El COVID-19 con sus consecuencias sanitarias y económicas se ha convertido en la mayor disrupción mundial de los últimos 70 años, una disrupción que no tiene precedentes en las biografías de las generaciones actuales. La pandemia abre un periodo de alta incertidumbre sobre las consecuencias presentes y futuras, las cuales trastornarán las vidas de muchos miles de personas, así como la economía, la sociedad y la política de los países.

Una disrupción global con consecuencias nacionales y locales, donde Chile y Antofagasta no están al margen. El Gobierno de Chile, se encuentra entre aquellos países que han adoptado una estrategia sanitaria híbrida, con medidas que combina las cuarentenas dinámicas con medidas de distanciamiento social, testeos masivos y restricciones a la movilidad; junto con aquello, ha aplicado un paquete de medidas económicas y sociales anticíclicas

Hasta ahora, estos conjuntos de medidas han dado resultados, dado que el número de contagios parecen aún controlados, de la misma forma que las políticas económicas y sociales destinadas a la contención y compensación sanitaria, económica y social de la crisis. Sin embargo, estas podrían ser rápidamente insuficientes y desbordadas por las imprevisibles consecuencias aún en desarrollo.

Los datos son inquietantes, como consecuencia de la crisis de demanda y oferta global y nacional; de acuerdo con Goldman Sachs, la economía chilena podría experimentar una reducción del 3 % este 2020. Lo cual tendrá un efecto sobre un volumen indeterminado de las actividades económicas, lo mismo sobre las cifras de desempleo que aumentarán sobre los dos dígitos, también disminuirán los ingresos y la pobreza se elevará considerablemente.

A escala local, junto con la implementación de las medidas del gobierno central, la crisis implica un enorme desafío para los liderazgos y la eficacia de los gobiernos regionales y locales para enfrentar colaborativamente la crisis. Los gobiernos, disponen de una amplia gama de recursos y capacidades, pero que requieren ser adaptados a las circunstancias actuales, con el fin de evitar la expansión de la enfermedad, pero también para disminuir las consecuencias desastrosas sobre el empleo y la pobreza, en una región donde el malestar social venía mostrando expresiones preocupantes en el último tiempo.

También, hoy más que nunca, frente a la pandemia los principios y valores de las políticas de responsabilidad social de las grandes corporaciones están puestos bajo el escrutinio de la comunidad, ¿cuánta responsabilidad, cuánta colaboración?, será un aporte que dejará un legado para la relación entre la comunidad regional y las grandes empresas en el futuro.

Finalmente, enfrentar un periodo de una crisis excepcional que eluda la improvisación y proteja a la población de las consecuencias más negativas, tiene importantes desafíos de gobernanza entre los actores públicos y privados responsables, para establecer acuerdos, compartir información y coordinación de medios y medidas. En síntesis, estamos frente a una disrupción excepcional que, para ser enfrentada, requerirá de los liderazgos actuales movilizar capacidades excepcionales de colaboración.