Es indudable que la Constitución, en el número 13 de su artículo 19, asegura a todas las personas el derecho a reunirse de manera pacífica y sin armas, así como también consagra otros derechos como el de libre circulación y desplazamiento.

Recientemente, el intendente Edgar Blanco anunció que, para la realización de concentraciones o marchas, se exigirá contar con permiso previo de la autoridad regional y con un protocolo de seguridad que dé cuenta de la coordinación y de la adopción de medidas necesarias para resguardar el orden público, la integridad de las personas y los otros derechos que también se encuentran garantizados.

Gran parte de las legítimas demandas que la ciudadanía ha manifestado desde octubre pasado dice relación con ver desde otro prisma la forma en que nos relacionamos, dejando atrás el individualismo muchas veces imperante y dando espacio a un nuevo trato, más justo, equitativo y tolerante. Así, el correcto ejercicio del derecho a reunión es también expresión de esto último: puede ser ejercido, pero no desde una óptica absolutamente individualista.

Quienes sostienen lo contrario, se colocan en el supuesto de que toda persona puede hacer uso del espacio público cuando lo desee, de la manera en que estime conveniente y sin avisar, ni coordinar sus acciones con nadie, negando además lo que a estas alturas nadie podría ocultar, que muchas veces las marchas y concentraciones pacíficas terminan en violencia, desmanes y destrucción por parte de aquellos que no tienen respeto por nada.

Si partimos de la base de que los bienes comunes y los espacios de la región pertenecen a los cientos de miles de antofagastinos y antofagastinas que convivimos en ella día a día, este último enfoque no puede ser aceptado.

Por eso, mientras la Constitución nos asegura el derecho a reunirnos de manera pacífica, a renglón seguido nos indica que, en la vía pública, esta facultad se deberá ejercer acatando "las disposiciones generales de policía". Allí, la legislación vigente (el Decreto Supremo 1086) nos exige avisar y coordinar previamente con la autoridad nuestras acciones, tal como lo ha planteado el Intendente, no para que este último decida de manera casi tiránica y arbitraria si nos concede o no nos concede el permiso -lo que sí sería reprochable- sino que para, entre todos, proteger el orden público y el correcto uso de nuestro espacios: ¿No es aquello lo mismo que haríamos en nuestros hogares?

Es decir, no es que exista un derecho a reunión per se, autónomo de la forma en que se ejerza. La manifestación y protesta están acogidas en la Constitución sólo cumplen con las características de ser pacíficas y sin armas y el fundamente de ello es la protección de dos bienes jurídicos; los derechos de terceros y el orden público.

A todo esto, en enero del año 2007 la presidenta Bachelet ingresó al Congreso un proyecto para hacer responsables a quienes solicitan autorización para las marchas presumiendo que lo son aquellos que convocan a ellas.

Lo que ha informado el Intendente está en perfecta sintonía con la ley y se enmarca en sus facultades como autoridad regional. Al parecer lo que algunos buscan es la ingobernabilidad total, impidiéndole a nuestras autoridades ejercer sus facultades.

A la vez, da cuenta del nuevo prisma que debe imperar en nuestra sociedad, en la que podemos legítimamente y de manera plena ejercer nuestros derechos, pero respetando siempre a los demás.

Paulina Núñez

Diputada de la República

Una de las imágenes más elocuentes del despertar de la conciencia humana la entrega Vicente Huidobro en su poema Adán: "Y Adán como quien despierta de un gran sueño atónito miraba el universo", escribe en uno de sus versos.

Estudiantes secundarios conscientes de la crisis social por la que atraviesa el país, anunciaron su rechazo a rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU), dado que según ellos no están en condiciones emocionales y afectivas para rendirla por la cantidad de compañeros heridos durante las protestas, además de ser una prueba selectiva, discriminadora y provoca un fuerte estrés.

