El Tribunal Constitucional rechazó, por unanimidad, los dos recursos que solicitaban el retiro de los ahorros previsionales administrados por las AFP, entre ellos el caso de la profesora antofagastina María Ojeda.

El asunto fue zanjado de manera unánime al exponerse que la función central de la propiedad de los fondos es para las pensiones y no para otros fines, como lo estimaban los demandantes que recurrieron a las cortes de Apelaciones de Antofagasta y Punta Arenas, las que intermediaron consultas al TC.

El asunto había traído una enorme discusión, mucho más en el contexto político actual, por lo que había una expectativa respecto a lo que se resolviera y en qué términos.

Pero no hay sorpresa, toda vez que la Justicia -incluyendo a este alto Tribunal- solo ejecutan interpretando la ley y en este ámbito, el marco es claro: los fondos son administrados por las AFP, de propiedad del ahorrante, pero evidentemente están construidos con un fin específico: construir la pensión para la vejez.

Esto no es una cuenta de ahorro que el usuario pueda disponer ante una emergencia, o para cumplir sus deseos contingentes. Porque debe decirse que si así fuera, es decir, si cada ahorrante decidiera disponer libremente de sus fondos, las posibilidades de malgastar los recursos serían altísimas.

Y aquello es -cómo no- una decisión política, una de las tantas arquitecturas que modelan la sociedad. No se trata de la "verdad", se trata, en este caso y en cualquier otro ordenado por la ley, de lo que se estima que es mejor para el bien común.

En esa perspectiva, es obvio de que existe un problema con las bajas pensiones, materia que debiera ser abordada a la brevedad por el gobierno y las fuerzas políticas, a fin de mejorar el rendimiento del sistema que puede mejorar mucho más.

Pero el asunto debe verse con realidad: el eslogan de "No más AFP" no sirve para solucionar un problema que tiene mucha más profundidad. Se trata de una discusión política, con impacto desde y en lo económico, pero político. Y, como tal, no pueden soslayarse ni sus efectos ni motivaciones.

El pasado domingo muchos antofagastinos nos reunimos a la salida de la Basílica Corazón de María para expresarnos por el fin de la violencia, que pareciera que últimamente se ensaña con Antofagasta. Fue un acto espontáneo y emocionante, de personas de todas las edades haciendo un llamado desesperado al término de la delincuencia que arrasa sin discernimiento contra material médico, monumentos, pymes o instituciones de todo tipo.

Revisando las redes sociales, los comentarios y respuestas oscilan desde animar a los chilenos a salir a defender la paz coreando "No a la Violencia" y a la justificación de dicha agresividad citando diversos argumentos muy ajenos a las marchas pacíficas.

Pareciera que desde cualquier punto de vista hoy por hoy la violencia tiene mayor fuerza y la paz va perdiendo la carrera, porque los grupos violentos se reúnen en torno a un sólo líder; la rabia, la rabia nada edificante, con nula capacidad de construcción, entregados a una dinámica de odio que no es capaz de separar lo que todos queremos de lo que quieren unos pocos.

Hemos aprobado a toda máquina leyes de mejora para la vida de los ciudadanos, así como una batería de proyectos de seguridad ciudadana. Cierto es que todas las leyes son perfeccionables y la agenda social es una prioridad que debe mantenerse viva y dinámica hasta alcanzar niveles de vida de calidad para las personas en materia de salud, educación y pensiones, lo entendemos. He visto cómo se ha extremado la capacidad de entregar recursos a las demandas sociales incluso dejando de lado otros temas, sin embargo, con recursos finitos no se puede llegar a la entendible expectativa de querer mejorarlo todo.

Como parlamentario puedo decir que esto es sólo un comienzo, pero también es claro que sin el apoyo de la comunidad y férreas leyes anti-delincuencia no habrá un Chile mejor, y mucho menos con este nivel de atropellos a los ciudadanos. Todos los esfuerzos se desvanecen cuando "el que pega más fuerte gana". Cualquier país cuya violencia constituya su forma de vivir, retrocede.

