El gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, Carlos Soublette, se refirió ayer a la situación sanitaria que ha afectado al comercio y, en consecuencia, al empleo de miles de personas.

El líder gremial señaló que "no es posible que las tiendas sigan cerradas", ya que son muchos los empleos que dependen de ellas, por lo que hizo un llamado a la reapertura gradual del comercio con las medidas de seguridad para resguardar la salud de los trabajadores y de quienes compran y, principalmente, que la reapertura sea sin obligatoriedad. Anunció que trabajan en un protocolo con las autoridades.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich anunció ayer que a partir del próximo lunes se entregarán los ya conocidos "carnet de alta" a las personas que sean consideradas por el Ministerio de Salud como recuperadas de COVID-19. "Es un documento que identifica a las personas que, con altísima probabilidad, ya tuvieron la infección y son inmunes adquirir la enfermedad (...) y no son capaces de transmitir la enfermedad a otros", indicó.

"Puede haber casos, muy escasos, en los cuales una persona puede infectarse de nuevo, pero a la luz de la evidencia que hoy día tenemos, lo que podemos decir es que la inmunidad que produce la infección por coronavirus es una inmunidad que dura mucho tiempo, por lo menos en el mínimo lo que podemos proyectar es un año", manifestó el ministro y dijo que "a la luz de otros coronavirus, pareciera que esta inmunidad es permanente".

Sin embargo, indicó que "solo el tiempo nos va a permitir afirmar con propiedad que es efectivamente así y que la inmunidad se prolonga por años después de la infección inicial, considerando que estos virus son extraordinariamente estables y tienden a mutar".

Quiénes lo recibirán

Podrán acceder al carnet personas que dieron positivo al PCR y ya no tienen síntomas pasados 14 días; personas hospitalizadas que tras ser dadas de alta no presentan síntomas. Si presentan, deben esperar entre una semana o más de 21 días; quienes tienen compromiso de defensas, como cáncer, lo recibirán tras 28 días; las personas asintomáticas, como trabajadores de salud que cuidan contagiados, serán sometidos al examen de inmonuglobulina G cada 15 días, "para definir si elevan estos anticuerpos y nos permite decir que ellos, a pesar que no tuvieron síntomas, tuvieron la enfermedad y ya están recuperados", indicó Mañalich.

La herramienta se entregará a través del sitio web del Minsal y en ella se detallarán datos personales como el nombre y el RUT, además del "estado" en que se encuentre, que en este caso es "Aislamiento cumplido". Asimismo, se generará un código QR que certificará que la persona tuvo coronavirus, pero terminó su periodo de confinamiento.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar anunció ayer a través de su cuenta de Twitter que el Gobierno ordenó a las isapres a pagar las licencias médicas rechazadas por COVID-19. "Les quiero contar que la Superintendencia de Salud ha ordenado aprobar todas las licencias médicas por COVID-19 que han sido rechazadas por las Isapres", sentenció la secretaria de Estado.

A través de un oficio firmado por el intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, Manuel Rivera, la entidad señaló que en casos de contagio de COVID-19, "estas licencias se otorgan por razones de salud pública, y su autorización dentro del plazo es imprescindible para resguardar la salud de toda la población".

Dado lo anterior, señalaron "no corresponde rechazar ni modificar las licencias médicas que prescriben reposo por el diagnóstico confirmado de COVID-19, debiendo ser autorizadas, sin modificaciones, dentro del plazo legal".

Esta medida llega luego de que se diera a conocer un informe de la Superintendencia de Salud en el que se reveló que las isapres habrían rechazado una de cada tres licencias médicas por coronavirus.

El senador PS Rabindranath Quinteros afirmó que "esto comprueba" que el Gobierno tendría la facultad para intervenir las isapres, por lo que debería hacerlo también en el caso de las alzas de precios que se conoció hace unas semanas.

Redacción

El Presidente Sebastián Piñera promulgó ayer la ley que concede un indulto conmutativo al menos a 1.700 reos de baja peligrosidad, quienes están en los grupos de riesgo ante la posibilidad contagio de coronavirus. "El peligro de contagio por coronavirus se multiplica cuando las personas más vulnerables se encuentran privadas de libertad dentro de recintos penitenciarios, porque las condiciones de estos recintos muchas veces dificultan o hacen imposibles medidas sanitarias", recalcó.

El Mandatario enfatizó también en que esta medida "no significa en ningún caso impunidad para quienes fueron condenados y están privados de libertad. Esta ley no extingue la responsabilidad penal ni elimina la condena como antecedente penal a las personas favorecidas" y añadió que lo que sí hace es "modificar la forma en que se ejecuta la pena, conmutando o sustituyendo la reclusión o privación de libertad en los establecimientos penitenciarios por reclusión o privación de libertad total en los domicilios".

Respecto de las personas excluidas en la ley, Piñera detalló que "en razón de la extrema gravedad de algunos delitos cometidos con respecto al daño causado a las víctimas y para proteger a la sociedad, esta ley excluye de este indulto conmutativo a quienes han sido condenados por delitos de extrema gravedad", como actos de terrorismo o crímenes de lesa humanidad.

Beneficiados

La ley beneficiará a mayores de 75 años, quienes por ser parte del grupo más vulnerable no se les exigirá otros requisitos de cumplimiento de pena ni duración de la pena restante; mujeres entre 55 y 75 años de edad y hombres entre 60 y 75 años que hayan cumplido la mitad de la condena y que les resten 36 meses o menos de prisión; mujeres embarazadas y madres de un menor de dos años, residentes del recinto penal, que hayan cumplido un tercio de la pena y tengan un saldo igual o inferior a tres años de condena; personas que estén cumpliendo reclusión nocturna, siempre que hayan cumplido un tercio de la pena y les resten 36 meses o menos de condena; y reclusos con permiso de salida, siempre que hayan cumplido la mitad de la pena y les resten tres años o menos de condena.

Ley humanitaria

Piñera recordó que en el 2018 envió al Congreso un proyecto de ley de conmutación humanitaria de penas, para quienes sufren graves enfermedades terminales, padecen de inhabilidades físicas o mentales totales y sean mayores de 75 años con la mitad de la pena cumplida. El Mandatario aseguró que la iniciativa "tampoco representa impunidad, porque sustituye la pena de privación de libertad por la pena de arresto domiciliario total".

Consultado finalmente por las personas en el penal de Punta Peuco, aludió a esta ley humanitaria, que los incluye, y aseveró que "todos tenemos derecho a morir con dignidad".