Eugenio Sugg Gálvez
Poco más de 190 mil clientes de suministro eléctrico deberán cambiar sus medidores en la región de Antofagasta. La migración obligatoria y con cargo al consumidor para la instalación de este nuevo "sistema inteligente" fue duramente cuestionada por distintos actores ligados al mundo del derecho, asociaciones de consumidores e incluso legisladores.
Los medidores inteligentes forman parte de los sistemas de medición, monitoreo y control que deberán implementar las empresas distribuidoras -con plazo a 2025-, de acuerdo a la Norma Técnica para Sistemas de Distribución, dictada por la Comisión Nacional de Energía en diciembre de 2017.
Y si bien en la región de Antofagasta aún no está definido cuándo comenzará el recambio, se sabe que a partir de la próxima semana Chilquinta iniciará un programa piloto en Viña del Mar.
Datos proporcionados por la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas indican que actualmente (en fase piloto) hay solamente cambiados 250 mil medidores en la Región Metropolitana y unos 50 mil en el resto del país.
Según informó el Ministerio de Energía, se estima que la inversión requerida para instalar a 6,5 millones de clientes entre Arica y Magallanes el sistema de medición, monitoreo y control (no sólo los medidores) será del orden de US$1.000 millones que, al igual que todos los activos necesarios para cumplir con los estándares exigidos (como postes, transformadores, entre otros), son reconocidos en la evaluación de costos y determinación de tarifas.
Costo
El problema -y la polémica- se suscitó debido a que la normativa aprobada en 2017 por el Congreso, determinó que el costo de este instrumento (pese a ser propiedad de la empresa distribuidora), debe ser costeado con cargo al consumidor.
Al respecto, el abogado y académico de la carrera de Derecho de la Universidad San Sebastián (USS), Alejandro Gómez, comentó que "el actual medidor es de propiedad del consumidor, no obstante el nuevo será de la empresa. El antiguo, pese a estar operativo en la mayoría de los casos, va a quedar en desuso y en condición de chatarra, entonces bien podría argumentar un consumidor que acá hay una especie de expropiación de su bien y reclamar para evitar el cambio del medidor", aseguró.
El profesional advirtió que esta modalidad de cambio es algo contradictoria con el derecho de propiedad, y en esa línea aseguró que "el recurso de protección es una acción idónea".
"Ilegal"
Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), aseguró que lo que está sucediendo es "inaceptable".
"Más del 70% de los consumidores son propietarios de sus medidores y empalmes, lo pagaron a la empresa cuando construyeron o cuando adquirieron la vivienda. En consecuencia, se le está pasando la propiedad a las empresas sin ningún tipo de compensación", dijo.
Y agregó que "este costo se va a transferir a la tarifa, por lo tanto el consumidor está pagando dos veces su medidor, lo que nos parece incluso inconstitucional", cerró.
Finalmente, la diputada Paulina Núñez (RN), presentó ayer un requerimiento ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) sobre este proceso que calificó como "una medida que a todas luces es ilegal".
Un 1% adicional en la cuenta
Respecto de este proceso, el director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., Rodrigo Castillo, explicó que el medidor siempre ha sido financiado por el cliente de dos formas: comprándolo o pagando un arriendo. "A partir de la nueva normativa, y dado que el medidor ya no es un simple dispositivo que mide una vez al mes, sino un elemento más de la red que aportará valiosa información, se determinó -como ocurre en todo el mundo- que sería parte de la infraestructura normal de las empresas y por tanto financiado por éstas", dijo. No obstante, reconoció que esa decisión implicó un cargo a la empresa que significó un recálculo de las tarifas que se hizo efectivo en septiembre de 2018 con un aumento del 1%.
"Bien podría argumentar un consumidor que acá hay una especie de expropiación de su bien".
Alejandro Gómez, Abogado y académico de la USS"
"Se le está pasando la propiedad a las empresas sin ningún tipo de compensación a los consumidores".
Hernán Calderón, Presidente Conadecus"