Pero el argumento, entendible por cierto, puede ser utilizado por quienes, lisa y llanamente no quieran ser evaluados, ni poner un poco de esfuerzo en el estudio para ingresar a la universidad. Similar argumento utiliza el adicto, que brega por la legalización de la droga con el disfraz de medicamento para todos los males, incluido el mal de ojo.

Pero no son nuevas las críticas a la PSU, aunque también se cuestionan las tareas para la casa, porque se busca que el niño y el joven sea feliz, que nada le preocupe o fatigue, con asistir a clases y decir presente, más que suficiente.

Nada de exámenes estandarizados, nada de Simce, menos la PSU, porque esta última como agente estresor esta comprobado que es de lo peor. Lo ideal es que el joven transite por la vida relajado, que su mayor inquietud sea jugar play, después de todo Chile es la Copia Feliz del Edén.

Pero ocurre que la sicología enseña que un nivel de estrés es productivo, tranquilo nervioso es un tanto apropiado. De lo contrario que lo diga Adán, que como vivía en el paraíso sosegado, se relajó tanto, que nada lo inquietaba, no estuvo alerta y no le importó comer la fruta del árbol prohibido, por lo cual fue expulsado del paraíso.

Y ocurrió que el relajo de Adán fue paradójico, porque obligó a sus descendientes a vivir estresados, escapar de las fieras para salvar el pellejo, a ser creativos para sobrevivir en la tierra, que el ser humano evolucione, surgieran las civilizaciones y que hoy en Chile los chicos y chicas deban estresarse con la temida prueba .

Pensar que con un poquito de estrés en Adán, el primer hombre hubiese estado atento y hasta rendir la PSU se hubiera evitado.

Héctor Martínez

Periodista

Los problemas registrados el lunes y ayer con la prueba PSU son un escándalo completo. Nunca había ocurrido algo así, pero es claro que la capacidad de sorpresa es hoy bastante más elástica.

¿Por qué se ataca la prueba? Los críticos sostienen que no evalúa correctamente y que en la práctica consolida las brechas existentes, articula y valida la desigualdad existente, entre quienes pasaron por instituciones públicas o privadas.

El año pasado, por ejemplo, los estudiantes de liceos dependientes de la Cmds estudiaron, en promedio, cuatro meses menos que los que fueron a colegios de pago. La razón: los paros, a los que deben sumarse los ocurridos en los años anteriores. A esto sumamos el capital cultural con el que cuentan las familias, todo lo cual tiene consecuencias en los resultados.

La crítica de ciertos sectores estudiantiles es, entonces, profundamente política y coherente con las demandas amplificadas desde el 18 de octubre. Si eso fuera correcto tendería a confirmar que la discusión del país seguirá centrada en las diferencias socioeconómicas que tensionan a la sociedad.

A propósito de lo anterior, uno de los estudios más relevantes lo hizo Seth Zimmerman, economista y profesor de la Escuela de Negocios de Yale. Este reveló que la probabilidad de llegar a la cima empresarial en Chile e ingresar al grupo del 0,1% más rico del país, depende en gran medida de asistir a una universidad de élite y aún más el haber ido a uno de los ocho colegios privados top, todos ubicados en Santiago.

Así, titularse de Derecho, Ingeniería Comercial o Ingeniería Civil de las universidades de Chile o PUC, aumenta en 50% el número de esos alumnos de terminar en un alto cargo ejecutivo o en el directorio y en 45% el de pertenecer al 0,1% de más ingresos.

El problema es real, pero nada justifica la violencia. Debe entenderse que los cambios que espera la sociedad exigen algo más de calma y análisis y no puro voluntarismo o imposición de ideas por la fuerza.

A modo de ejemplo, el país no tiene ninguna universidad entre las mejores 100 del planeta (ranking de consultora QS) y apenas dos entre las mejores 200. El desafío no es, entonces, solo corregir oportunidades… también mejorar en calidad y aquello solo será posible con la decisión concreta de aportar fuertemente en el rubro, con ayuda, por cierto, del Estado, pero también de los privados.