Felipe Omar Muñoz Lira

Este lunes 21 de enero la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, volvió de sus vacaciones en medio de un complejo escenario ante un posible cierre y clausura del vertedero La Chimba.

Esta difícil situación se suscitó como medida de presión por parte del Gobierno Regional para acelerar la puesta en marcha del nuevo centro de tratamiento de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, Chaqueta Blanca.

El caso es solo un ejemplo de las turbulencias que han marcado la administración de la edil en su segundo periodo, tanto a nivel administrativo como político, complicando el futuro escenario de la alcaidesa.

Contexto

Actualmente Rojo también enfrenta una investigación por un presunto fraude al fisco en el llamado "Caso Main", el que está en proceso de pesquisas por parte del Ministerio Público desde junio de 2018, cuando fue formalizada.

Los resultados de esta investigación -que definirá si hay acusación para ir a juicio- se conocerán en abril, tras ser ampliado el plazo de indagación en dos ocasiones.

Otro problema que enfrenta Rojo, es la acusación realizada por cuatro concejales de la comuna que solicitan que cese de su cargo, por un supuesto abandono de deberes. Y el Tribunal Electoral ayer dio por interpuesto el requerimiento, iniciando un proceso que tardará meses en resolverse.

La acusación realizada por los ediles se compone de 17 puntos y según argumentan, constituyen infracciones a la legislación, lo que habría causado daño moral y material al patrimonio municipal.

Entre los puntos interpuestos, está considerado el caso Global Service, en el que una sentencia obligó al municipio a pagar $3.800 millones por servicios no saldados de mantención de las áreas verdes (2015 y 2016), de los cuales más de $1.800 millones corresponden sólo a intereses.

Otro caso expuesto es la fiscalización realizada por la Contraloría, en el marco de la ejecución del programa de seguridad pública "Barrio en Paz", en el que se obligó a la municipalidad a restituir $76 millones al Ministerio del Interior, debido a que se realizó una rendición de cuentas por $19 millones, tres años después de asignados los recursos.

Más casos en la acusación: el contrato de una empresa -de propiedad del cuñado de Rojo- con la CMDS-, los fraudes detectados en el Cementerio Municipal, y aprobación de actos administrativos sin visación de la Unidad de Control, entre ellos, la contratación de seguridad y equipos electrógenos para la Copa América de 2015 y el pago de servicios no prestados por una actividad del Día del Niño.

Hechos negativos que han marcado la agenda de Rojo son los casos de compra de mochilas y lentes, la farmacia comunal y la muerte de un joven por la caída de un tablero de basquetbol en Las Almejas.

Próximas semanas

La edil, en las próximas semanas, deberá tomar una decisión importante respecto al cierre del vertedero y apertura de Chaqueta Blanca para evitar recibir las millonarias multas anunciadas por el gobierno.

También será notificada por la acusación de abandono de deberes y en el "Caso Main", la fiscalía solicitó un nuevo plazo de 90 días por diligencias pendientes y en la audiencia se detalló, que Izquierdo declaró nuevamente entregando mayores antecedentes a la investigación.

Otro de los problemas que deberá resolver en las próximas semanas, es la falta de un contrato de concesión de mantención de las luminarias públicas, pues a principios de mes el Concejo Municipal rechazó el contrato de concesión del servicio, lo cual se debería resolver en la próxima sesión con los concejales.

"TER inicia proceso por abandono de deberes"

