Nuevas jornadas de disturbios siguen elevando la cuenta que todos los antofagastinos deberemos pagar para recuperar equipamiento crítico, no sólo para el funcionamiento de la ciudad, sino también para la seguridad de las personas. Sólo el viernes pasado siete semáforos fueron derribados en el centro, Av. Argentina y el Parque Brasil, los que se agregan a los seis atacados el lunes 23 y a los casi cien que han sufrido la acción vandálica desde el inicio de las movilizaciones, hace casi 80 días.

Y respecto de esto, podríamos decir que la situación es tan delicada como incomprensible.

Incomprensible porque cuesta entender la inspiración o el objetivo de quienes aprovechan las movilizaciones sociales para destrozar o inutilizar bienes que sirven a todos, como si aquello en algo contribuyera a las demandas que está planteando buena parte de la sociedad, las que por cierto van por un carril completamente distinto.

Y además de incomprensibles, son delicadas, toda vez que la ausencia de este equipamiento genera condiciones de peligro que pueden tener serias consecuencias para todos.

No debemos perder de vista que el 15 de diciembre un conductor perdió la vida en una colisión registrada en la intersección de Uribe con Linares, y el viernes pasado una anciana falleció tras ser atropella por un taxibús en Bonilla con Puerto Natales. En ambos casos, el accidente se produjo en esquinas cuyas señalizaciones viales habían sido destruidas en el contexto de las protestas.

Podríamos decir que en los últimos 70 días el país ha visto las dos caras de una moneda demasiado desigual. Por un lado, una mayoría planteando sentidas demandas sociales que por décadas fueron acumulándose; y por otro una minoría obsesionada con vandalizar y destruir, inconsciente de las consecuencias que sus actos tienen.

Porque hay que consignar que toda acción acarrea consecuencias. Pueden ser inmediatas, o tardías, pero las consecuencias existen, y no sólo para quienes las ejecutan, también para terceros y para el colectivo. La cuestión a estas alturas es simple, el vandalismo tiene un costo más allá de lo económico, la evidencia así lo está demostrando.

Acabamos de finalizar un 2019 convulsionado, marcado en su último trimestre por un estallido social que quedará en la historia de nuestro país. La sociedad chilena en su conjunto se expresó solicitando una mayor justicia social, movimiento que lamentablemente se ha visto acompañado de desórdenes, destrozos y violencia de personas que no quieren el bien común. Chile cambió ese 18 de octubre y nos obliga a reenfocar esfuerzos en una agenda más social pero sin olvidar que tuvimos 9 meses de avances con proyectos para mejorar la salud, educación, calidad de vida, conectividad y reducir el desempleo, algo que notamos fuertemente en nuestra región.

Una de las mayores lecciones que debemos aprender del 2019, es que había una desconexión entre el Estado y la ciudadanía, lentitud en los procesos y escucharnos más. Por eso este año que recién comienza es clave para recuperar confianzas y avanzar como un solo país, como una sola región, con un mismo objetivo, tal como lo hemos hecho en los innumerables desastres naturales que hemos superado.

Debemos avanzar en un Chile mejor pero de forma responsable, sin hipotecar el futuro de nuestros hijos y conscientes que la posición privilegiada de nuestro país se debe a la institucionalidad existente y por supuesto a las tremendas riquezas que poseemos sobre todo en nuestro norte y que debemos aprovechar de forma sustentable.

Seguiremos avanzando, es así como a las reformas ya presentadas por el presidente Piñera, se sumarán pronto reformas profundas a las AFP, sistema de salud, pensiones, entre otras. De esta manera iremos en conjunto solucionando los mayores problemas de nuestra sociedad. Será un año exigente en el cual debemos avanzar en la agenda social porque es la herramienta que viene a entregar justicia a nuestro país, el desarrollo debe transformarse en equidad para todos aquellos chilenos que con esfuerzo se dedican a hacer el bien para sus familias. Pero para que avancemos en esta labor es indispensable contar con paz, sólo así los ciudadanos podremos poner todos nuestros esfuerzos en educar, trabajar, reconstruir y volver a hacer crecer nuestra región.

