Redacción
El Ministerio del Interior estimó en 123 los ataques a infraestructura de distinto tipo registrados en la Región de Antofagasta desde el inicio de las movilizaciones.
El catastro, al que tuvo acceso este Diario, considera información entre el 19 de octubre y el 29 de noviembre, y distingue entre atentados incendiarios, saqueos, daños y otros.
En el caso local se detalla que en el periodo hubo 35 centros o locales comerciales afectados; 9 edificios públicos y 6 entidades financieras.
También se registraron acciones contra 35 espacios públicos, 1 establecimiento educacional y 1 servicentro.
Por otra parte, el catrastro de Interior consigna 20 supermercados y 16 cuarteles policiales atacados en el periodo (detalles en la tabla).
Estos dos últimos indicadores asoman como relevantes, pues en ellos la región aparece como una de las tres más afectadas del país, detrás de la Metropolitana y Valparaíso.
A nivel nacional, el informe del Ministerio del Interior habla de 2.358 incidentes, el 40% de ellos saqueos.
Seremi
El seremi de Gobierno, Francisco Salazar, reconoció que la región ha sido una de las más complicadas del país en materia de orden público, pese a los esfuerzos de Carabineros.
Salazar destacó, sin embargo, que en las últimas jornadas, los hechos graves se han reducido, en buena medida por la acción de los propios manifestantes, quienes "han comenzado a sacar a los más violentos para hacer sentir sus legítimas demandas".
Respecto a las capacidades de la fuerza policial transcurridas seis semanas de movilizaciones, explicó que éstas se han reforzado "desde lo material", no así en lo relativo al recurso humano, pero aquello "tampoco está descartado".
Detenidos
El Ministerio Público también entregó detalles de su actividad en el primer mes de movilizaciones sociales.
De acuerdo a esta información, entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, 1.620 personas fueron llevadas a audiencia de control de detención en la región, lo que representa un alza de 17% respecto de 2018.
En cuanto a las formalizaciones (comunicación de una investigación formal por parte de la fiscalía a un detenido), se informó que fueron 848, con un aumento 93% en comparación al año pasado.
El Ministerio Público advierte que el informe considera todos los casos ingresados en el periodo, sin aplicar ningún tipo de filtro, es decir, no se trata de hechos asociados necesariamente a la contingencia que vive el país.
Sin embargo, el reporte entrega datos que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, los tipos de delitos por los cuales han sido controladas las personas. Ahí se detalla que el más frecuente entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre fue el robo en lugar no habitado (alza de 183%), que es justamente el que se aplica a la figura del saqueo. Le siguen las lesiones menos graves, amenazas simples contra personas y propiedades, desórdenes públicos, hurto simple y receptación.
Hay que consignar que el año pasado los delitos más frecuentes eran, en orden decreciente, el hurto simple, lesiones menos graves, amenazas simples contra personas y propiedades, hurto falta, lesiones les y receptación.
Fiscal
El fiscal regional, Alberto Ayala, dijo que aunque la cifra no está depurada, claramente tiene relación con la situación actual, al menos en algunos delitos, entre ellos, el robo en lugar no habitado, el cual asoció con los saqueos que ha sufrido el comercio. "No se entiende un ingreso mayor por este concepto que no sea producto de estos desmanes", apuntó el abogado.
Esto, porque como la figura penal del saqueo no existe, lo que se aplica es el tipo penal más próximo, que en este caso es el robo en lugar no habitado; y lo mismo ocurre con la receptación, que se aplica a las personas que son sorprendidas portando especies robadas, pero que no se les puede imputar el acto de la sustracción.
En este sentido, Ayala dijo ser partidario de discutir nuevas figuras penales para sancionar delitos de sustracción cometidos en este contexto, de manera que las penas sean más altas, pero sin llegar a la escala que propone la Ley de Seguridad Interior del Estado, que es hoy el único cuerpo penal que permitiría agravarlas.
