Críticas e incertidumbre generó entre parlamentarios de la región el anuncio del ministro del Interior (S), Rodrigo Ubilla, quien señaló que el gobierno iniciará un proceso de expulsión de 12 mil migrantes que no cumplen con los requisitos exigidos.

La noticia es mirada con atención por los legisladores de la oposición, sobre todo por la cantidad de extranjeros que actualmente vive en la zona, la cual bordea los 62.662, según cifras del Censo 2017.

La diputada Marcela Hernando (PR) dijo que esperará que se sepan cuáles son las razones para expulsar a estos 12 mil extranjeros y que se comunicará con los abogados y ONG que trabajan con ellos.

Hernando agregó que si la medida corresponde a los aspectos considerados en la ley de Migración, ésta todavía no está vigente.

"No sé si es posible revertir una medida de esta naturaleza, pero si son personas que se encontraban irregulares y que han cometido delitos, esto quedó expresado en la ley y estábamos de acuerdo con que así fuera", declaró.

Críticas

El diputado Esteban Velásquez (FRVS), indicó que el anuncio genera animadversión a las políticas públicas de migración del gobierno, que en algunos aspectos puede tener razón, pero en esta región pueden entenderse como populistas.

"En estos tiempos lo que necesita la sociedad latinoamericana son más bien principios humanistas de tolerancia y de respeto al otro", declaró.

Velásquez agregó que como bancada regionalista hoy oficiarán a la Subsecretaria del Interior para que les entreguen detalles de este anuncio.

La diputada Catalina Pérez (RD), señaló que el gobierno actúa con irresponsabilidad al presentar la deportación masiva de personas como la forma de hacerse cargo del fenómeno de la migración.

"Y por otro lado, fomentan la migración irregular al insistir en que aquellos migrantes que desean trabajar legalmente no puedan hacerlo sin tener que volver primero a su país de origen", declaró.

Pérez señaló también que en regiones como Antofagasta, "más que titulares de prensa, necesitamos un gobierno responsable que se haga cargo del desafío como corresponde".

Desde el oficialismo, la diputada Paulina Núñez (RN), destacó las políticas implementadas por el gobierno para regular la migración en el país.

"Nos propusimos ordenar la casa a través de una nueva Ley de Migración y Extranjería y por tanto definiendo normas claras con un catálogo de visas. Por ejemplo, abrimos un proceso extraordinario de regulación y un plan de retorno", indicó.

Proceso

Núñez agregó que ahora corresponde iniciar un proceso de expulsión "de aquellas personas con infracciones graves, condenadas por delitos en Chile e ingresos por pasos no habilitados después del plazo establecido, a ellos no los vamos a regularizar".

La gobernadora de Antofagasta, Katherine López (UDI), informó que de las 155 mil personas que ingresaron al proceso de regularización, se han analizado más de 140 mil y dentro de esta cifra se encontraron 12 mil que no cumplían con los requisitos para entregarles sus visas.

"No es expulsar a cualquiera, significa que son personas que no han cumplido con los requerimientos legales dentro de nuestro país y sobre todo aquellos que han cometido algún delito en su país de origen o bien en Chile", declaró.

Sobre las críticas por este anuncio, López recordó que las condiciones del proceso de regularización fueron claras desde el principio, instancia en que se informaron cuáles serían las consecuencias para las personas que ingresaran o no a este trámite, si su situación migratoria era irregular.

Los miembros del Observatorio de Profesores Titulares de la Universidad de Antofagasta (UA), emitieron una declaración pública en la cual dijeron no compartir las declaraciones realizadas por el académico y presidente de la Asociación de Académicos (AFAUA), Eliseo Martínez.

Esto, tras la polémica generada por el video conocido informalmente como "naranja vaginal", en el cual aboga por su colega Mario Esparza.

El comunicado -al cual adscribe entre otros el mismo rector Luis Alberto Loyola- expresa que Martínez olvida sus responsabilidades establecidas en el estatuto de la universidad, particularmente aquella declarada en el Art. 30, numeral 2 que, en cuanto académico de la universidad es un hombre de ciencia y un educador.

La declaración agrega que Martínez "no ha sido exacto, pues se remite a un sumario, al cual no puede referirse, pues de modo preciso este, está protegido legalmente por el secreto del sumario; tampoco ha sido veraz pues se ha autodenominado como juez, en varios de sus pretendidos argumentos procaces y vacíos de contenido, involucrando a la Corporación al usar repetidamente el "nosotros", esto es a quienes él representa como presidente de la AFAUA.

El video fue criticado incluso por la ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien señaló que oficiará a la UA para que entregue detalles de lo ocurrido y de las medidas que se están tomando para una adecuada investigación.