Redacción

El Juzgado de Garantía de La Serena se declaró incompetente ante la causa iniciada por una querella por abuso sexual contra el exobispo Francisco José Cox, quien regresó hace unos días a Chile tras 17 años en el extranjero.

Antes de la reforma

La determinación del tribunal implica remitir al sistema antiguo, específicamente al ministro de fuero y actual integrante de la Corte de Apelaciones de dicha ciudad, Christian Le Cerf Raby, los antecedentes del caso para indagar los hechos que se remontarían a la década de 1980. Es decir, previo a la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal.

"Conocida la denuncia determinamos, a través de la propia declaración de H.G., que estos lamentables hechos de los que presuntamente fue víctima habrían sido cometidos en los años 1985 y 1986; por lo tanto, la jurisdicción era de otro tipo, era penal, criminal, de juez del crimen", dijo el fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega.

Dejó el país en 1998

El persecutor expresó, además, que antes de tomar la decisión, aceptada ayer por el tribunal, se verificaron también los antecedentes respectivos y la situación de Cox en la zona: dejó sus labores sacerdotales en 1998 para salir del país.

Ocasionalmente volvió en la época estival o vacaciones de invierno y ya en 2002 no regresó más. Esto, hasta el 10 de febrero, cuando el religioso abandonó la residencia de la Congregación de los Padres de Schoenstatt ubicada en la localidad de Vallendar, Alemania, y a la cual fue enviado con el fin de que dedicara el resto de su días a una "vida de silencio, oración y penitencia". Ello, para enfrentar los procesos judiciales llevados en su contra, según confirmaron desde Schoenstatt.

Cultura jurídica

"Más allá del tema legal, lo importante es que el asunto se está investigando. Es parte de nuestra cultura jurídica investigar los hechos, prescritos o no, para determinar la verdad y recién determinar las responsabilidades penales o de otro tipo", añadió el persecutor.

Y concluyó: "En este caso, y por la fecha de los hechos, esa cultura jurídica se está haciendo a través de un ministro de fuero. Si los hechos hubiesen sido cometidos posteriormente al año 2000, posiblemente habríamos sido nosotros los que determinaran esas responsabilidades".

Luego de cinco días detenido en el Batallón de Telecomunicaciones en Peñalolén, el excomandante en jefe del Ejército Juan Manuel Fuente-Alba fue procesado como autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos por un monto aproximado de $3.500 millones.

Así lo determinó la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, quien ordenó su aprehensión el pasado 14 de febrero a la espera de un eventual encausamiento, debido a que aún había diligencias pendientes.

"Nosotros hemos sido notificados al mismo momento que él y lo que corresponde ahora es estudiar el auto procesamiento para ver qué diligencias vamos a hacer como defensa", dijo tras el anuncio la abogada del exuniformado, Joanna Heskia.

Tres casos

El general (r) es indagado en tres casos: uno refiere a un posible enriquecimiento ilícito producto de las diferencias que existirían entre el patrimonio declarado por el general (r) -que bordea los $1.000 millones- y el constatado por la PDI.

Los otros dos se vinculan a un eventual fraude ligado a la Ley Reservada del Cobre y al caso de "empresas de turismo", el cual apunta al presunto mal uso de dineros fiscales destinados a comisiones de servicio en el extranjero -principalmente a Estados Unidos- con el fin de realizar viajes personales, junto con sus familias, a destinos como Orlando, Punta Cana, Miami y Los Ángeles, entre otros.

A raíz de lo decidido por Romy Rutherford, la detención del exuniformado se mantendrá en el recinto militar a la espera de eventuales acciones por parte de la defensa.

Fuente-Alba dirigió el Ejército entre 2010 y 2014.