Redacción
Con prohibición de acercarse a la víctima y de salir del país quedó el cabo primero de Carabineros que fue formalizado por el delito de apremios ilegítimos, luego que un detenido lo denunciara por propinarle golpes de puño en el rostro y una patada en el cuerpo al interior de una comisaría.
El funcionario policial pasó ayer a control de detención en el Tribunal de Garantía, por el caso que será investigado durante los próximos 80 días por el Ministerio Público.
En el inicio de la audiencia, el defensor del carabinero, el abogado Ian Morales, solicitó al magistrado Hans Durán que desalojara la sala del tribunal de los medios de prensa que estaban presentes, o que en reemplazo, no permitiera fotografiar el rostro del imputado.
Esto, argumentando la presunción de inocencia y que los antecedentes preliminares no permiten atribuir una culpabilidad, junto a la naturaleza del cargo su defendido.
El juez rechazó la solicitud, pero instruyó que no se tomaran fotografías del rostro y que el imputado solo fuera identificado por sus iniciales.
Hechos
El fiscal Alberto Gallegos relató que según lo consignado en el parte policial, el miércoles cerca de las 12 horas, el cabo primero de la Segunda Comisaría de Carabineros, A.G.G.S., realizaba labores de control de orden público.
En la calle San Miguel, el funcionario fiscalizó a la víctima, identificada como O.M.A.D. y tras detenerla, cayó con ella al piso, "tomándolo del cuello y posteriormente esposándolo, para trasladar a la víctima a un vehículo policial que lo llevó a la Segunda Comisaría", detalló el fiscal.
Durante la formalización, el Ministerio Público manifestó que para bajar al denunciante del vehículo, el imputado además de insultarlo, lo tomó del cabello y el brazo, llevándolo hasta un pasillo de la Segunda Comisaría ubicada en avenida Rendic.
Ya en el cuartel policial, Gallegos detalló al tribunal que "aprovechándose de su cargo y que la víctima estaba privada de libertad, lo empuja y le propina golpes de puño en el rostro y con una patada, lo ingresó al calabozo".
Tras la detención, la jueza de turno del Tribunal de Garantía recibió un recurso de amparo. Al acudir al cuartel constató las lesiones y que éstas habrían sido provocadas por un uniformado.
Como consecuencia, el denunciante terminó con un hematoma en la región cigomática, escoriaciones y un trauma facial con hematoma periorbitario.
"A concepto del Ministerio Público, los hechos anteriormente descritos corresponden al delito correspondiente a los apremios ilegítimos, con el imputado en calidad de autor", dijo el fiscal.
La fiscalía solicitó como medida cautelar la prohibición de acercarse a la víctima y el arraigo nacional.
El defensor no manifestó oposición a las medidas cautelares requeridas por el persecutor.
Como la medida cautelar a discutir era de baja intensidad, Gallegos pidió al tribunal cien días para investigar el delito.
Sin embargo, esta petición fue objetada por la defensa, que argumentó que debido al cargo que ocupa su representado, el plazo concedido no supere los 30 o 45 días.
El magistrado determinó conceder las cautelares solicitadas por la fiscalía y además fijó en 80 días el periodo para la investigación.
Causas por violencia institucional
En el contexto de la contingencia social que comenzó en octubre del año pasado, el fiscal regional Alberto Ayala, ordenó que todas las causas de violencia institucional fueran investigadas por un solo persecutor. Se trata del fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, quien posee una amplia trayectoria en el Ministerio Público, desempeñándose como jefe regional de los fiscales en Antofagasta durante siete años.
