Un agente policial encubierto fue parte esencial del operativo en que se logró la captura de un prófugo de la justicia que era buscado por la presunta responsabilidad de un homicidio frustrado y un choque en estado de ebriedad que dejó a una persona tetrapléjica.

Según informó carabineros, el trabajo conjunto entre efectivos del OS9 y la Sección de Investigaciones Policiales de la Segunda y Tercera Comisarías de Antofagasta, permitieron esta detención en medio de un partido de fútbol.

Según explicó el teniente coronel David Estay, de la Prefectura Antofagasta, la investigación había comenzado el 26 de febrero, fecha en que el imputado -de nacionalidad chilena- habría provocado lesiones graves con un arma de fuego a un transeúnte, disparándole desde un vehículo en movimiento. El auto habría sido un Uber contratado por el imputado.

La detención se concretó luego que un agente encubierto, que se caracterizó de jugador de fútbol, se infiltrara en un equipo que jugaría en el mismo partido que el investigado. De esta manera se logró dar con el imputado en la cancha Oriente (ubicada en Montevideo esquina Llanquihue) sector centro norte de la ciudad. Después de confirmar la presencia del sujeto en el encuentro deportivo, se montó un operativo para su detención y evitar que se fugara.

Además de la causa por homicidio frustrado por la que se le investiga, el imputado se encontraba prófugo -según antecedentes aportados por la policía uniformada- desde el año 2017 por una orden de detención por conducción en estado de Ebriedad con lesiones gravísimas (Ley Emilia). En esa oportunidad chocó en estado de Ebriedad, dándose a la fuga. Producto de este accidente una de las víctimas quedó tretrapléjica.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condenó a Paolo Alejandro Basualto Miranda a la pena efectiva de 10 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito consumado de homicidio simple. Ilícito perpetrado en julio de 2016, en el sector norte de la ciudad.

En fallo unánime el tribunal -integrado por los magistrados Ingrid Castillo Fuenzalida (presidenta), Israel Fuentes Gutiérrez y Karina Mihovilovic Gutiérrez (redactora)- aplicó, además, a Basualto Miranda las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las 2.30 horas del 15 de julio de 2016, en calle Nicolás González con calle Juan Antonio Ríos de Antofagasta, Paolo Alejandro Basualto Miranda, premunido de un elemento contundente (un palo), procedió a golpear en la cabeza a la Víctor Aillapán Pailla, causándole una fractura de cráneo, hematoma subdural y hemorragia subaracnoidea, que en definitiva le produjo la muerte por un traumatismo encefalocraneano abierto complicado.

El homicidio se produjo en medio de una discusión entre ambos, mientras consumían alcohol.

Tamara Molina Rivas

Después de dos años de tramitación, la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la sentencia de primera instancia del Tercer Juzgado Civil, que dictaminó que la Municipalidad de Sierra Gorda debe indemnizar con 344 millones de pesos a la empresa "José Castro González Constructora, Deporte e Inversiones", la que durante el 2016 tuvo a su cargo la construcción del conjunto habitacional "Renacer del Desierto" en la localidad de Sierra Gorda.

El tribunal de alzada dio un plazo de 10 días para que la Municipalidad efectúe el pago ordenado por el juez (s) Homero Caldera Latorre.

De no ser así, el alcalde José Guerrero Venegas arriesga hasta 60 días de prisión.

Proyecto

El proyecto habitacional contempló la construcción de 65 viviendas en la localidad de Sierra Gorda, con una inversión de 83.027 UF. El 26 de enero del 2015, la obra fue adjudicada a la empresa "José Castro González".

No obstante, nunca logró terminar la obra, ya que el 15 de junio de 2016 con un 87,3% de avance, la Municipalidad de Sierra Gorda unilateralmente terminó anticipadamente con el contrato de construcción.

El alcalde de la localidad, José Guerrero argumentó que dentro de las causas que motivaron el cese del contrato, estuvo el convenio que hizo la municipalidad con el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) durante 2012, en que se establecieron ciertas obligaciones y responsabilidades en relación a la obra, dentro de las que se encontraba la facultad de poner término al contrato.

Por ésta razón, fue "el Serviu quien solicitó a la entidad (la municipalidad) poner término anticipado al contrato de construcción por incumplimientos asociados al desarrollo y/o ejecución de la obra. Por tanto, y en razón de dar estricto cumplimiento al convenio existente, esta entidad procedió administrativamente a poner término a dicho contrato", justificó el actual edil.

Además, agregó que "como lo he indicado en reiteradas oportunidades, este municipio no descansará y ejercerá en contra del organismo responsable (Serviu) todas las acciones legales que la ley contemple y nos ampare".

Denuncia

Pablo Toloza, abogado de la demandante, explicó que el municipio causó un perjuicio a la empresa, debido a que no respetó plazos acordados.

Por ejemplo, si bien se entregó el terreno donde se iba a construir el conjunto habitacional en el plazo acordado, éste no contaba con la aprobación de los proyectos de alcantarillado, agua potable y de electrificación, necesarios para dar inicio a la obra.

Es por ello, que "el Tercer Juzgado Civil condenó a la Municipalidad a pagar la indemnización a la constructora, por daño emergente y lucro cesante, equivalente a un total 344.630.163 pesos, sin contar los intereses", mencionó Pablo Toloza. Esta suma debe ser pagada antes del 12 de marzo.

Corte suprema

El municipio informó a este medio que realizará el pago de acuerdo a lo que se ha indicado en la sentencia, dentro del plazo acordado. No obstante, presentó un recurso de casación en el fondo en la Corte Suprema.

La acción no fue respaldada por los concejales de Sierra Gorda, quienes "no entregaron mayores argumentos para su rechazo o pronunciamiento", mencionó el alcalde José Guerrero.

Eso sí, el edil manifestó que no necesita de la aprobación del concejo para pagar el monto estipulado en la demanda.

El municipio espera que la sentencia del Tercer Juzgado Civil sea revertida en la Corte Suprema, para así poder recuperar los recursos.

"Aún existen posibilidades concretas de revertir la situación ante el máximo tribunal de nuestro país", indicó el alcalde José Guerrero.

Pablo, Toloza,, abogado, demandante."

"Los concejales le han negado los fondos, creo que aquí también hay un problema político, quieren que se lo lleven preso (al alcalde)".

José, Guerrero,, alcalde, Sierra Gorda"

"Este municipio no descansará y ejercerá en contra del organismo responsable, todas las acciones legales que la ley contemple y nos ampare"."