Las zonas más vulnerables de las ciudades son, y han sido históricamente, las más afectadas frente a las diferentes emergencias. Y es que la precaria infraestructura y escaso acceso a servicios hacen a sus habitantes los más expuestos. Por estos días no son la excepción, pues, ¿cómo pueden las familias que viven en campamentos lavarse frecuentemente las manos para evitar el contagio cuando muchas veces no hay siquiera un poco de agua?

El alto número de estos asentamientos informales y precarios en nuestra región son un punto de especial cuidado de cara a esta pandemia. El hacinamiento mezclado con la falta de agua e infraestructura genera un escenario muy favorable para la expansión del virus. La higiene, parece de nuevo configurar las ciudades y el futuro.

Desde el Minvu creemos firmemente que la asociación entre instituciones del Estado, como también con el sector privado, son una potente herramienta para sacar adelante grandes desafíos, sobre todo para quienes más lo necesitan. Es la historia de nuestro país.

Es por eso que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Defensa, Gobierno Regional y empresa privada, hemos aunado fuerzas para apoyar a las familias de campamentos frente al COVID-19. Garantizando el acceso al agua potable, entregando productos de limpieza y complementado otras medidas impulsadas por intendente regional Edgar Blanco para los sectores más vulnerables, buscando poner el foco en quienes tienen mayor urgencia.

Sabemos que con esto no se acaban por arte de magia los problemas de fondo, pero sí, van en la línea correcta de propiciar un mejor ambiente para pedirle a las familias estar en casa para frenar la curva de contagios. No tiene sentido pedir que se sigan las instrucciones de la autoridad si no están las condiciones para que dicho plan resulte exitoso.

Se vienen semanas complejas y es por eso que debemos trabajar con solidaridad y confianza en el otro, abandonar los prejuicios, nuestro constante habito a la crítica y hacer las cosas pensando siempre en el bien común. Y es que si algo hemos aprendido hasta ahora de la pandemia es que hay que jugar en equipo.

¿Qué hacer entonces? Actuemos con humildad. Seamos ágiles, transparentes y empáticos en poner a disposición todos los medios a nuestro alcance para llegar a cada persona y mantener operativo cada uno de los trabajos que generen un impacto positivo en la vida de las familias y habitantes de nuestro país.

Así, como lo ha pedido el Presidente Sebastián Piñera junto con nuestro ministro Cristián Monckeberg, a partir del minuto uno: debemos actuar con sentido de urgencia. Y hoy, esa urgencia nos llama a estar con los más vulnerables y expuestos ante esta pandemia, en eso no podemos fallar y en eso podemos ayudar todos con empatía, disciplina y solidaridad.

Hace algunos días, la Tercera Sala de la Corte Suprema informó que había duplicado las multas que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) había impuesto a tres cadenas de supermercados por colusión en la venta de pollos. La máxima instancia judicial había rechazado los recursos presentados por Cencosud, Walmart Chile y SMU contra la sanción que el año pasado aplicó el TDLC, oportunidad en que se estableció el pago de 13.947 unidades tributarias anuales (UTA), y acogió la acción de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

La Suprema también acogió el recurso de reclamación entablado por las ONGs Odecu y Conadecus, "sólo en cuanto se dispone que, ejecutoriada la presente sentencia, vuelvan los antecedentes administrativos a la FNE, a fin de que se indague la existencia de conductas contrarias a la libre competencia y, en su caso, la necesidad de adoptar medidas correctivas o prohibitivas, respecto de otros mercados u otros productos, conforme a los antecedentes que obran en la investigación administrativa".

Se trata de una medida bastante contundente y coherente con la legislación.

La colusión, es decir, ponerse de acuerdo para alterar mañosamente el precio de cualquier bien o servicio, para obtener utilidades más altas, es un escándalo inaceptable.

El libre comercio se funda sobre la competencia y no sobre la regulación, es por ello que el precio final no es fijado ni por la autoridad ni por los medios de producción, sino que es la resultante de la acción de al menos dos fuerzas: la oferta y la demanda que existen en mercados que así lo permiten.

La operación de, al menos esas acciones, es la que posibilita que los precios sean lo más bajos posibles, por eso cualquier intromisión en ese plano atenta contra el precio, el consumidor y el sistema mismo, que tiene en la confianza -tan de moda por estos meses- un cimiento fundamental.

Son varias las preguntas que se desprenden: qué pasa con la ética en los negocios (especialmente en rubros tan sensibles como los supermercados o la salud); qué autocontroles tienen las industrias; qué poder efectivo tiene el Estado y -lo que es más crítico- qué tan libres son algunos mercados en el país. Debe ser esta una invitación a corregir esos fallos.

La Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales de la salud como «las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen», incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana.

La pandemia de COVID -19 ha puesto de manifiesto las condiciones desiguales de enfrentamiento de la enfermedad especialmente en lo que respecta a protección. Resulta muy complejo asegurar la protección de sectores vulnerables o desfavorecidos por el sistema sociopolítico imperante en la conservación o mejora de su estado de salud. Situaciones como el hacinamiento, la necesidad de desarrollar actividades laborales en forma normal, la falta de acceso a sistemas de agua potable y eliminación de excretas, entre otros ejemplos, sin duda tensionan lo ya mencionado, pero es la única alternativa de subsistencia para determinados grupos. Pero aquello no es una novedad: el diagnóstico lo conocemos desde hace muchos años, pero los esfuerzos y acciones deben ser mayores si pretendemos que toda la población pueda acceder a una protección efectiva y a una recuperación de su salud, siendo relevante el papel que juega el Estado en tiempos de dificultades sociales. Es por ello que un desafío, tanto en el momento actual como futuro, es describir una política precisa que defina el rol del Estado en tiempos de crisis sanitarias, no sólo en lo relativo a acciones de promoción y prevención en salud desde lo declarativo, sino también en lo práctico. Los discursos deben empatizar con la realidad social de las personas o al menos tener una aproximación realista a aquella.

Se aprecian esfuerzos y acciones, pero deberían formar parte de un continuo, es decir, una prevalencia de acciones proactivas más que reactivas. Los determinantes sociales de la salud constituyen elementos definidos por organizaciones mundiales y locales del ámbito sanitario y que sin duda deben impregnar las políticas en salud, pero considerando un abordaje efectivo en tiempos normales y tiempos de emergencia. Probablemente, la experiencia actual de la pandemia nos puede servir de aprendizaje para que como país adoptemos una gobernanza adecuada en dichas contingencias. Lo que debemos evitar es que una vez superado el peak, nos olvidemos de los determinantes sociales de la salud y las políticas internacionales sanitarias. A modo de complemento, el "Estudio de Salud Urbana en América Latina" (2019), realizado en las 6 ciudades más grandes de América Latina, arrojó que Santiago de Chile es una de las ciudades con mayores desigualdades en salud, siendo fuertemente determinada la esperanza de vida (la cantidad de años que se espera que viva una persona) al nacer por factores socioeconómicos (determinantes sociales).

Por otra parte, son escasos los estudios epidemiológicos que caractericen los determinantes sociales de la salud en el contexto latinoamericano. Por ende, un desafío para los gobiernos e instituciones de educación superior es el desarrollo de un trabajo mancomunado para el desarrollo de dichas investigaciones, no sólo con el objetivo de "generar datos primarios o secundarios", sino con la finalidad de ser un insumo indispensable para la toma de decisiones, fortalecimiento o corrección de políticas sanitarias.