El próximo martes 15 de octubre, a las 15 horas, la Comisión de Libertad Condicional de Antofagasta realizará la segunda sesión del año, en la que revisará 167 solicitudes presentadas por los internos de los distintos centros penitenciarios de la región.

La mayoría de las postulaciones corresponden a los centros de la ciudad de Antofagasta, con 99 casos; mientras que en Calama se registran 35 postulaciones, en Tocopilla 19 y 10 en la comuna de Taltal.

En la sesión, el presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, ministro Dinko Franulic Cetinic, más los jueces integrantes de la comisión, analizarán cada solicitud y, en base al informe elaborado por Gendarmería, determinarán si se les otorga el derecho a cumplir el resto de su condena en libertad condicional.

El Decreto Ley N° 321 y su reglamento establece como requisitos para conceder la libertad condicional y completar la pena en el medio libre, que los postulantes deben haber cumplido la mitad de la condena y dos tercios en el caso de condenas por delitos graves y presentar una conducta intachable en el establecimiento penal.

"Lo que dijimos en la comisión es lo que conocemos de manera oficial: no sabemos si habrá algún término de contrato anticipado, esa documentación nosotros no la tenemos".

La afirmación corresponde al contralor general Jorge Bermúdez y la realizó ayer, durante su presentación en la comisión de la Cámara de Diputados que investiga el funcionamiento del basural La Chimba y, eventuales irregularidades en el relleno sanitario Chaqueta Blanca.

Bermúdez expuso ante los parlamentarios y el público que llegó hasta el tercer piso de la Biblioteca Regional. José Miguel Castro, presidente de la comisión, explicó que solicitaron la presencia del contralor general, ya que La Chimba es el basural más grande del país y su funcionamiento representa un grave problema para la población.

Bermúdez resumió las investigaciones que Contraloría ha ejecutado en el proyecto Chaqueta Blanca. Una de las dudas que quedó en la última sesión de la comisión de la Cámara, es que el municipio reveló que el contrato con la empresa Santa Marta, a cargo de las obras, está vencido, y que elevaría una consulta al órgano fiscalizador para que determine los pasos a seguir.

Al ser consultado, el contralor general manifestó que "lo que dijimos en la comisión es lo que conocemos de manera oficial: no sabemos si habrá algún término de contrato anticipado, esa documentación nosotros no la tenemos".

Y agregó que realizaron una fiscalización a la obra de Chaqueta Blanca, encontrando más de 25 incumplimientos importantes del contrato, "algunas de ellas están superadas, pero lo que vemos acá es que la labor de supervisión de ese contrato estaba ausente en una obra tan importante para la ciudad".

Bermúdez también opinó sobre el modelo de concesión con el que se desarrolló este proyecto. "La pregunta que uno tiene que hacerse, no como contralor sino como ciudadano, es que la municipalidad compró el terreno, contrató y pagó $3 mil millones por diseño y construcción, y además entregó una concesión por 20 años en la que pagará $8.600 por tonelada. En un concesión lo que ocurre normalmente es que hay un riesgo compartido, el riesgo de diseño y construcción es del concesionario y en la explotación se paga la inversión inicial, entonces llama la atención la configuración del contrato", cuestionó el contralor.

En su exposición Bermúdez reiteró que la iniciativa tuvo debilidades de control interno. "El municipio no planificó ni realizó en los últimos tres años, revisiones o auditorías a los procesos de ejecución de obras".

Incluso, recordó que los trabajos comenzaron formalmente el 9 de agosto de 2016 con el acta de entrega de terreno, "sin embargo, en los hechos se habían iniciado hace 102 días, sin contar con la aprobación del diseño definitivo".

La comisión volverá a sesionar esta mañana en la Biblioteca Regional y expondrán autoridades y vecinos.