Expertos que realizaron una pericia a un audio que se atribuye a Evo Morales, incluido como prueba por el Gobierno interino de Bolivia para denunciarlo por terrorismo, concluyeron que existe una "alta posibilidad" de que la voz corresponda al expresidente.

El director del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Bolivia, Andrés Flores, informó ayer que recibió los resultados de la pericia de la grabación enviada al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) del Ministerio Público de Colombia.

"De la pericia realizada en cumplimiento con todos los estándares y procedimientos internacionales legalmente previstos, se determina la alta probabilidad de identificación de la voz del señor Evo Morales, tal como se describe en el informe remitido por el CTI", indicó Flores, citado en un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Bolivia.

Se encontraba en méxico

Un video que incluye el audio muestra a un dirigente cocalero en Bolivia mientras supuestamente conversa por teléfono con Morales, quien entonces estaba asilado en México, en el que la voz que se le atribuye incita a que no ingresen alimentos a las ciudades para presionar al gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

Ese registro es parte de una denuncia que interpuso el Ejecutivo interino de Bolivia en contra de Morales, acusado de delitos como sedición y terrorismo justamente por los dichos en esa grabación.

La Fiscalía boliviana solicitó la cooperación del CTI colombiano para probar la veracidad de esa voz.

Toda la documentación llegó a través de la Cancillería de Bolivia y fue puesta en conocimiento de una comisión de fiscales, para que estos resultados se incorporen en la investigación, según el boletín.

Por este caso, el expresidente tiene una orden de aprehensión para que acuda a declarar.

"Se determina la alta probabilidad de identificación de la voz del señor Evo Morales, tal como se describe en el informe remitido por el Cuerpo Técnico de Investigación".

Andrés Flores, Director del Instituto de Investigaciones Forenses de Bolivia

El Gobierno griego ha retirado a buena parte de los agentes antidisturbios enviados a las islas del Egeo después de los violentos enfrentamientos con los isleños, que rechazan de pleno la construcción de nuevos centros cerrados para migrantes.

La tensión en las islas de Lesbos y Quíos alcanzó cotas de una violencia extraordinaria en las horas previas a esta decisión, con grupos de vecinos colándose en hoteles donde algunos policías estaban alojados, para atacarlos y sacarlos de allí a rastras.

Más tarde unos 2.000 vecinos de Lesbos, algunos armados con pistolas, forzaron la entrada a un cuartel militar, donde seis escuadrones de policía se habían resguardado tras los incidentes en los hoteles.

Bloqueo de carreteras

Más de medio centenar de personas han resultado heridas desde el comienzo de las protestas la madrugada del martes, a raíz de la llegada de maquinaría y operarios de construcción escoltados por unos doscientos agentes antidisturbios, camiones de policía y carros lanzagua.

Vecinos han bloqueado durante días las carreteras que dan acceso a los terrenos que el Gobierno ha requisado para construir los centros cerrados con los que quieren sustituir los actuales campos de refugiados de las islas del Egeo.

El enfado de los isleños es tal que el miércoles dos agentes recibieron disparos en las piernas. Por su parte, la policía respondió a las movilizaciones y cadenas humanas con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras de luz.

Reunión con alcaldes

A pesar de todo, el portavoz del Gobierno, Stelios Petsas, aseguró ayer, en una entrevista a la televisión privada Alpha TV, que la decisión de retirar a los agentes se debe al término de la primera fase de las labores preparatorias para la construcción de los centros cerrados.

Además, felicitó a las fuerzas policiales por llevar a cabo "una tarea difícil", mostrando "una moderación sin precedentes".

Aunque el Gobierno de la conservadora Nueva Democracia dio por concluidas las negociaciones con las autoridades locales, tras los incidentes el Primer Ministro, Kyriakos Mitsotakis, fijó una reunión con los alcaldes de las islas y el gobernador del Egeo del Norte, Kostas Muntsuris.

Sin embargo, la presencia de este último ha sido cancelada después de hacerse público un video en el que llama a la policía "fuerza de ocupación", critica a Mitsotakis y dice que le da igual si está enfadado mientras hace un gesto obsceno.

No cederá

Según medios locales, el Primer Ministro no cederá ante los alcaldes en la necesidad de construir centros cerrados, pero se comprometerá a dar una fecha para el cierre de los campos actuales, donde viven hacinadas más de 42.000 personas en centros diseñados para acoger a sólo 6.000.

Según el portavoz del Gobierno, en Grecia hay unos 93.000 solicitantes de asilo, entre ellos más de 30.000 afganos y 17.000 sirios.

"Comenzó como (un problema de) refugiados y se ha vuelto más migratorio", comentó, agregando que "las comunidades locales deben darse cuenta de que el plan del Gobierno les interesa porque mantener la situación actual no es viable".

Al grito de "autonomía para sacar la tiranía!", un centenar de universitarios tomaron ayer la principal autopista de la capital de Venezuela para protestar contra una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que impuso nuevas normas a las universidades para elegir a sus autoridades.

A pocas horas de que se venza el plazo que dio el máximo tribunal a la estatal Universidad Central de Venezuela (UCV) para elegir sus líderes bajo nuevas condiciones, ya que de lo contrario serían reemplazadas, varios cientos de universitarios y profesores se concentraron en una plaza del centro de estudios para manifestarse contra la sentencia.

La protesta luego se movilizó hacia la autopista Francisco Fajardo, donde un centenar de universitarios bloquearon por varios minutos todos los canales y se sentaron sobre el asfalto mientras levantaban sus brazos y gritaban consignas contra el Tribunal Supremo de Justicia, que es controlado por el gobierno.

Las universidades públicas son uno de los últimos reductos opositores contra el gobierno de Nicolás Maduro, quien ha sido señalado de recurrir a fuertes recortes presupuestarios para asfixiar y doblegar a los centros de estudio.

Pugna

La sentencia que emitió en agosto pasado el máximo tribunal estableció que en seis meses debían elegirse nuevas autoridades en la UCV con la participación de profesores, estudiantes, egresados, obreros y el personal administrativo. La situación desató una pugna entre las universidades y el gobierno, que fue acusado de utilizar a la Corte para violentar la autonomía universitaria e imponer nuevas normas de elecciones para lograr que el oficialismo tome el control de las casas de estudios superiores.

Las autoridades de la UCV descartaron que vayan a cumplir el mandato del Tribunal Supremo sobre las elecciones, que vencía ayer, a la medianoche, y solicitaron una aclaratoria de la sentencia que aún no sido respondida, indicó a The Associated Press el secretario general de la Universidad Central, Amalio Belmonte, quien agregó que espera que se revise la sentencia y se prorrogue el plazo para las elecciones.

"no le tenemos miedo"

"No le tenemos miedo a nadie, ni a la sentencia ni al Tribunal Supremo de Justicia", dijo durante la concentración la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, al advertir que no le importaba que esta noche sea destituida de su cargo. Indicó que no estaba en contra de las elecciones, pero planteó que los comicios debían ser "libres" y "plurales".

Por su parte, el ministro de Educación Universitaria, César Trómpiz, negó ayer que al vencer el plazo del Tribunal Supremo se vayan a imponer nuevas autoridades en la UCV y dijo a la cadena radial Unión Radio que se está a la espera de una nueva sentencia que "convoque las elecciones en tiempo que permita esa renovación necesaria".

6 En agosto de 2019, el máximo tribunal estableció que en seis meses debían elegirse nuevas autoridades en la UCV.