"Caso Main: 90 días más de investigación y revisarán tráfico de llamadas telefónicas El Tribunal de Garantía de Antofagasta concedió una prórroga de 90 días para la investigación en la que el Ministerio Público indaga si la alcaldesa Karen Rojo, recibió una asesoría politíco-comunicacional con recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS). El fiscal del caso, Cristian Aguilar, solicitó audiencia para discutir una ampliación de las pesquisas, proceso en el que también participa el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el abogado querellante, Rolando Lorca. La causa fue formalizada en junio del año pasado, cuando Aguilar imputó a la alcaldesa, al administrador municipal Héctor Gómez, al exsecretario de la CMDS Edgardo Vergara y a José Miguel Izquierdo, director de Main Comunicación y quien habría asesorado a la jefa comunal. El fiscal pidió ayer al tribunal 90 días más para desarrollar diligencias pendientes en la causa. Se trata de la segunda prórroga que solicita el persecutor. diligencias Aguilar manifestó que una de las diligencias que resta en la investigación es la que corresponde a los correos electrónico incautados a los formalizados. Esta información fue enviada a la unidad del Ciber Crimen de la Policía de Investigaciones. Sin embargo, el peritaje aún no ha concluido, ya que esta unidad es de carácter nacional y recibe requerimientos de todas las fiscalías. Además, cuando esta información llegue será remitida a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI para ser analizada. Otro aspecto por resolver son declaraciones que aún no ha conseguido el fiscal, como la de Ignacio León, director de Desarrollo Comunitario del municipio, además de otras funcionarios mencionados por quienes ya han declarado en la causa. En la audiencia en la que se discutió la ampliación, también se conoció que José Miguel Izquierdo declaró el 4 de enero nuevamente en el Ministerio Público, ratificando lo dicho en junio, días previos a la formalización. Carlos Bonilla, abogado procurador del CDE, sostuvo que Izquierdo prestó una declaración "contundente" en la que entregó nuevos antecedentes que agregaron nuevos datos a las pesquisas. testigos Con estos datos, advirtió Bonilla, se citarán más testigos. Trascendió que el director de la consultora Main entregó nuevos nombres de presuntos involucrados, acompañando una serie de documentos que respaldarían su versión. José Miguel Izquierdo, antes de ser formalizado en junio, reconoció prestar una asesoría político-comunicacional a la alcaldesa, según relató el fiscal el año pasado. Uno de los motivos que también fundamente la solicitud de ampliar la investigación, es que recién el 31 de diciembre de 2018, el Ministerio Público recibió respuesta a un oficio en el que pidió a la Municipalidad, informar la descripción de cargo que tenían los imputados entre 2015 y 2016. nUEVO PERITAJE Con esta información, la fiscalía requirió los números telefónicos de los imputados y funcionarios del área de comunicaciones y relaciones públicas de la alcaldía. El persecutor solicitará revisar el tráfico de llamadas entre Izquierdo, el resto de los imputados y los nuevos nombres surgidos en el marco de la investigación. Todo esto indica que podrían existir nuevos formalizados en las próximas semanas, posibilidad que Aguilar no ha descartado las veces que ha comparecido a tribunales por este caso. Respecto de la ampliación del plazo, el abogado querellante Rolando Lorca manifestó que no significa una demora para el proceso, ya que "los resultados serán tan contundentes que la acusación será inevitable". El delito que persigue la fiscalía es el de fraude al fisco. Esto, porque según sus antecedentes, Rojo recibió una asesoría previo a su reelección por parte de Main, que al mismo tiempo fue contratada para reforzar las áreas de salud y educación de la CMDS. Sin embargo, las defensas rebaten que las consultorías sí se realizaron a la corporación municipal, lo que está respaldado. En cuanto a la asesoría política de 2015 y 2016, ésta fue prestada por un tercero y cancelada con dineros propios. El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta dio por interpuesta ayer la reclamación presentada por un grupo de concejales, en la que acusan a la alcaldesa Karen Rojo por notable abandono de deberes y solicitan que cese su cargo. El escrito fue ingresado la semana pasada en el TER y este lunes fue revisada por los ministros. Sin embargo, el tribunal realizó una nueva sesión para analizar la presentación, debido a que uno de sus ministros se inhabilitó. Se trata del abogado Carlos Claussen, quien se marginó de participar en el requerimiento debido a que representó a una empresa que mantuvo un litigio con la municipalidad, por servicios prestados para la mantención de áreas verdes. Claussen litigó cerca de tres años con la casa consistorial y ganó la demanda, que en términos totales asciende a unos $3.800 millones. El TER esta vez sesionó con su presidente Dinko Franulic, los ministros Victoria González y Eduardo Gallardo (suplente). "A lo principal, téngase por interpuesta la reclamación", resolvió el TER. Con este paso, el proceso recién comienza de manera oficial, lo que involucra la notificación a la reclamada. Los cuatro concejales que presentaron el reclamo y piden el cese de funciones de Rojo son Jonathan Velásquez, Luis Aguilera, Doris Navarro y Camilo Kong. Los ediles no quisieron referirse al tema la semana pasada, argumentando que únicamente hablarían en caso de que el requerimiento se diera por interpuesto. Con esto concretado, los ediles realizarán hoy a las 10.30 horas un punto de prensa para explicar el motivo y detalles de la presentación realizada en el TER. El documento que ingresó al tribunal acusa a la alcaldesa de graves faltas a la probidad en el municipio, lo que significó detrimento al patrimonio de la casa consistorial. Esto lo fundamentan con 17 puntos en los que detallan casos como la supuesta asesoría de Main Comunicación, la demanda que ganó Claussen por $3.800 millones o contratos que no fueron visados por Control."

