La próxima semana, el Gobierno presentará el proyecto de ley de control preventivo de identidad, según lo confirmó el Presidente Sebastián Piñera en su cuenta de Twitter. La iniciativa busca, entre otros propósitos, ampliar a mayores de 14 años la aplicación de la medida.

El Mandatario recalcó que "la primera preocupación de los chilenos es la delincuencia y narcotráfico", y que "la primera prioridad" del Gobierno es combatir ambos problemas.

El jefe de Estado planteó que la ley permitirá a Carabineros "hacer controles con más facilidad, incluyendo inspección de vestimentas, mochilas y accesorios cuando corresponda, para prevenir y evitar con mayor eficacia los delitos".

"Se extiende este control a jóvenes mayores de 14 años, porque entre el 20% y el 30% de los delitos violentos (robos con violencia, portonazos, emboscadas, etcétera) los cometen jóvenes. Por supuesto, tomaremos las debidas y necesarias precauciones para evitar abusos y discriminaciones", complementó Piñera.

"De los más de 4,4 millones de controles de identidad efectuados, en 1,7 millones había antecedentes policiales, lo que refleja un buen uso de este instrumento", añadió.

El ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, recordó que hay legislación y convenciones internacionales que regulan el tema de la infancia, "por lo que será necesario cuidar que no se pase por encima de esa legislación, partiendo de la base de que ella tiene como objeto que los menores fundamentalmente caminen hacia la rehabilitación y no hacia la prisión o hacia la condena".

No están los votos

Ignacio Walker, exsenador de la Democracia Cristiana, dijo en tanto a Cooperativa que cabe preguntarse cuál es la razón del Gobierno para "ahora introducir este proyecto".

"Revisé las 150 propuestas de la comisión de seguridad que conformó el Gobierno y ni una sola sugiere siquiera la posibilidad del control preventivo a menores de 18 años y mayores de 14. ¿Para qué sirve entonces? (...) Es una medida efectista, improvisada, populista, sabiendo que no están los votos en el Parlamento".

Un grupo de gendarmes se encadenó a las puertas del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), aludiendo a una "criminalización" de su trabajo por parte de la institución. Además, exigieron una reunión con la directora del INDH, Consuelo Contreras.

Patricio Baquedano, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, manifestó: "Nos sentimos con las manos atadas y acá estamos protestando los 20 mil gendarmes (...) No queremos más agresión a los funcionarios de Gendarmería de Chile. Llamamos al Instituto de Derechos Humanos, déjennos trabajar por favor. Tenemos que hacer allanamientos, incautar elementos prohibidos como estoques, lanzas de hasta dos metros y evitar muertes al interior de la población penal".

"No es posible que en estas riñas mueran 45 internos por año, pero eso tenemos que evitarlo haciendo nuestro trabajo profesional y tranquilamente, no estresados, pues el INDH lo que hace es inclinarse para el lado de la delincuencia, no para el lado de los gendarmes"

El INDH reconoció que la crisis carcelaria no es responsabilidad de Gendarmería, pero rechazó defensas corporativas de los gendarmes.

"Este tipo de actos lo encontramos lamentable y por cierto no van a atemorizar a los funcionarios y funcionarias del Instituto de Derechos Humanos, pero también decimos con fuerza que si hay actos de tortura no nos quedaremos de brazos cruzados y ante eso no caben defensas corporativas, sino que lo que cabe es la investigación y la resolución por parte de los tribunales de justicia", aseveró Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica del INDH.