"Se repite una y otra vez los titulares, que la universidad no ha colaborado… Todo eso es completamente falso".
Ignacio Sánchez, rector de la PUC — Por caso Frei Montalva
"En el futuro la pregunta no será qué ingreso tiene, sino cuánto (CO2) emite por habitante".
Ricardo Lagos
ExPresidente
Chile se ubica en el quinto lugar de los países latinoamericanos más propensos a los ciberdelitos, según un informe dado a conocer hace unos días por la empresa de seguridad Symantec.
Desde hace tiempo existe preocupación por las falencias en la seguridad de los datos bancarios y comerciales. Se recordará que a fines de mayo del año pasado, el Banco de Chile sufrió el ataque de un virus informático perpetrado desde Europa o desde Asia, que finalmente tuvo como objetivo el robo de un monto cercano a 10 millones de dólares desde sus arcas. En la oportunidad, las autoridades de gobierno plantearon que se debían adoptar medidas adicionales a las vigentes para que no sólo haya un ambiente más seguro, sino que además los usuarios reciban el mensaje de que la banca está preocupada del tema y de la seguridad en las operaciones.
Es cierto que los expertos han indicado que ha habido un significativo aumento de este tipo de ataques no sólo en Chile, sino que a nivel mundial, provocados por bandas organizadas, con conocimientos cada vez más sofisticados sobre vulnerabilidades, lo que obliga a tener una actitud proactiva y continua en cuanto a la protección de datos para mitigar los riesgos.
La edición número 24 del informe, con datos de 2018, analiza la situación de 157 países y detalla los principales hallazgos alrededor de las amenazas globales, tendencias y motivaciones de los ciber delincuentes. Si bien el informe arrojó que Chile ocupa el quinto lugar regional, la misma posición de 2017, su porcentaje global de detección de amenazas se elevó en 2018. El ataque más recurrente en Chile fue el ransomware, una técnica utilizada por los hackers para bloquear dispositivos y exigir un rescate a cambio de recuperar el acceso.
El asunto es crítico y muy delicado, por eso distintos estamentos gubernamentales y privados han manifestado su inquietud y acciones concretas para evitar actos delictivos respecto de los cuales las personas comunes y corrientes poco pueden hacer.
Este asunto es enorme y exige tomar una serie de resguardos que hasta ahora parecen insuficientes.
Sin duda, el problema de la seguridad pública es una de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía en Chile. En base a eso, el Presidente Sebastián Piñera ha señalado que una de las prioridades de su mandato será mejorar la seguridad e inició su segundo año de gobierno, anunciando una batería de iniciativas destinadas a enfrentar este problema que afecta a la ciudadanía. En ese sentido, el anuncio del Proyecto +R, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, reforzará directamente esta línea de acción.
La sigla +R hace referencia a dos conceptos fundamentales que quieren ser los sellos de esta nueva política pública: mayor reinserción, mayor seguridad.
Sin embargo, el Estado por sí solo no puede llevar cabo esta compleja tarea de reinsertar a las personas privadas de libertad, razón por la cual el gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha decidido formar esta gran alianza público-privada por la reinserción, donde la empresa privada compromete cupos laborales e instala unidades productivas en las cárceles; los organismos públicos fortalecen sus programas dirigidos a la población privada de libertad; y la sociedad civil aporta su experiencia como ejecutores de los procesos de capacitación, inserción y seguimiento laboral.
El modelo de trabajo del Programa +R involucra cuatro etapas: Preparación del interno o interna para el trabajo, Capacitación en oficio y competencias transversales, Colocación laboral y Acompañamiento sociolaboral a cargo de una dupla psico-social, siendo la primera vez que un programa del Estado une estos cuatro componentes e incorpora el acompañamiento profesional con el fin de insertar a una persona en la sociedad.
Además, indicar que el Proyecto +R reúne de manera permanente a una mesa de trabajo a nivel central y a nivel regional, que está compuesta por la sociedad civil, la empresa privada y los servicios públicos, y que es liderada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en su rol de coordinador de la ejecución del Programa.
En nuestra Región de Antofagasta y como lo ha mandatado nuestro intendente Marco Antonio Díaz, ya estamos avanzado en este ámbito y a principios de este año, implementamos una Mesa Regional compuesta por distintos actores intervinientes en el proceso de Reinserción Social de las personas privadas de libertad, concretando nuestro compromiso para trabajar junto a Gendarmería de Chile y a las distintas instituciones públicas y privadas que son vitales para que la reinserción sí sea posible.
Juan Enrique Jara
Seremi de Justicia y Derechos Humanos
En Petrogrado se registró una violenta reacción de las masas contra el comunismo. Cientos de pobladores recorren las calles gritando "Abajo los bolcheviques" y "Abajo el despotismo" y levantan barricadas en distintos puntos de la ciudad.
Fueron atacados por grupos provistos de ametralladoras.
A un pronunciado centralismo administrativo y a la falta de agua y energía eléctrica, atribuyó el ingeniero Jorge Vidal el aparente estancamiento de la industria en Antofagasta y declaró que si no hay una solución para estos asuntos habrá serios problemas para materializar las iniciativas presupuestadas para la zona.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, y líderes sindicales y sociales afines comenzaron una huelga de hambre para forzar al Congreso a que apruebe una ley electoral necesaria para convocar los comicios generales. Simultáneamente, los diputados del oficialista MAS amenazaron con renunciar en bloque.