Descamps, manager de Georges Carpentier, campeón europeo, decide aceptar la oferta de 400 mil dólares para un combate entre su pupilo y Jack Dempsey, por la corona mundial. Sin embargo declara que la idea de pactar el combate a 45 rounds le parece una estupidez. Son varias las bregas con ese alcance.

Niños en huelga de

hambre por alimentación

A los gritos de "queremos pan", los 77 niños que conforman las colonias escolares de Antofagasta en Calama iniciaron ayer una huelga de hambre en protesta por la pésima alimentación que reciben de la Junta de Auxilio escolar y Becas. Los niños dicen que fueron mal recibidos y que tienen problemas de abrigo.

Google en guerra con

el gobierno chino

Primero decidió pagar el precio que le pedía el Gobierno chino, y aceptó autocensurar sus resultados. Pero con cuatro años, Google ha tenido suficiente. La empresa sufrió un ataque contra sus servidores en un intento de entrar en las cuentas de correo de disidentes chinos y amenazó con retirarse definitivamente de China.

La posibilidad de aumentar las pensiones de vejez e invalidez pertenecientes al Pilar Solidario ha estado presente en la agenda social nacional. Luego del debate en el Congreso, se materializó en una ley corta que señala que las personas mayores de 80 años verán un aumento del 50% en la pensión básica solidaria (PBS) y en la pensión máxima con aporte solidario, mientras que el resto de los grupos de edad tendrán este incremento de manera gradual en los próximos años.

En la práctica, esto se traduce en que los beneficiarios de esta pensión, muchos de ellos entre 18 y 66 años que presentan una discapacidad que les impide trabajar total o parcialmente, contarán con este reajuste recién en 2022.

Estimamos necesario reconsiderar la gradualidad del aumento para este sector de la población, ya que este colectivo, al igual que las personas mayores, enfrenta una serie de barreras que se traducen en una mayor vulnerabilidad socioeconómica.

Según los resultados de la encuesta Casen del 2017, las personas con discapacidad se encuentran sobrerrepresentadas en los quintiles de menores ingresos. El porcentaje de personas con discapacidad en el primer quintil dobla al último (10,7% versus 5,0%).

Asimismo, en los hogares con presencia de personas con discapacidad el ingreso autónomo es un 26,5% menos que en el resto.

Además, este colectivo presenta mayores índices de pobreza multidimensional: posee 3,3 años menos de educación que el resto de la población y sólo un 30,3% realiza alguna actividad remunerada versus un 60,3% de las personas sin discapacidad.

Estas cifras visibilizan el conjunto de vulnerabilidades que tienen las personas con discapacidad en nuestro país, estrechamente vinculadas con la producción y reproducción de las barreras que limitan su participación en la vida social. La eliminación de la gradualidad en la entrega del aumento para la pensión básica solidaria de invalidez, total o parcial constituiría una medida que mejoraría la calidad de vida de este sector.

De esta manera, se avanzaría hacia una sociedad más inclusiva, donde las personas con discapacidad puedan tener las mismas oportunidades que el resto de la población.

Carola Rubia

Directora ejecutiva Fundación Descúbreme

Para que no queden dudas, debe decirse, enfáticamente, que el desarrollo conseguido por distintas industrias en el país se debe, sin duda, a las ventajas naturales que existen a lo largo del territorio, como la minería, la industria del salmón, del vino o la forestal. Sin embargo, ninguna de aquellas características resultaba relevante si Chile no hubiese contado con reglas claras para la inversión, certeza jurídica y sobre todo paz social.

Hay otros países que tienen enormes capacidades para hacer minería, pero no han podido desarrollarlas debido a la emergencia de conflictos sociales de todo tipo. Si Chile hizo la diferencia es porque logró ser un destino atractivo para los inversionistas.

Por eso es tan grave lo que ocurre en La Araucanía, donde distintos ataques a la fuerza pública y privados, han dañado enormemente la convivencia al punto de que esa zona del país es la que registra la más baja inversión nacional y extranjera (salvo la pública) y consecuencialmente padece los peores indicadores de ingreso y pobreza, entre otros.

Antofagasta está en el otro extremo, por los enormes desarrollos en minería y energía, aspectos que deben cuidarse. Perder la imagen que tenemos no es tan difícil si seguimos tolerando la violencia en las calles. Los recientes ataques al Fcab son simbólicos en tal sentido, tal como lo fueron y son aquellos centrados en las AFP, farmacias, bancos y otras instancias privadas.

El daño a la reputación es enorme, pues no se trata de saqueos, como ocurre con supermercados y tiendas, donde parece actuar el lumpen; en estos casos, las acciones tienen un significado político, pues no hay "retribución" de por medio, sino lisa y llanamente destrucción que tiene repercusiones en los negocios.

Antofagasta ha sufrido acciones de destrucción desde el 19 de octubre y no han parado. La falta de resguardo policial se ha hecho evidente y está instalada la percepción de un descontrol causado por una minoría que -no nos engañemos- no busca ningún diálogo y no es representante de la mayoría nacional, salvo de ellos mismos.

Antofagasta no es cualquier región, es una de las caras más visibles del país en el extranjero por el nivel de las compañías aquí instaladas. El Estado central debiera tener esto muy claro y de esa forma reforzar la seguridad que se ha visto tan deteriorada desde mucho antes del inicio del estallido social.