Comenzó el pago del Ingreso Familiar de Emergencia, medida necesaria, pero todavía insuficiente para que las familias más complicadas puedan superar este momento de la emergencia sanitaria.

El gobierno apuntó que 620 mil hogares ya recibieron el beneficio y se suman a los 529 mil que ya habían recibido este aporte el 23 de mayo pasado. El monto de este bono alcanza los $340 mil y está constituida para familias que tengan seis integrantes en su círculo y además. El aporte también contempla a adultos mayores de 70 años que reciben la pensión básica solidaria.

Como todos lo apreciamos, el impacto del COVID-19 ha sido feroz, peor aún que lo imaginado previamente. Las cifras de desempleo, crecimiento económico, creación y destrucción de empresas, así lo dejan en claro. La Ocde ya proyectó un retroceso de nuestra economía (-5,6% este 2020; 4,3% el Banco Mundial y 4,5% el FMI) para el mundo y nuestro país este 2020, lo que se traduce en cuestiones concretas como las ya citadas.

Es por ello que paralelamente los parlamentarios tramitan un proyecto de ley que busca la imposibilidad de cortar los suministros básicos a hogares, esto es agua, luz, telefonía, internet y gas, respecto de lo cual, hasta ahora, el gobierno no ha manifestado oposición o voluntad de llevarlo al Tribunal Constitucional. Todo apunta a reconocer las dificultades sociales y económicas que se abrieron en estas semanas y que exigen medidas poco ortodoxas.

El contexto no es el mejor. Las cifras de contagiados y decesos están claramente superados, las proyecciones del gobierno fueron superadas y el mal ánimo parece haberse apoderado de los compatriotas, lo que ciertamente tendrá efectos más negativos sobre la construcción del futuro.

Lo que el gobierno debe entender de una vez es que debe redoblar el apoyo económico para con las familias. Hoy la urgencia es reducir los infectados y eso solo será posible (lo demuestran las experiencias anteriores) con la gente quedándose en su casa, lo que a su vez, obliga a proveerles recursos básicos.

En un país donde el ingreso medio bordea los 300 mil pesos, donde la mayoría no tiene ahorros y sufre precariedades importantes, la labor del Estado, que deberá endeudarse más, aparece como la vía de salida estructural para millones de personas.

En la víspera de un otoño, hace más de veinte años, conocí a la señora Amy Mayne-Nicholls. Como no recordar cuando recibió mis antecedentes de bibliotecólogo egresado, carrera que ella amaba, algo que supe después, y me atendió, de manera presta y sencilla, escuchando mi inquietud acerca de lo que entendía del quehacer de una coordinación regional de bibliotecas públicas. Eso dio motivo, con el tiempo, para que me invitara a ser parte de una serie de iniciativas que lideraba con diligencia, prontitud y enorme entusiasmo. Los libros siempre parecieron para ella ser el mejor lugar de todos los mundos. Creo, sin duda, que la lámpara que guiaba su quehacer de vida y de profesión siempre estuvo girando alrededor de un libro, objeto, por lo demás, de valor estético y de una gigantesca dimensión social y educativa, porque cada uno de ellos era sentido por la pervivencia y sentimiento de humanidad determinados.

La señora Amy, como muchos la llamaban, era de formación profundamente humanista. A partir de su experiencia con los libros, las bibliotecas y la gestión en el fomento de la lectura, se constituyó en una persona dinámica y de enorme entusiasmo dentro del espíritu de aquellos que desarrollaban el quehacer de manera legítima y verdadera estimando el trabajo incansable de forma abierta, profunda y en claridad. Ante todo, la señora Amy, demostró, para todos aquellos que la conocimos, los valores más profundos por la cultura, la lectura y por el libro.

De seguro, su determinación centrada por difundir el libro, en sus múltiples formas, y su actitud en el trabajo, como un deber encaminado por la educación y la cultura, en todo el territorio regional, la configuraron como el alma de los quehaceres demostrando, claramente, su destreza y su conocimiento.

Ahora, a días de su partida, me he sentado a escribir esta columna intentando desenredar esta tristeza recordando lo que a ella le gustaba hacer con esa alegría marcada en su rostro y acompañada de esa tranquila, pero también frenética pasión por las tareas relacionadas con el libro. A parecer la naturaleza y su propia existencia la provisionó de todo lo necesario para estas importantes funciones. Recuerdo, por ejemplo, que el último acto por la cultura escrita y de fomento lector, que estuvo liderando, fue esa jornada que quedó preparada y que se tituló "La lectura un derecho social". Habría sido la mejor ocasión para haber encendido una luz como buena obra para la cultura ciudadana y un homenaje para su paciente y sincero esfuerzo respecto de lo que formaba parte de su modo de ser.

Me gustaría que ella estuviera aquí, pero nos dejó, como dicen algunos, en medio del juego y en este tránsito inconcluso, permanecerá, de todas formas, la fidelidad hacia sus colegas y el cariño hacia los amantes de la lectura y los libros, de forma irreductible, tentada por ese deseo de revelar que el conocimiento de la humanidad se encuentra en ese bello objeto llamado libro, pero siempre mediado por personas que se transforman en hermosas oportunidades de pensamiento cuando leen y cuando se detienen para mayor profundidad en el interior de una biblioteca. Me valgo, para despedirme de Amy, parafraseando los versos de un poeta con aquella expresión que dice: "alma ponte color naranja, alma ponte color de amor; en la mañana viva, de seguro, ella quería ser corazón/ y en la tarde caída quería ser su propia voz, ruiseñor".

Con asombro, durante los últimos días hemos visto surgir la discusión en torno a un aparente dilema sobre la supuesta "falta de solidaridad" de las instituciones que somos parte del Sistema Público de Educación Superior.

El emplazamiento apunta a la decisión del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) de descartar la propuesta del Ministerio de Educación en cuanto a utilizar los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) para ir en ayuda de todas las instituciones del sector, en el marco de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, el rechazo del CRUCh a esta idea se basa en que el FSCU es un fondo autónomo gestionado por cada universidad que el propio sistema ha establecido y cuyo monto depende tanto de la cantidad de asignaciones que se hacen todos los años, como de la gestión que haga cada institución en materia de recaudación. Gestión, por cierto, que también implica la destinación de recursos permanentes de la universidad para financiar personal y equipamiento, entre otros.

Cuando se propuso esta forma de operar, asumimos dichas inversiones porque todos pensamos que este crédito tiene un fin noble, cual es dar financiamiento a un sector importante de la sociedad que no tiene medios económicos y que no puede acceder a financiamiento de la banca.

Este sistema, que definió las conductas de las universidades, buscó estimular la eficiencia en la gestión de esos recursos. Al hacer una buena gestión, las instituciones de alguna manera lograban tener más herramientas para la implementación de su rol público, ya que los recursos recuperados retroalimentan el FSCU y son aprovechados para beneficiar directamente a los sectores que más lo necesitan.

El problema con la reciente propuesta del Ministerio de Educación no es la falta de solidaridad: es el cambio de las reglas. Eso genera desconfianza, más aún entre las instituciones públicas no estatales, que durante los últimos años hemos sentido que no se aprecia en toda su dimensión la enorme contribución que realizamos al desarrollo integral de nuestro país.

Esta tendencia atenta contra el justo equilibrio entre lo público y lo privado en un sistema que apunta a lograr una sociedad más justa que aproveche todas sus capacidades, incluyendo el aporte que realizan organismos sin fines de lucro como las universidades no estatales del CRUCh.