación de la demanda, las partes alcanzaron el avenimiento en el Tercer Juzgado Civil de Antofagasta.
La UA quedó obligada a pagar una suma total de $3.056 millones, por concepto del crédito solicitado y facturas emitidas a contratistas por las obras en el hospital.
El documento judicial advierte que las partes dan "total y amplio finiquito respecto de los hechos que motivaron la presente demanda", por lo que la cifra a cancelar no es negociable ni la universidad puede recurrir a otra instancia.
El hospital clínico será administrado por la Fundación Red Salud y desde septiembre del año pasado opera en la "etapa cero". Esto se traduce en atenciones ambulatorias solo a funcionarios y alumnos del plantel.
En paralelo, la fundación gestiona todos los detalles para contar con los sistemas de Fonasa e isapre, pero hasta el momento, la universidad no ha informado la fecha en que el recinto clínico incoará su atención a público general.
de mayo de 2018, fecha en que Contraloría rechaza el contrato entre la corporación y la universidad. 24
