Esta semana trascendió que hay un acuerdo para congelar las tarifas de servicios sanitarios, logro realizado entre el gobierno regional y Aguas Antofagasta, la sanitaria a cargo de esta concesión. El convenio -que en principio regiría por cinco años- debe sortear algunos trámites administrativos y beneficiará a unos 177 mil clientes.

Estos se ubican en las comunas de Antofagasta, Calama, Mejillones, Taltal, Tocopilla y Sierra Gorda, territorios en los que opera la compañía.

El anuncio es indudablemente positivo y un buen ejemplo de las cosas que pueden conseguirse con diálogo y sin que signifiquen poner en riesgo la viabilidad económica de las compañías, es decir, es un acuerdo meditado y posible.

El caso es que perfectamente puede ser tomado como ejemplo para otras áreas que también podrían sumar desarrollos de este tipo. ¿Es posible congelar o reducir las tarifas eléctricas u otras como los intereses bancarios o los pagos de prestaciones en salud y tantos otros.

Es cierto que es la competencia y eficiencia es la que abre escenarios de este tipo. El cuestionado modelo es para beneficio del consumidor y no de los productores (por eso es abierto); sin embargo, hay áreas donde funciona una empresa, como monopolio regulado, o hay muy pocas compañías ofertantes.

Es entonces donde debe actuar el Estado, protegiendo a las personas, (que deben estar en el centro); teniendo marcos regulatorios claros, sancionando severamente las colusiones y otras prácticas delictuales, e incentivando la competencia.

Se trata, por cierto, de uno de los reclamos más sentidos por la ciudadanía que percibe cierta indefensión y abandono por parte de las autoridades y las empresas. Solo eso puede explicar el deterioro de la credibilidad y la menguada imagen de lo público y lo privado, considerando que no parece trabajarse por el bien común.

La decisión y el acuerdo de Aguas Antofagasta y el gobierno es una excelente medida y puede ser tomado como ejemplo de que sí hay otra forma de hacer las cosas.

Vivimos tiempos de enormes e importantes cambios sociales, económicos y políticos. Cada vez con más fuerza recibimos noticias, tanto locales como internacionales, que nos hablan de contextos altamente volátiles, los que de manera creciente van imponiendo nuevos desafíos a las empresas. En este contexto, los grandes proyectos de inversión deben dar respuesta no sólo a las enormes complejidades técnicas que impone el rubro, sino también a las legítimas preocupaciones ambientales y sociales vigentes que aseguren la sostenibilidad del negocio.

En la minería, que es y seguirá siendo el pilar de la economía regional y de Chile, habitualmente encontramos ejemplos de las mejores prácticas del concepto de valor compartido y de una mirada de sostenibilidad de largo plazo del negocio. El sector está avanzando a paso firme, por ejemplo, en el uso exclusivo o privilegiado de energías renovables y en la utilización de agua de mar en sus procesos.

Un caso singular y atractivo en cuanto a su concepción y diseño sin duda es el proyecto minero-portuario Dominga (hierro y subproducto cobre), desarrollado por la empresa Andes Iron, el cual lamentablemente no ha podido ponerse en marcha, más por aspectos político-judiciales que técnicos, pero que sin duda tiene todos los componentes de un proyecto moderno. No sólo ocupará ciento por ciento agua de mar en sus procesos, sino que cuenta con el respaldo de la comunidad, con la cual la compañía firmó un acuerdo marco de entendimiento por toda la vida del proyecto. Así se reflejó incluso en la consulta ciudadana realizada por la Asociación Chilena de Municipalidades a fines del año pasado, en la cual el 56% de los participantes, habitantes de la comuna de La Higuera, se manifestó a favor de este desarrollo.

Dominga es un proyecto que podría cambiar el rostro de la Región de Coquimbo, y respecto de la cual el ecosistema minero de nuestra región tiene mucho que aportar. Estamos hablando de capacidad técnica y humana en rubros como la construcción, equipamiento minero, servicios especializados y educación, entre otros, en los que la Región de Antofagasta ha desarrollado una experiencia única en Chile, y que es una oportunidad para empresas y trabajadores locales.

La no materialización de Dominga sería una alarmante señal para el futuro próximo, ya que no sólo sería un complejo golpe para la seguridad de las inversiones en el sector minero, sino que, paradojalmente, sería una bofetada para las comunidades, con las cuales la empresa ha construido un pacto de confianza y mutuo beneficio de largo plazo. Si no logramos viabilizar este tipo de iniciativas, sin duda estaremos rompiendo un círculo virtuoso clave: inversión, crecimiento, trabajo, desarrollo y familia. Un objetivo país clave debe ser seguir siendo un destino privilegiado para las inversiones mineras y apuntar al camino ejemplar de valor compartido y la sostenibilidad.

Hace unos días se produjo una discusión entre consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos y se abrió, una vez más, el debate sobre el rol de este organismo y un posible cambio normativo para querellarse también frente a agresiones que afecten a los policías o que se produzcan entre particulares.

Esto porque tradicionalmente se ha sostenido que es el Estado, los agentes del Estado, quien viola los derechos humanos. Todos los antofagastinos que vivimos la ciudad, y a esta altura todos los chilenos que se han enterado a través de los medios, podemos dar fe que hay violaciones a los derechos ciudadanos casi cada día desde el 18 de octubre en la comuna, en que muchos de nuestros compatriotas han perdido su trabajo, negocios, se les ha impedido circular libremente, las barricadas se han normalizado y las quemas han destruido propiedad pública y privada.

La fuerza pública ha quedado sobrepasada frente a un grupo de violentistas que atentan contra la autoridad y sus propios vecinos sin ningún pudor ni temor porque como dijo un amigo no tienen nada que perder.

En el fondo hay un problema real de la sociedad, lo reconocemos, pero nada justifica la violación a los DD.HH. de los derechos ciudadanos de todos. Es inaceptable la violencia venga de donde venga, por eso debemos empezar a considerar una mirada mas amplia en materia de DD.HH. tomando en cuenta la perspectiva de su titular, considerando a la personas a quien se le violaron sus derechos y no sólo de quien viola los derechos humanos, del Estado en este caso, como tradicionalmente se ha interpretado.

Entonces, ¿cuál es el rol que debe jugar el INDH? Si su mandato legal es "la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile", no es acaso el Estado el ente llamado a proteger los DD.HH. de todos los ciudadanos, en contra de todas las amenazas que se presenten vengan de donde vengan?.

El art.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos contempla la obligación de los estados de respetar los derechos y de garantizar su libre y pleno ejercicio. La Corte Interamericana ha señalado que la obligación de garantizar "presupone el deber del Estado de prevenir violaciones a los derechos humanos, inclusive aquellas cometidas por terceros particulares" (Corte IDH. Caso López Soto y otros vs Venezuela. Sentencia de 26.09.2018).

El INDH debe ampliar su rol, siendo capaz de defender a todos quienes cuyos DD.HH. hayan sido lesionados por terceros ajenos al Estado, porque son derechos comunes independientemente de quien los vulnere.

Nuestra realidad ha cambiado bruscamente y es el momento de atender el llamado de todas las personas y no seguir normalizando lo impensable. Los DD.HH. no tiene color político, no hacen distingo de ningún tipo.