El 2020 será un año de expresar nuestra opinión en las urnas, en abril tendremos una tremenda elección como país. Vamos a decidir si modificar o no nuestra constitución, la carta de navegación de nuestra nación. Debemos garantizar como gobierno el buen desarrollo de este proceso ya que mas allá de si existen cambios o no, lo que nos importa es que el resultado sea representativo y permita el correcto desarrollo de nuestro país y de todos nuestros compatriotas.

Para nuestra región también es un año clave, debemos concretar proyectos históricos y necesarios, como lo hicimos con el cierre del Vertedero La Chimba en diciembre. Pero no nos quedamos con eso, ahora trabajaremos en recuperar este sector para la ciudad. Así como también es momento de destrabar y entregar obras claves para la calidad de vida como los centros deportivos de la ciudad.

Son varios los desafíos que debemos enfrentar con urgencia, y para hacerlo es necesario que todos trabajemos en conjunto por una mejor región, esa es mi invitación. Tenemos una gran oportunidad por delante y es nuestro desafío y obligación materializarla en beneficios concretos.

Un complejo 2020

El 2020 se proyecta como un año muy complejo en la dinámica social y en todo lo relacionado con la política nacional. Lo anterior, en virtud que el objetivo macro de la clase política, y con independencia a todos los demás objetivos existentes, debe ser generar un vínculo con la ciudadanía que permita recuperar los niveles de confianza que merecidamente han perdido en los últimos años.

Desgraciadamente, y a partir de lo que ha sido el actuar de la clase política, y muy especialmente en lo que refiere a los últimos meses del 2019, resulta iluso proyectar confianza en lo que es la consecución de este objetivo. Esto es así, ya que hoy se evidencia que el Gobierno, el Congreso y la mayoría de los Partidos Políticos siguen cuidando sus intereses, evidenciando una sordera instrumental a la hora de escuchar las demandas y las reivindicaciones ciudadanas.

En ese contexto, la clase política sigue desprestigiándose al defender la calidad de una serie de acciones y medidas que en ningún caso responden a la corrección material de las demandas ciudadanas. Es por ello, y de cara a modificar la conducta que han tenido, es que se hace necesario que quienes integran la clase política -y de forma transversal- enmienden el rumbo y empiecen a postergar sus ya tradicionales ambiciones de mantener el poder, especialmente en un momento social altamente inestable y con varios procesos electorales a la vista. Ante esto, es fundamental que la clase política empiece a generar las condiciones para ofrecer legitimidad al potencial proceso constituyente.

En ese escenario, y más allá de los resultados que arrojó la Consulta ciudadana organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades -la que estuvo plagada de vicios metodológicos-, la presunción del triunfo de la opción de "una nueva Constitución" resulta del todo lógica, por lo que considero que no sólo es un error estratégico, sino también la demostración de un egoísmo absurdo, que la clase política siga insistiendo en mantener una posición de privilegio en el proceso que determinará si habrá o no una nueva Constitución, y muy especialmente, en todo lo relacionado a la forma en la que la Constitución se materializará.

De este modo, se hace muy necesario que la clase política no sólo llegue a acuerdos en los escaños reservados para los pueblos originarios y en lo que refiere a la paridad de género a la hora de concretar la Convención Constituyente, sino también resuelva la forma en la que garantizará que los independientes participen en igualdad de condiciones respecto a cualquier candidato patrocinado por un Partido Político.

Si esto no se concreta, la situación política y social del país -y que actualmente ya es compleja- se agudizará, perjudicando no sólo la participación ciudadana en las elecciones de alcaldes y gobernadores regionales, sino que condicionando la legitimidad del proceso constituyente.

Edgar Blanco Rand

Intendente Región de Antofagasta

Pedro Díaz Polanco

Director de la Escuela de Administración Pública Uach