Jonathan Villella Coyán

Una compleja situación, que incluso amenaza con detener el servicio del transporte público en Antofagasta, es la que denunciaron choferes y dirigentes del TransAntofagasta.

Lo anterior, debido a la falta de implementos sanitarios y condiciones de seguridad con los que -aseguran- están trabajando durante la pandemia por el COVID-19. Además denuncian que no se estarían cumpliendo a cabalidad los protocolos de sanitización de los buses.

Los conductores exigen mejoras a las condiciones sanitarias y un bono de contingencia por el tiempo que dure la emergencia, similar a un sueldo mínimo, ya que se exponen al contagio debido a la gran cantidad de personas que transportan.

"Sin fiscalización"

Según acusó el presidente de la Federación Nacional de Conductores de Chile (Fenatracoch), Luis Núñez, el protocolo realizado por el Ministerio de Transportes a principio de mes, no se cumple por los dueños de las líneas o máquinas.

"Lamentablemente, el ministerio solo se limitó a entregar un protocolo, pero no lo fiscaliza. Ahí está el problema, ya que algunas de las líneas del TransAntofagasta no cumplieron con este protocolo, sanitizando las máquinas con productos que no son los que corresponden", explicó el dirigente.

La situación, añadió Nuñez, tiene atemorizados a los conductores, que tienen contacto con cientos de pasajeros al día.

Por ello se manifestaron en la mañana de ayer, frente a la Municipalidad de Antofagasta, y luego frente a la Seremi de Transportes.

Núñez acotó que pese a que el 80% de los conductores del TransAntofagasta tienen contrato de trabajo (por el sueldo mínimo), ya sea con los dueños de las líneas o de las máquinas, ese dinero, como sueldo mensual, jamás se percibe.

"Nosotros seguimos trabajando a trato con el dueño de la línea o del vehículo, por lo que de igual manera nuestro sustento depende de lo que podamos lograr en el día y en estos momentos, por todo lo que está pasando, no nos está dando (la cuota diaria por cumplir)", recalcó.

Taxi colectivos

En tanto, el vocero de la Coordinadora Nacional de Conductores de Colectivos, Miguel Espinosa, explicó que se busca exigir el cumplimiento de un petitorio entregado a diversas autoridades hace dos semanas.

Agregó que pedirán el congelamiento inmediato para el pago de los créditos de la renovación del vehículo. "Algunos bancos han llegado a acuerdos, para no cobrar intereses o a través de congelamientos de letra, pero necesitamos que la autoridad garantice eso con todas las instituciones financieras".

Seremi

Consultado al respecto, el seremi de Transportes de la Región de Antofagasta, Juan Enrique Jara, manifestó que con la entrega del protocolo (el 10 de marzo), es deber de las líneas proveer los elementos necesarios para la limpieza y sanitización de los microbuses, y deber del operador cumplir con la tarea de llevar a cabo dicha instrucción.

"Diseñamos un protocolo con el Ministerio de Salud, para que efectivamente las empresas de operadores puedan proveer de lo necesario para evitar el contagio dentro de los microbuses que es un lugar de riesgo en el fondo (…) le pedimos a las personas que viajan en el transporte público, y a los operadores de buses urbanos e interurbanos, que tomen todas las medidas de seguridad, distanciamiento y sanitización. También para cuidar a quienes trabajan en el transporte público, que se resguarden las mejores condiciones laborales posibles en este periodo de emergencia".

Consultado por instancias de fiscalización ya sea para investigar la denuncia por contratos irregulares o respecto a si se sigue o no el protocolo de limpieza al interior de los buses y taxi colectivos, el seremi precisó que por ser éstas atribuciones de otras carteras (Trabajo y Salud), no se puede referir a ello.

"Lamentablemente, el ministerio solo se limitó a entregar un protocolo (de sanitización), pero no lo fiscaliza".

Luis Núñez, Presidente Fenatracoch

"Pedimos (a las empresas) que se resguarden las mejores condiciones laborales posibles en este periodo de emergencia".

Juan Enrique Jara, Seremi de Transportes

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condenó a Francisco Jesús Vega Aranda y Cristofer Luis Cáceres Basay a la pena de 12 años de presidio efectivo, y al menor H.F.A.M a 7 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, en calidad de autores del delito consumado de homicidio simple de Nelson Manríquez Jopia.

El ilícito fue perpetrado en diciembre de 2018, en la comuna de Taltal.

En decisión unánime, el tribunal -integrado por los jueces Juan Luis Salgado (presidente), Alfredo Lindenberg e Israel Fuentes (redactor)- aplicó, además, a Vega Aranda y Cáceres Basay, las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

El tribunal condenó, además, a H.F.A.M al pago de una multa de 5 UTM como autor del delito consumado de lesiones menos graves en perjuicio de D.I.C.R, cometido el 23 de diciembre de 2018, y a Francisco Jesús Vega Aranda a la pena de 300 días de presidio como autor del delito de amenazas no condicionales.

El tribunal, dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que: "I) El día 23 de diciembre de 2018, siendo aproximadamente las 4 horas, en el sector denominado 'Plaza del Tren' de la comuna de Taltal, en circunstancias que varias personas consumían bebidas alcohólicas en el lugar, un grupo de jóvenes, entre los que se encontraban los acusados Francisco Vega, Cristofer Cáceres y H.A, se aproximaron a la víctima Nelson Manríquez Jopia agrediéndolo con múltiples golpes en la pérgola conocida como 'mirador o platillo volador', logrando el ofendido huir del lugar después de caer desde el segundo nivel, viendo interrumpida su huida por un sujeto, y en esas circunstancias fue alcanzado por los acusados, propinándole el acusado Vega Aranda a lo menos tres puñaladas, dos de ellas en el sector de las costillas, para luego llegar Cáceres Basay, quien le propinó tres puñaladas más en distintas partes del cuerpo lo que provocó que cayera al suelo sentado, aprovechando el encausado H.A.de asentarle otra puñalada por la espalda, actuando los tres acusados en conjunto y portando armas blancas, circunstancia que mermó las posibilidades de defensa de Manríquez Jopia contribuyendo a su desenlace fatal".

Una increíble situación evidenció la fiscalización realizada durante el fin de semana a nueve poblaciones del sector norte, por la gobernación y efectivos de Carabineros y la PDI, tras confirmar que la mayoría de las personas detenidas por infringir el toque de queda, eran dueños de almacenes de barrio.

La gobernadora de Antofagasta, Katherine López, manifestó que "existen algunos almacenes que después de las 10 de la noche siguen atendiendo y eso lo que provoca, es que las personas que viven cerca de estos lugares concurran a estos almacenes, lo cual no nos ayuda, ni tampoco facilita que podamos controlar el virus".

Por su parte, el prefecto de Carabineros de Antofagasta, coronel Walter Siefert, explicó que a nivel de Prefectura, que involucra las comunas de Antofagasta, Tocopilla, Mejillones y Taltal, ya son 147 personas las infractoras de toque de queda. "Nos preocupa, porque en un principio tuvimos poca cantidad de conducidos por toque de queda, pero esta cantidad ha ido aumentando. Nosotros estamos trabajando en conjunto con las Fuerzas Armadas que también salen a patrullar y también han detectado personas infringiendo esta normativa".