Lo ocurrido en los días recientes se ha transformado en una coyuntura de enorme trascendencia, sin precedentes desde la vuelta a la democracia, que seguramente generará importantes transformaciones sociales y políticas en el país. Un primer objetivo del movimiento social ha sido en parte alcanzado, y que se ha traducido en los anuncios realizados por el Presidente Sebastián Piñera en días previos. Un segundo objetivo aún pendiente, pero de más largo aliento, tiene que ver con la definición de las reformas institucionales destinadas a desmontar desigualdades y privilegios estructurales.

En este primer tiempo, las movilizaciones ciudadanas cambiaron la agenda del país para el próximo periodo.

El segundo tiempo, estará compuesto de importantes desafíos, como por ejemplo determinar si los anuncios realizados serán suficientes o insuficientes para la población movilizada; definir los cambios institucionales que se requieren para responder a las demandas de corrección de un modelo, que acumuló enormes brechas de desigualdad en la sociedad chilena.

También, es insoslayable que una erupción ciudadana de esta magnitud requerirá definir en el próximo tiempo inmediato, una carta de navegación ampliamente participativa, que permita la construcción de consensos amplios entre los ciudadanos movilizados con los canales institucionales del gobierno y del parlamento.

Junto con lo señalado, el peso de esta realidad inédita cambia sustantivamente el plan de navegación gubernamental, define tareas que eran inesperadas para el ejecutivo y la coalición de apoyo.

La enorme fuerza de los hechos, trasladan una parte no menor de las prioridades originales a un lugar secundario, frente al desafío inmediato de materializar las demandas políticas y sociales de la población. Lo que viene, será determinar las capacidades y las habilidades del gobierno para impulsar una agenda de transformaciones que no eran parte de su programa. Aunque ésta es una realidad inédita para una democracia como la chilena, no lo es en otras realidades. Recordemos que, en Francia, el año 1986, el presidente Francois Mitterrand debió alterar su plan de gobierno cuando fue electo como primer ministro Jacques Chirac.

Finalmente, debiera cerrarse una etapa de movilizaciones sociales de una envergadura no vistas desde la recuperación democrática, que instaló una nueva agenda de demandas acumuladas. Ya se hizo la desmilitarización y comenzó la lenta normalización de la sociedad chilena.

Esto debe dar curso al dialogo, la participación y los consensos democráticos entre la ciudadanía y las instituciones representativas.

Nunca antes, el país había sido testigo de manifestaciones ciudadanas tan masivas a lo largo de todo su territorio.

Nunca antes, los motivos de la crisis, como las pensiones, salud, educación, abusos, tarifas y otras, habían concitado un apoyo tan transversal como el que se aprecia en la actualidad.

Nunca antes, la inmensa mayoría ciudadana que participaba en marchas pacíficas y alegres, las habían visto distorsionadas e infiltradas por minorías de activistas, anarquistas y delincuentes, que causaron injustificables desmanes, vandalismo, saqueos e incendios como los acaecidos en estos últimos días.

Nunca antes las máximas autoridades políticas del país habían hecho mea culpa públicas y pedido perdón por sus errores y por no haber escuchado y sintonizado con las justas demandas de la gente.

Nunca antes se había instalado en sectores empresariales y más acomodados, la disposición de reducir sus privilegios y meterse las manos al bolsillo, en favor de los más vulnerables.

Nunca antes una mayoría ciudadana, tuvo tan claro que para sortear el complejo momento social que se enfrenta, se requiere necesariamente alcanzar un acuerdo político de amplio espectro, que sea capaz de consensuar un pacto social con objetivos claros, medibles y focalizados, destinados a definir una carta de navegación responsable, que comprometa transitar por un camino direccionado para construir un país más justo y solidario.

Nunca antes se habían acumulado tantas carencias sociales. A pesar de grandes avances logrados en estos últimos treinta años, como la drástica disminución de la pobreza y el sistema AUGE, se habían venido acumulando temas tan sensibles como las pensiones, el sueldo mínimo, la salud, el costo de medicamentos, la educación, la colusión y el deterioro de la clase política, entre otros temas.

Nunca antes nuestra clase política, se había enfrentado a una oportunidad mejor, para demostrar que lo que está en juego es la estabilidad institucional y este desafío implica olvidarse de los intereses personales y posiciones corporativas en pos del bien mayor inmediato, que es restablecer el orden público y el funcionamiento normal del país.

Nunca antes la ciudadanía debería tener más conciencia, que cualquier medida que se adopte, tendiente a avanzar hacia un estado que garantice un nivel adecuado de satisfacción a lo que la población aspira, podrá tener una solución inmediata y algunas ni siquiera se conseguirán a mediano plazo, dado los ingentes recursos que requieren los profundos cambios estructurales involucrados. Cualquier discurso o promesa de solución en el corto plazo, será simple cosmética, parafernalia, demagogia pura.

Nunca antes y ojalá nunca más.

¿Qué está fallando, en definitiva? Es lo que debiéramos preguntarnos. Es cierto, el malestar es real, tenía síntomas conocidos por todos, la desconfianza, menor crecimiento económico, alza en el costo de la vida, fin de los "mega relatos", el individualismo. ¿Pero es solo eso?

Es indudable que el capitalismo produce contradicciones, en las personas, sus anhelos y deseos, con resultantes poco estudiados en los centros de estudio y debatidos en la sociedad.

La promesa de desarrollo individual descansó casi exclusivamente en el mercado, lo que tuvo evidentemente éxito en los sectores más pudientes y también para los sectores medios que certeramente reclaman una mejor gestión del Estado, que es quien impone las reglas en las cuales se mueve lo que llamamos sociedad.

En esos términos, es congruente y necesario fijar nuevas condiciones para devolver la paz social, que es sobre la cual funcionan y se construyen las instituciones.

Una conversación realizada con una veintena de líderes antofagastinos en ámbitos del aparato público, la empresa, el deporte, JJ.VV., gremios, entre otros dio luces de aquello y reafirmó la convicción de que el país requiere hacer ajustes.

La profundidad de la transformación es lo que estará en discusión.

El malestar es profundo, se encarna en los conceptos de dignidad y abuso, es decir, la población percibe que el sistema funciona, genera riqueza, pero el cómo se reparte es el problema. Esa es la labor del Estado y es lo que estamos observando en el mundo, en especial en los países europeos, pero también en las medidas adoptadas por EE.UU. y por la potencia de mañana: China. Un Estado que controla mucho mejor el desarrollo de los privados, que son el motor de la economía, pero que requieren de revisiones puntuales, porque no es más o menos generosidad, sino la construcción de un país que sea más equitativo y evite nuevas crisis.

Esto es tarea del ejercicio político.

Pero debemos repetir que cualquier cambio pasa por ver los contextos, lo que ocurre en el mundo. No observar eso es torpe y un error.

Este tipo de fenómenos serán cada vez más recurrentes, lo que exigirá flexibilidad, fortaleza emocional y capacidad de anticiparnos.