Emplazo a los parlamentarios a no temerle a las críticas de grupos minoritarios y a votar en favor de lo que la mayoría de los chilenos quiere; a votar por proyectos que buscan conseguir la paz social, pero también a no generar voladores de luces con expectativas imposibles de cumplir, por ejemplo, un sueldo mínimo de $500.000; iniciativa difícilmente alcanzable a base de la realidad de Pymes o muchas empresas especialmente después del estallido social.

Generar un ambiente de que "todo es poco" y la rabia que se alimenta es un camino que frena el crecimiento. Escuchemos a los ciudadanos, los antofagastinos demandan soluciones en vivienda y en contaminación. Por eso salen a pedir paz, para tener una vida mejor, no una vida con violencia; espero de corazón que un nuevo movimiento se esté gestando en las entrañas de nuestras regiones, y comencemos a salir en defensa de la tan necesaria paz.

Cuando hace algunos años (2012) fue aprobado en nuestro país el voto voluntario con inscripción automática en el padrón para los mayores de 18 años, reinó un gran optimismo en los sectores políticos respecto a la posibilidad de respetar la autonomía en las decisiones individuales y el desafío para los actores políticos de movilizar votantes y encarnar propuestas programáticas atractivas. Lo cierto es que poco de eso se logró: en los últimos años, hemos evidenciado muy poca participación ciudadana en elecciones populares, lo que sin duda es preocupante, motivándose diversas reflexiones sobre la conveniencia de restituir el voto obligatorio e incluso, permitir que el derecho a sufragio sea ejercido a partir de los 16 o 14 años.

En las últimas décadas hemos exaltado los derechos de los ciudadanos, pero atemoriza discutir sobre deberes mínimos que debemos cumplir. Si en verdad aspiramos a concretar cambios estructurales, manifestar aprobación o rechazo al trabajo de las autoridades políticas, debemos ejercer nuestro derecho a voto en forma sistemática, transformándose en una conducta mínima esperable que complemente las legítimas manifestaciones de nuestros compatriotas en las calles. Es por ello que urge discutir respecto a este punto y aportar mayor solidez a los resultados de votaciones populares. Como dicen los ciudadanos en la calle: "no vale la pena reclamar tanto por lo que vive el país si en verdad no fuiste a votar".

No es casual que según datos de la Encuesta Auditoría a la Democracia 2016 del PNUD, la segunda razón con mayor cantidad de menciones (20%) que refieren los chilenos para explicar su no concurrencia a votar es porque "le dio lata, estaba enfermo, perdió el carnet, estaba lejos del lugar de votación o no sabía dónde votar".

Sería muy importante generar un debate respecto a esta temática, con la finalidad que las votaciones populares adquieran una sólida legitimidad y entendiendo que nos deparan procesos eleccionarios claves, que definirán el futuro de nuestro país por las próximas décadas. Sin duda que esto implica revisar eventuales deficiencias en el sistema electoral antiguo y facilitar que se exprese la diversidad de opiniones en los comicios que se efectúen a futuro, incluyendo a aquellas personas que por diferentes motivos no concurren a votar.

Un ejemplo concreto de crisis social atribuido a la escasa participación del padrón en una decisión relevante, lo constituye el "Brexit" en Reino Unido, referéndum al que concurrió sólo un 37% de los electores habilitados para votar. Los problemas quedan a la vista: una inestabilidad política en Gran Bretaña que condujo a negociaciones frustradas entre el Gobierno y la Unión Europea para una salida poco accidentada de la agrupación y la caída de la primera ministra, Theresa May. El debate es necesario y útil, especialmente en tiempos de cambio social, para salvaguardar la expresión de voluntades mayoritarias y una conducta mínima de responsabilidad democrática.