Daniel Contreras Palma

Finalmente el gobierno se comprometió con la idea de elaborar una nueva de carta fundamental, una de las principales demandas que surgió tras el estallido social del pasado 18 de octubre.

Según anunció el nuevo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, esto se haría a través de un Congreso Constituyente, descartando así la idea de una Asamblea Constituyente.

Este nuevo concepto propuesto por el gobierno para elaborar una nueva carta magna -el que en opinión de expertos jurídicamente no está definido- abrió una serie de incógnitas respecto del proceso y al organismo que propuso el Ejecutivo.

En esa línea, el abogado constitucionalista y académico de la Universidad de Chile, Enrique Navarro, entrega algunas luces sobre este proceso.

¿Qué es un Congreso Constituyente y cómo se configura?

-Este es un tema que aún hay que precisar. El Congreso Constituyente supone, en principio, un congreso elegido para redactar el texto constitucional. Ahora, este puede ser el actual congreso o uno que se elija especialmente. Una tercera opción es que se elija en las elecciones de 2021. Esto debería precisarse en la reforma constitucional que se haga.

¿Cuáles son las principales diferencias entre un Congreso Constituyente y una Asamblea Constituyente?

-La Asamblea Constituyente supone crear un órgano especial para redactar la Constitución. En cambio, lo que propone el gobierno es que el propio congreso nacional, que además legisla, redacte el texto constitucional. Probablemente esto va a significar que las comisiones de constitución, tanto de la Cámara de Diputados como el Senado, se aboquen especialmente a una comisión conjunta, como se ha hecho en otros países para comenzar a redactar un texto.

¿Cuál es la representatividad de un Congreso Constituyente y qué grado de participación tiene la ciudadanía en este proceso?

-La representatividad del congreso debería estar dada, primero, por las circunstancias que hoy día el sistema electoral no es binominal, sino que es proporcional. Por tanto, ya sea el actual o el futuro congreso que se elija va a estar suficientemente representado por el sistema electoral. Lo que creo que sí que hay que analizar es el tema del sufragio, que todavía es voluntario. Lo ideal es que sea un sufragio obligatorio para darle una mayor legitimidad.

En el caso de la participación ciudadana, ésta usualmente queda plasmada en las circunstancias de que son citadas y escuchadas las distintas organizaciones durante la tramitación, y eso debiera traducirse en audiencias públicas, que incluso recogieran lo que se ha plasmado en estas reuniones que se han hecho en las comunas a través de los cabildos u otros mecanismos.

Descrédito

¿Están las condiciones para que el actual Congreso lleve adelante este proceso, teniendo en cuenta el alto descrédito de la clase política?

-Evidentemente hay un cuestionamiento a la actual clase política. Eso se puede resolver eligiendo antes un nuevo congreso el próximo año o esperando a las elecciones parlamentarias del 2021.

Yo creo que este proceso tiene que hacerse con tiempo y reflexión, porque no es aconsejable, en mi opinión, legislar en este momento en circunstancias de movilidad social. En ese sentido, lo que debiera hacerse en esta primera etapa es escuchar a través de mecanismos participativos lo que los ciudadanos desean esté incluido en el texto.

Además del Congreso Constituyente y la Asamblea Constituyente, ¿qué otras alternativas se puede implementar para elaborar una nueva Constitución?

-Efectivamente hay otro mecanismo, por ejemplo, la Constitución de 1883 y la de 1925 fueron redactadas por una comisión de siete miembros, en el caso de la primera; mientras que la otra tuvo mucho más representantes.

Hay que reconocer que en la experiencia chilena el asunto es bien inédito porque todas las constituciones han surgido normalmente a consecuencia de crisis e incluso enfrentamiento civil.

"Yo creo que este proceso tiene que hacerse con tiempo y reflexión (...) no es aconsejable legislar en una crisis social".

Enrique Navarro,, abogado y académico, en Derecho Constitucional

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