Antofagasta es una de las regiones con menor presencia de tercera edad entre las regiones del país, algo que podría explicarse por la característica de trabajo que tiene el territorio y por el éxodo de quienes dejan la zona, una vez que jubilan, en razón de los altos costos económicos que tiene vivir aquí. Pero muchos de los representantes de este segmento -en el Norte Grande y el país- enfrentan enormes complicaciones en su cotidianidad.

La situación de la tercera edad es compleja, y, en algunos casos, dramática, ante la carencia de recursos mínimos para subsistir. El tema ha sido puesto sobre la mesa en reiteradas ocasiones en el último tiempo y la preocupación se ha extendido a todos los niveles. Lo positivo es que han ido apareciendo algunas soluciones que permiten abrigar esperanzas.

Es obvio que la raíz del fenómeno son las bajas pensiones, un asunto explicado por las precariedades del mundo del trabajo, es decir, los bajos salarios, lagunas previsionales y monto de cotización, entre otros.

Pero el problema existe y soluciones mágicas no hay, porque el Estado no está en condiciones de desviar recursos infinitos para mejorar en forma sustantiva las jubilaciones u otros subsidios específicos.

En este marco nacieron las farmacias municipales, las que con debilidades y fortalezas entregan medicamentos a valores accesibles que ayudan, especialmente, a los segmentos mencionados. A lo anterior se suman ahora ayudas importantes -las ópticas municipales- con rebajas de hasta un 70%, permitiendo que pacientes de muy escasos recursos los adquieran, incluyendo a niños.

Otro ejemplo, puesto en marcha en Santiago, es la rebaja en los boletos del sistema de la locomoción pública. Son tres ejemplos de cómo la institucionalidad pública o privada puede asistir a este segmento, y así pueden agregarse otros más.

Es obvio que el país debe hacer un esfuerzo por cuidar más a esta población, que merece una vida plena y digna después de décadas de sacrificios; eso nos revela como sociedad, la clase de humanos que somos. Se trata de un desafío a resolver y a tomar muy en serio en los próximos años.

La elaboración -o no- de una nueva Constitución es y será un tema obligado en los próximos meses. Ello, pues las esperanzas y anhelos de muchos sectores descansan en la dictación de una nueva Carta Fundamental. De ahí que sea más necesario que nunca exponer qué es, cuáles son los contenidos, características y límites de un documento semejante.

Una Constitución es la norma jurídica más alta de un país, razón por la cual, todas las demás "leyes" deben amoldarse a ella, esto es, no pueden contradecirla. Ello, entre otras, por dos razones: primero, porque si lo hicieran, de poco valdría tener una Constitución; segundo, porque se produciría un desorden y contradicción notables entre unas leyes y otras.

Por tanto, la primera función de una Constitución es establecer el marco jurídico fundamental para el funcionamiento de un país, a fin de que las leyes que surjan a su sombra la desarrollen de manera armónica y se logre una coherencia mínima al interior de un ordenamiento jurídico.

Por lo mismo, la manera en que una Constitución regula las materias que le competen es sumamente general, estableciendo sólo los aspectos más importantes de las mismas, o si se prefiere, sus grandes principios.

Esta regulación más en detalle de las materias que la Constitución deja enunciadas y establecidas en sus aspectos más básicos, le corresponde a la ley -la llamada "ley en sentido estricto"-, esto es, a las normas jurídicas que emanan del Poder Legislativo (en nuestro caso, ambas cámaras y el Presidente de la República, actuando en su rol de co-legislador). Las leyes vienen a ser así, como ramificaciones de la propia Constitución, mandadas por ella, que vienen a "rellenar" los espacios que deja, a fin de normar aspectos que la última no puede abordar. Evidentemente la labor de "relleno" no acaba aquí, y les corresponde a otras normas más específicas -"leyes en sentido amplio"-, la tarea de completar lo que aún falta: la llamada "Potestad Reglamentaria", esto es, normas jurídicas que emanan de varios órganos del Poder Ejecutivo (decretos, reglamentos, ordenanzas, etc.). Mas todas estas normas o "leyes" deben estar sometidas y en armonía con la Constitución.

Por tanto, resulta imposible que, por la sola dictación de una Constitución, se solucionen los problemas que han sido el puntapié inicial de nuestra actual crisis. Pretender lo contrario es injusto, pues no es esta su función. Para ello se requieren leyes, decretos y reglamentos, que se encarguen, con su mirada mucho más específica, de intentar solucionar los problemas que regulan. De ahí que sea forzoso concluir que, para cambiar la regulación de estas materias, no resulte indispensable una nueva Carta Fundamental.

Max Silva Abbott

Doctor en Derecho y director de Derecho USS

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