Preocupación ha generado en Calama, la duda respecto a la trazabilidad de los dos últimos casos con coronavirus en esa ciudad. Por eso, la Seremi de Salud está trabajando con un especialista, quien tendrá la responsabilidad de aclarar cómo se produjeron los contagios.

"Nosotros con el encargado de epidemiología en Calama, contratado específicamente para esta emergencia, iniciamos los estudios y se contactó a las autoridades correspondientes, logrando llegar a un acuerdo para trabajar en conjunto. Por otra parte, el encargado de epidemiología regional también está en Calama, realizando los estudios de trazabilidad de estos casos", explicó la seremi Rossana Díaz.

Los casos corresponden a un carabinero de 36 años y una mujer de 52 años, confirmada ayer y respecto de quien no se han entregado detalles.

Actualmente el círculo cercano a ambos pacientes está cumpliendo una cuarentena estricta y esperando si la aparición de síntomas para descartar o no un contagio.

La trazabilidad que menciona la seremi de Salud es un término que se emplea para denominar un conjunto de medidas y procedimientos que sirven para llevar un registro o la ubicación de algo.

En este caso, a nivel nacional, al principio de la pandemia, se hablaba de la llegada de casos importados, lo que hacía más fácil la trazabilidad, porque se conocía, de dónde venían los pacientes y con quiénes habían estado.

Con esto, las autoridades podían asignar cuarentenas a todo el círculo cercado de los confirmados, disminuyendo las posibilidades de expandir el contagio. Pero cuando se pierde la trazabilidad, el proceso se complica y ya no es posible aplicar medidas focalizadas.

Hoy el país se encuentra en la etapa 4 de la pandemia, es decir, casos sin trazabilidad. Por eso las cuarentenas generales en ciertas ciudades.

Redacción

La suspensión de clases presenciales debido a la pandemia de coronavirus, dejó a miles de alumnos estudiando desde sus casas, y a muchos apoderados -específicamente de los establecimientos privados y subvencionados- con la duda de si el servicio que están pagando es el que contrataron.

El tema se instaló incluso en la agenda de la Cámara Baja, que el viernes aprobó la idea de pedir al Ministerio de Educación mediar entre los sostenedores y los apoderados, para alivianar el pago de mensualidades entre los meses de marzo a mayo.

El proyecto fue presentado por la diputada Paulina Núñez, quien explicó que también se aplica a las universidades.

"Le pedimos a los colegios y universidades elegir la forma de alivianar el bolsillo de los papás estos meses. No hemos impuesto una, porque cada establecimiento tiene su realidad, pero se debe avanzar con solidaridad", sostuvo.

Tras la aprobación, la petición -que fue suscrita por todos los diputados presentes en la sala- será enviada directamente al Ministerio de Educación.

"Le pedimos al ministro Raúl Figueroa que realice las gestiones necesarias para que durante los meses de marzo a mayo, se pueda realizar una rebaja de las mensualidades. Nosotros estamos haciendo gestiones y ya hay varios colegios se han ido sumando", aseguró la diputada Núñez.

La parlamentaria citó el caso de un colegio privado de Santiago que rebajó 20% la mensualidad por tres meses, acordando con los padres que esto se recuperaría a partir de julio. "Hemos logrado que varias universidades y colegios se sumen, espero dar prontas noticias en Antofagasta", dijo.

Pagos

Con la orden de extender la suspensión de clases presenciales hasta el 24 de abril, los alumnos de los colegios privados y subvencionados completarán seis semanas sin utilizar la infraestructura de su plantel, y la situación podría extenderse por mucho más tiempo.

Claudia Bravo, apoderada del colegio Costa Cordillera, explicó que los apoderados han discutido el tema los últimos días, añadiendo al análisis lo ocurrido los últimos meses de 2019, cuando los establecimientos cerraron el año escolar debido al estallido social.

Bravo cuenta que los padres formaron una comisión que iniciará conversaciones con la Dirección del colegio para plantear pagos diferidos o rebajas en el arancel.

La apoderada sostuvo que en esta comisión participan padres que son abogados.

"Desde octubre del año pasado tenemos problemas para el desarrollo correcto de las clases y ahora estamos en lo mismo, el sistema online no funciona muy bien. Además, muchos apoderados son pequeños y medianos empresarios y están muy afectados por la emergencia", explicó.

Bravo detalló que la comisión está estudiando el contrato con el colegio, que solicita cuota de incorporación y no tiene centro general de padres, sino un centro de familia que funciona con dos representantes de cada curso.

Tras las primeras consultas, el establecimiento les había manifestado dos respuestas. En el plano escolar, que se está trabajando para brindar el servicio, y en el aspecto financiaron, que se evaluaría caso a caso.

"Como comunidad escolar no queremos que esto se vea caso a caso, queremos una solución para todos. El año pasado pagamos sin que hubiese clases en noviembre y diciembre, con mensualidades que equivalen a una carrera universitaria", señaló.

Sernac

El director regional del Sernac, Marcelo Miranda, manifestó que, como principio básico, no se pueden efectuar cobros por servicios que no son prestados. Pero agregó que en este caso, se trata de una emergencia sanitaria mundial. Por ello, la obligación de los colegios es informar de qué manera van a facilitar a los alumnos la entrega del material educativo y cumplir con su prestación de servicio.

"Esto implica facilidad a través de plataformas informáticas para continuar con los contenidos. En función de eso, hay que revisar si se está cumpliendo, y en caso contrario, los apoderados tienen la posibilidad de reclamar", dijo.

Sobre el no uso de infraestructura por la que se paga, y si esto justifica una rebaja de arancel, Miranda indicó que en eso el sostenedor puede alcanzar un acuerdo con los apoderados.

El presidente de la Coordinadora de Colegios Subvencionados del Norte (Copanor), Jorge Lawrence, dijo que la propuesta de rebajar el arancel en relación a los gastos básicos de los establecimientos, es una medida que no es la realidad de Antofagasta.

"Esto nace en colegios de Santiago que rebajaron su arancel, pero hablamos de colegios que cobran mensualidades de $600 mil, cifra que está por sobre lo que cobra el colegio más caro de Antofagasta. Una rebaja en ese arancel viene a ser marginal", indicó Lawrence.

El directivo explicó que los gastos básicos representan el mínimo de lo que cancela un colegio, por lo que desde se punto de vista no se justifica tampoco un ajuste en los aranceles mensuales.

"Desde Copanor planteamos que los colegios han manifestado completa empatía con los apoderados que están en situaciones complicadas. Hay muchos establecimientos que tomaron contacto con los padres para analizar el caso a caso, para que las familias puedan exponer su situación y buscar medidas de flexibilización", manifestó el dirigente.

También insistió en que los colegios están prestando el servicio de forma permanente, con plataformas virtuales debido a las circunstancias, lo que implica un trabajo extra para los profesores.

Paulina, Núñez, Diputada, RN

"No hemos impuesto una (forma), porque cada establecimiento tiene su realidad, pero deben avanzar con solidaridad".

Jorge, Lawrence, Presidente de Copanor

"Hay muchos establecimientos que tomaron contacto con los padres para analizar la situación el caso a caso".