Pueblos atacameños piden detener tramitación de proyectos en el salar
MEDIO AMBIENTE. Acusan notable disminución de acuíferos y fauna, producto de la explotación minera.
El presidente del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), Sergio Cubillos, pidió detener la tramitación ambiental de los proyectos mineros en el Salar de Atacama y sus sectores aledaños.
El representante de las comunidades indígenas aseguró que la situación de los acuíferos no resiste nuevas explotaciones y que la medida debe prolongarse hasta conocer los resultados de los estudios encargados por la Seremi de Medio Ambiente.
Según Cubillos, "está comprobado que hay un desbalance hídrico en el Salar de Atacama, se está extrayendo cinco veces más de lo que ingresa y eso está provocando un daño considerable en toda la cuenca. No es algo que se nos ocurra a nosotros, lo establece un informe de la Dirección General de Aguas", dijo.
De acuerdo a sus palabras, este daño se está haciendo notar hace años sobre todo en la fauna típica de la zona.
"Lamentablemente, el Estado sigue tomando decisiones entre cuatro paredes -como sucedió con el acuerdo entre Corfo y SQM-, sin considerar la información que hay disponible".
Y advirtió que no hay un estudio "serio" y completo que dé cuenta del real estado del Salar.
"Mientras no tengamos esa información no se pueden seguir dando permisos y los proyectos que están hoy en tramitación ambiental deberían detenerse hasta tener un panorama completo para saber si el salar aguanta esta sobreexplotación", advirtió.
Operaciones
Además de los aumentos de producción asociados a los contratos de Corfo con Albemarle y SQM, en la zona del salar hay otras empresas como Wealth Minerals que estudian la posibilidad de extraer litio desde sus salmueras, esta última con un proyecto por US$500 millones.
Adicionalmente, empresas como Minera Escondida y Zaldívar ingresaron durante 2018 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) proyectos para extender las operaciones de extracción de agua desde los pozos de Monturaqui y Negrillar, respectivamente, ubicados al sureste del Salar de Atacama.
Respecto de ambas iniciativas, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) decidió a fines de 2018 suspender por 30 días su tramitación a la espera de conseguir mayores antecedentes respecto del estado general del salar. Esa suspensión fue prorrogada a comienzos de febrero por otros 45 días.
El escenario para ambos proyectos se ve complejo. Por esa razón ambas compañías están en conversaciones para buscar una solución conjunta aprovechando la cercanía de sus operaciones.
Así lo reconoció esta semana a Pulso el vicepresidente corporativo de Administración y Finanzas de Antofagasta Minerals, Alfredo Atucha.
"Estamos preocupados y trabajando en eso en conjunto con BHP. Creo que vamos a llegar a una buena solución, es un abanico de opciones y la decisión tiene que ser win-win (…). Llevamos unos tres o cuatro meses en negociaciones y estamos llegando al final de eso. Tengo la ilusión de que vamos a llegar a un buen acuerdo", señaló el ejecutivo.
Estudio
Para conocer el real estado del salar y los acuíferos de la zona alta, la Seremi de Medio Ambiente está impulsando un proyecto denominado "Transferencia de capacidades para protección de humedales alto andinos de la región de Antofagasta", el cual postulará a financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) por $3.500 millones por cinco años.
Según explicó el seremi de Medio Ambiente, Rafael Castro, la iniciativa considera la instalación y puesta en marcha de observatorios para el monitoreo continuo que serán instalados en humedales localizados en las ADI Alto el Loa y Atacama La Grande, así como la implementación de un programa de monitoreo participativo en conjunto con las comunidades indígenas, implementando así un modelo participativo de gestión del territorio.
Asimismo, desarrollará acciones para disminuir la sobreexplotación de los humedales, contribuyendo al desarrollo de un turismo sustentable en el territorio.
"Realizaremos ciclos de capacitación a operadores turísticos de la zona y se incrementará el nivel de protección de los humedales, mediante la instalación de infraestructura y el desarrollo de productos como guías para la evaluación de impacto ambiental en humedales altoandinos", explicó Castro.
No obstante, el inicio de su ejecución está prevista recién para el próximo año.