"Reclamación de cesación del cargo de alcalde por notable abandono de deberes y contravención grave a las normas sobre probidad administrativa".

Reclamación en el TER"

$3.800 millones deberá terminar de pagar la municipalidad por concepto de los servicios de áreas verdes no saldados a la empresa Global Service durante los años 2015 y 2016.

17 puntos son los que están contenidos en la solicitud de cuatro concejales para el cese del cargo de la alcaldesa Karen Rojo, por un supuesto abandono de deberes.

96 millones de pesos podrían alcanzar las multas que aplicará la autoridad de Salud si es que el vertedero La Chimba continúa recibiendo camiones con basura domiciliaria y asimilable.

El intendente Marco Antonio Díaz aseguró que la actual disposición de la basura en el vertedero La Chimba es un "real problema sanitario para la comunidad".

El jefe regional mantiene serias diferencias con el municipio, que no cerrará el vertedero hasta que la compañía a cargo del nuevo relleno sanitario cumpla con todo lo solicitado.

¿Por qué asegura que el nuevo centro de tratamiento Chaqueta Blanca podría operar?

-Lo que hemos señalado es que el vertedero La Chimba no puede operar y que tras la prohibición de ingreso de camiones de basura emanada de la autoridad de Salud, la municipalidad debe disponer los desechos en otro centro de tratamiento de residuos, que cuente con una Resolución de Calificación Ambiental favorable y Chaqueta Blanca la posee, lo que significa que ambientalmente puede operar.

¿A su juicio, por qué la municipalidad no comienza con el funcionamiento de Chaqueta Blanca?

-Lo que hemos sabido por los medios, es que la municipalidad argumenta que el proyecto al no tener una recepción por parte de la Dirección de Obras (unidad técnica de la iniciativa) no puede obtener la patente comercial.

Pero lo que planteamos como gobierno es que la solicitud de la recepción debiera ser efectuada de conformidad a las facultades privativas que tiene el director de Obras Municipales y no ser resuelto en su calidad de unidad técnica del contrato.

¿Habría problemas de procedimientos por parte del municipio en Chaqueta Blanca?

-Ha habido un proceso sistemático de corte de comunicación entre la empresa y el municipio. Y lo que vemos en el historial de prensa, es que la voluntad de la alcaldesa siempre ha sido de acelerar el proyecto.

Pero en este último periodo hemos visto que la municipalidad -no la alcaldesa- está actuando en una línea distinta. Y es por eso que estoy esperanzado arribar a ciertos puntos de encuentro que permitan sacar adelante el relleno.

Respecto a los permisos provisorios otorgados por el gobierno ¿Qué sucederá si al término del plazo autorizado no se concretan las obras requeridas?

-El permiso provisorio fue solicitado por la municipalidad el 12 de junio de 2017, al exseremi de Obras Públicas, con el objetivo de aprobar provisoriamente el empalme de acceso al relleno Chaqueta Blanca.

Recién este año (9 de enero) otorgamos los permisos con un plazo provisorio de 90 días y si la empresa no ejecuta las obras comprometidas, se realizarán las más fuertes sanciones que estén convenidas en el contrato, como el termino contractual con el operador del relleno.

¿Cuánto tiempo esperará para agudizar las medidas, mientras siguen entrando desechos al basural de La Chimba?

-La autoridad sanitaria realizó una fiscalización que comprobó el normal funcionamiento del vertedero La Chimba, lo que motivó el inicio de un procedimiento administrativo que puede terminar en sanciones económicas de hasta $96 millones.

Estas multas se podrían cursar cada vez que constatemos que no se está dando cumplimiento a la resolución, pero no es el camino, sino el llamado al diálogo.