El consorcio empresarial Quiñenco, parte del grupo Luksic, admitió haber hecho el contacto entre la empresa Alto Data Analytics, apuntada como autora del informe Big Data que llegó al Gobierno, con "autoridades del Estado para su propia consideración y evaluación", pero descartó mayor participación.

En una declaración, Quiñenco justificó su actuación en el contexto de crisis social y dada la alta capacidad de análisis que les demostró la firma española tras contratar sus servicios, después de que un artefacto explosivo fue dirigido a la oficina del exministro Rodrigo Hinzpeter -gerente legal de la compañía- en dependencias del grupo en Las Condes. El consorcio puntualizó que contrató los servicios, así como los de otros proveedores europeos y norteamericanos, para el monitoreo de información pública "a fin de velar por la protección de todos nuestros trabajadores".

La empresa ligada a Andrónico Luksic aclaró que "ignoramos si el Estado contrató los servicios y tampoco conocemos el informe que el Gobierno le habría entregado al Ministerio Público".

"Cuando creamos que podemos contribuir al bien de Chile, no dejaremos de hacerlo", concluyó Quiñenco.

Una querella en contra de quienes resulten responsables por el delito de estafa, presentó Codelco. Hecho asociado a supuestos sobreprecios en los seguros de vida de los trabajadores de Chuquicamata y Radomiro Tomic, lo que habría significado un perjuicio por US$20 millones en un período comprendido entre 2007 y 2018.

Por ello, según la querella a la que tuvo acceso El Mercurio de Santiago, la estatal pidió citar a declarar a dirigentes de los sindicatos 1,2 y 3 de dichas divisiones de la cuprífera y a ejecutivos de las firmas Gestión y Servicios (GyS) y Chilena Consolidada, quienes habrían estado involucrados en el caso.

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, dijo al respecto que "esto es un hecho no solo desde el punto de vista de los montos -estamos hablando de US$20 millones-, sino que además es un hecho grave porque aquí hay recursos que pertenecen a todos los chilenos de una empresa del Estado y además recursos de los propios trabajadores".

"Es un hecho que viene ocurriendo hace mucho tiempo y que se fue consolidando como un uso en donde se transferían recursos a ciertos dirigentes sindicales que contrataron estos seguros que eran financiados con recursos de Codelco y también de los trabajadores", agregó el secretario de Estado.

Sindicatos

Por su parte, a través de un comunicado -firmado por los sindicatos 2, 3, el Minero, los dirigentes Freddy Paniagua y Alberto Muñoz del sindicato 1 y Patricio Trillo del 5- manifestaron "saludar la decisión de Codelco de cautelar los dineros de todos los chilenos".

Ante ello, solicitaron que "similar procedimiento se realice respecto de todas las licitaciones de contratos, adjudicaciones directas, abastecimiento, contratos con terceros, proyectos estructurales y de desarrollo etc. Es algo por lo que venimos clamando desde hace muchos años".

Alejandro Ahumada R.

Al igual que más de 4 mil estudiantes de la comuna, Ignacio, exalumno del Colegio Netland, solo pudo rendir el examen de Lenguaje. Los disturbios generados en el Liceo Mario Bahamonde le impidieron seguir contestando unos exámenes que había preparado durante todo el año.

"Es bien decepcionante prepararse tanto tiempo para la prueba y no poder rendirla. Fueron hartos meses estudiando. Yo apoyo las movilizaciones, pero no creo que esas manifestaciones ayuden al movimiento social", apunta.

Y es que más de 7.500 alumnos de la región (la mayoría de Antofagasta) tendrán que rendir alguna de las tres pruebas de selección universitaria que quedaron pendientes tras la suspensión del proceso decretada por el Consejo de Rectores (Cruch), el pasado martes 7 de enero.

La filtración de una de las formas de la prueba específica de Historia, las violentas manifestaciones de algunos estudiantes y los destrozos en algunos establecimientos, determinaron la drástica medida del Cruch, la que afectó a más del 70% de los 9.990 postulantes de la región que esperaban rendir el examen este año.

En términos porcentuales en el panorama regional las comunas más afectadas fueron Calama con el 100% (2.665 estudiantes), Tocopilla 100% (426) y Antofagasta con 70% (4.500) de alumnos que deberán rendir al menos una de las 3 pruebas pendientes.

Nuevas sedes

De acuerdo a lo dispuesto por el Demre, el criterio definido para el nuevo proceso organizará la toma de las nuevas pruebas según el día y test involucrado.

Así, por ejemplo, si los establecimientos sufrieron manifestaciones antes de la primera prueba (como el caso de los colegios de Tocopilla y Calama), los alumnos deberán rendir las tres pruebas correspondientes, es decir, Lenguaje, Ciencias y Matemáticas.

Si la afectación a las sedes ocurrió durante la tarde del lunes 6 de enero, los alumnos deberán rendir solo dos pruebas restantes (Ciencias y Matemáticas). Por último, aquellos estudiantes que no pudieron rendir la prueba el martes 7 de enero, deberán rendir solo el examen de Matemáticas.

Afectados

Para el alcalde de Tocopilla, Luis Moyano, la prioridad es no repetir los disturbios que impidieron que 456 estudiantes de la comuna rindieran la PSU el primer día.

La dificultad, sin embargo, es que el Liceo Domingo Latrille es el único que, según el alcalde Moyano, reúne las condiciones para rendir el examen.

"Mi preocupación es que el proceso se realice sin violencia, ni dentro, ni fuera del recinto. No queremos que hagan daño a una escuela que es patrimonio de la ciudad. Queremos que aquellos que quieran dar la prueba puedan ingresar, y los que no quieren darla, respetuosamente, no ingresen. Si no están las condiciones de seguridad no vamos a autorizar el uso de una escuela para tomar el examen", precisó Moyano.

El presidente de la coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados del Norte (Copanor), Jorge Lawrence, comparte las preocupaciones entorno a la seguridad pública, por cuanto tres colegios asociados fueron vandalizados durante el proceso.

"Nos preocupa que en este segundo intento se vayan a cometer otra vez (actos violentos). Ojalá que los que están a cargo hagan el trabajo que tienen que hacer, que haya un perímetro de seguridad para evitar que los recintos sufran durante la aplicación".

Desde la gobernación declinaron referirse al tema por cuanto están a la espera de la información que proporcionará el Demre el viernes.