Redacción

Ayer se dieron a conocer los resultados de la segunda encuesta de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) que realizó a un total de 569 empresas distribuidas a lo largo del país, las que representan 111.448 trabajadores y 7.054 locales. La medición da cuenta del escenario que están viviendo en medio del impacto de la crisis sanitaria y económica generada por el coronavirus.

De acuerdo al sondeo realizado entre el 2 y 8 de abril, el 45% de las empresas declaró no estar operando, un porcentaje superior al 22,6% registrado en la medición que se hizo la última semana de marzo.

Por su parte, solo el 7% indicó que está operando al 100%, cifra menor al 14,5% que había sostenido lo mismo en el sondeo anterior.

"Durante los primeros días de abril se evidencia que son las empresas más pequeñas las que están operando a menor capacidad, muchas de ellas al 0%, mientras que las empresas grandes y medianas están con mayores niveles de operabilidad", sostuvo la CNC a través de un comunicado.

De las grandes empresas, el 37% de las consultadas dijo estar trabajando entre el 1% y el 25% de su capacidad y el 12% declaró estar sin operaciones. De las medianas, un 30% dijo estar totalmente detenidas. En tanto, un 45% de las pequeñas y un 57% de las microempresas dijeron que no están operando.

De las empresas encuestadas, el 38% confirmó que ha reducido su personal. Entre las grandes compañías consultadas, un 56% aseguró que sí ha despedido a trabajadores. De las medianas lo ha hecho el 45% y en las pequeñas, el 39%. En las microempresas, el 31% ha tomado esa medida.

Casi un tercio de los encuestados (30,5%) dijo que tratará de mantener a sus empleados usando la nueva ley de protección del empleo, es decir, pagando cotizaciones, pero no el salario. El 15,6% manifestó que reducirá personal y que usará medidas disponibles para el resto de sus trabajadores, el 15,1% que mantendrá a todos sus empleados pagándoles el 100% de su sueldo y el 10,4%, que aún está evaluando.

Por otro lado, el 8,7% indicó que cerrará su negocio, el 7,5% dijo que mantendrá a algunos empleados con el 100% de su remuneración y con otros se acogerán a la nueva ley; el 5,6% sostuvo que reducirá las jornadas laborales; y el 4,2% que reducirá personal, pero mantendrá al resto con su sueldo normal. Otro 2,4% indicó que reducirá las remuneraciones tras llegar a acuerdos con los empleados.

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, calificó, en conversación con radio Duna, como "poco probable" que los escolares retornen a las clases presenciales el próximo lunes 27 de abril, aunque destacó que dicha decisión la debe tomar la autoridad sanitaria y la informarán a su debido momento. Esto, luego de que finalicen las vacaciones de invierno, que fueron adelantadas para evitar que los escolares se congreguen en medio de avance del coronavirus.

Al respecto, durante una sesión de la Comisión de Educación del Senado desarrollada ayer, Figueroa defendió su decisión de haber adelantado las vacaciones de invierno, indicando que "nos pareció que si hay que interrumpir un proceso, el proceso que había que interrumpir era este, que claramente es mucho menos efectivo".

El ministro también indicó que "a mí me preocupa que nos empecemos a hacer trampa en el solitario, que los colegios sientan que están logrando sacarle ritmo a la educación semipresencial o a distancia, en verdad se empiezan a convencer que los resultados de ese proceso son exactamente iguales al de la educación presencial". Agregó que "lamentablemente no es así y se generan muchas brechas, y lo que hemos dicho es que mientras esta situación dure, la evaluación debe hacerse sobre la base de criterios formativos, que no se traduzca en una nota".

Figueroa expresó en ese sentido que sí han considerado como variable el real descanso de los estudiantes y que por tanto "es muy probable que se pueda generar un espacio para el descanso (durante Fiestas Patrias). Ahora insisto, esto es muy dinámico".

Por otro lado, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, enfatizó en conversación con el matinal de Chilevisión, que desde el gremio consideran que es " casi imposible que se vaya a volver el 27 de abril y probablemente vamos a estar un mes o más tiempo sin que los niños puedan volver a clases". Además, fue enfático en la peligrosidad que significa un establecimiento educacional, respecto del número de alumnos aglomerado en el mismo recinto.

El tema se cruza además con las reducciones presupuestarias anunciadas en el Mineduc, como parte de las reasignaciones decididas por el Gobierno para contar con fondos para hacer frente a la crisis, aunque el ministro Figueroa aseguró en TVN que el año escolar "no está en riesgo".

A través de dos oficios enviados el pasado miércoles, la Superintendencia de Pensiones (SP) instruyó a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) las medidas y procedimientos para la tramitación y entrega de los beneficios extraordinarios de los nuevos beneficios del seguro de cesantía establecidos en la nueva ley de protección del empleo para hacer frente a los efectos del COVID-19.

Al respecto, el organismo regulador estableció que los trabajadores cuyas relaciones laborales se hayan suspendido en marzo de 2020, su primer pago correspondiente a 30 días se materializará el próximo 30 de abril. En tanto, los pagos sucesivos se efectuarán dentro de los cinco días hábiles siguientes al cumplimiento de la mensualidad correspondiente.

Para el caso de los trabajadores cuyas relaciones laborales se suspendieron a contar de abril de 2020, cada pago se efectuará dentro de los cinco días hábiles siguientes al cumplimiento de la mensualidad.

Según dispuso la superintendencia, la AFC deberá también publicar las fechas de pagos, suspensiones y extinciones de prestaciones en su página web y en los distintos canales de difusión con el objetivo de mantener informada a la ciudadanía.

En los mencionados oficios también se instruyeron las medidas que regulan la solicitud, otorgamiento, suspensión y extensión de los beneficios establecidos en la ley, además de los contenidos mínimos de las declaraciones juradas y pactos, plazo, procedimiento, verificaciones y coordinación con la Dirección del Trabajo (DT), lo que es complementado "con disposiciones claras respecto de la difusión y atención que la AFC debe garantizar a quienes soliciten los beneficios".

Cabe recordar que la ley de protección del empleo, que entró en vigencia el pasado 6 de abril, permite que los trabajadores puedan acceder a prestaciones del seguro de cesantía sin haber sido finiquitados, dado que su finalidad es proteger los ingresos de las personas en la actual contingencia económica derivada del COVID-19.

La ley contempla tres opciones. Primero, un acuerdo de suspensión temporal del contrato de trabajo por acto de la autoridad (por ejemplo, cierre temporal de la empresa). Segundo, un pacto de suspensión temporal del contrato y, tercero, una reducción temporal de la jornada laboral entre empleador y trabajador, por hasta el 50% de la jornada normal y con el pago de la remuneración correspondiente a la nueva jornada acordada.