El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, informó ayer que Carabineros determinó la baja de los dos uniformados investigados por presuntamente haber disparado contra manifestantes en la comuna de La Florida la noche del lunes.

"De acuerdo a lo informado por Carabineros, esos funcionarios se encontraban conduciendo un vehículo que no portaba adecuadamente su placa patente y se encontraban bajo la influencia del alcohol, por lo que se dio inició a un procedimiento interno, lo que derivó en su baja de la institución", señaló Galli y agregó que el Gobierno presentó una querella por homicidio frustrado por este hecho, la cual quedará en manos de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

El fiscal jefe de Flagrancia Oriente, Omar Mérida, dio a conocer nuevos antecedentes de la indagatoria que preside, la cual calificó como una "investigación compleja", reconociendo que "tiene la dificultad de hacer coincidir las pruebas que se encontraron en el sitio del suceso, que son particularmente de carácter balístico, con armas que han sido revisadas en este período investigativo de 12 horas".

Carabineros confirmó también la información a través de un comunicado, donde indican que se determinó cursar la baja respectiva de ambos funcionarios involucrados y afirman que no tolerarán "situaciones fuera de norma, protocolo o al margen de la ley".

La situación se dio el lunes en la intersección de calles Vicuña Mackenna con Trinidad, cuando un grupo de personas protestaba supuestamente contra el aniversario de la institución.

Hasta ese lugar habrían llegado en un vehículo sin patente trasera los excarabineros, quienes habrían realizado los disparos contra la manifestación, hiriendo a 10 personas, para luego huir.

Sin embargo, tal como detalló el jefe de la Zona Metropolitana Este de Carabineros, general Enrique Bassaletti, personal de la SIP de la 36 Comisaría de La Florida, escucharon los disparos e iniciaron el seguimiento de los involucrados.

Una de las medidas para ayudar a las empresas afectadas por la emergencia del COVID-19 es la Ley de Capitalización, que fortalece el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape) y flexibiliza temporalmente sus requisitos para acceder a créditos con garantía estatal.

Las líneas con garantía del Estado están operativas desde ayer y "el Banco Estado comenzará a entregar sus primeros créditos este miércoles y esperamos que los bancos privados hagan lo mismo", dijo el Presidente Sebastián Piñera en la promulgación. Agregó que "queremos decirles a los micro, pequeños y medianos empresarios que entendemos la importancia y el rol que juegan en la sociedad chilena (...) no van a estar solos en estos tiempos difíciles".

Pueden acceder a este beneficio todas las empresas y/o personas naturales jurídicas que no excedan ventas anuales de UF1.000.000 al momento de solicitar el crédito.

En detalle, dicho financiamiento puede ser utilizado para cubrir necesidades de capital de trabajo de la empresa, incluyendo: pago de remuneraciones y obligaciones previsionales, arriendos, suministros y facturas pendientes de liquidación, obligaciones tributarias, boletas de garantía, gastos de seguros, gastos asociados al otorgamiento de Líneas, y cualquier otro gasto que sea indispensable para el funcionamiento de esta.

Restricciones

No se puede usar para el pago de dividendos, retiro de utilidades, préstamos a personas relacionadas o cualquier otra forma de retiro de capital. Asimismo, no podrán usarse los fondos para amortizar, prepagar o refinanciar créditos que la empresa tenga al momento de solicitar el financiamiento. Tampoco podrán destinarse para la adquisición de activos fijos, salvo el reemplazo de activos esenciales para el funcionamiento de la empresa.

Además, estos no podrán ser otorgados a empresas que estén sujetas a procedimientos para reorganizar o liquidar sus pasivos y activos. Tampoco podrán acceder micro o pequeñas empresas que se hayan encontrado en situación de mora en el sistema bancario superior a 30 días al 31 de octubre de 2019, o empresas medianas y grandes en esa situación superior a 30 días al 31 de marzo de 2020. Estas restricciones no serán aplicables cuando las empresas hayan dejado de estar en mora al momento de solicitar el financiamiento.

Cristián Venegas M.

Los planes de contingencia contra la propagación del COVID-19 que ha implementado Codelco y las cuatro divisiones que integran su Distrito Norte, sumado a la decisión de Minera El Abra de cerrar sus operaciones desde este lunes como parte del nuevo plan minero de Freeport-McMoRan; han reducido las dotaciones mineras en la zona en cerca de 7.500 personas.

Entre los esfuerzos de Codelco se considera la suspensión de las obras remanentes del proyecto Mina Chuquicamata Subterránea, informada el miércoles 25 de marzo, en práctica desde el 3 de abril y por espacio de 15 días que ya fueron extendidos.

Construcción que hoy mantiene solo personal acotado, para resguardar la seguridad de las instalaciones y los equipos. Esta medida, según detalló la cuprífera, significó la salida de al menos 2.500 contratistas de la división.

Decisión de apostar por la baja densidad dotacional que se profundizó aún más el miércoles 8 de abril, con el anunció de suspender total o parcialmente la ejecución de los servicios por parte de un 30% de sus empresas contratistas y por un periodo de 30 días prorrogables.

A las suspensiones se suma, además, la implementación del teletrabajo en todas las posiciones donde es factible y la cuarentena de todos los trabajadores que están en edad de riesgo, es decir, todos los mayores de 65 años, y los mayores de 60 con enfermedades crónicas. Estos grupos, sumado a los contratistas, totalizan cerca de otros 3 mil personas menos en las operaciones del Distrito Norte.

A ello, destacaron desde Codelco, se suma el trabajo que está realizando la estatal en la comunidad, considerando la sanitización de calles en Calama y otras localidades, la entrega de equipos a los centros de salud y la reciente difusión de conductas preventivas en alianza con el gobierno regional y El Mercurio.

Medidas drásticas

La situación de Minera El Abra es algo distinta. Comenzó con un plan de contingencia contra el COVID-19 en que también estableció teletrabajo y cuarentena para trabajadores en edad y condición de mayor riesgo, entre muchas otras medidas, para anunciar luego, específicamente el martes 31 de marzo, la suspensión indefinida de la construcción del proyecto Sulfolix Fase II y la salida de las empresas contratistas, al menos ocho, involucradas en la obra.

La empresa explicó que la medida se tomó en respuesta a la disrupción en el sistema de transportes, que había dificultado el desplazamiento de los trabajadores contratistas hacia y desde la faena tanto por vía aérea como terrestre.

El lunes 27 de abril, en tanto, y en línea con lo había anunciado Freeport-McMoRan el viernes 24 de abril, se comenzó a implementar un nuevo plan minero en la cuprera, que se tradujo en la desvinculación de 275 personas, y el cierre temporal de las operaciones hasta el miércoles 6 de abril. Minera que según los datos de 2018 del Consejo Minero, estaba integrada por 1.070 trabajadores propios, y 1.059 contratistas.

La decisión, que pasa por la disminución en un 40% del procesamiento de mineral pasando de 110 mil a 65 mil toneladas diarias, "se fundamenta principalmente en una progresiva caída en el precio del cobre (US$2,496 promedio 2020), entre otros factores, producto de la pandemia de COVID-19, lo que deja a El Abra en una situación operacional compleja", explicaron desde la empresa estadounidense con sede en Arizona.

2.500 trabajadores del proyecto Chuquicamata Subterránea suspendieron sus labores desde el 3 de abril.

3 mil personas dejaron sus funciones habituales, por realizar teletrabajo o por ser de los grupos de riesgo.