Si analizamos un día cualquiera de nuestra vida, veremos que encaramos situaciones donde, consciente o inconscientemente, llevamos adelante negociaciones, tanto en los aspectos laborales, económicos, sociales, políticos o familiares. Las negociaciones efectivas son el medio para evitar enfrentamientos, y el estallido de conflictos.

Sin embargo, hoy en día el sistema de la negociación laboral está desnivelado. La precariedad en las condiciones de trabajo, surgida de las reformas llevadas a cabo durante los últimos 30 años en el mundo occidental (situación que también se ha dado en nuestro país), así como la quiebra del poder negociador de los sindicatos, se sitúa en la base del fenómeno de la pobreza salarial que afecta a millones de trabajadores a través del planeta. La precariedad laboral - entendida ésta en términos de contratos temporales, contratos a tiempo parcial, externalización y subcontratación creciente del proceso productivo -, ha supuesto que para un gran número de hogares, el hecho de tener un trabajo ya no sea garantía de estar protegidos contra la pobreza. Además, la elevada rotación asociada a dicha precariedad impide la acumulación de antigüedad y otros beneficios salariales dentro de la lógica tradicional de una vida laboral.

Un elemento clave para entender la mayor extensión del fenómeno de la pobreza entre los trabajadores en situación de precariedad es su débil o nulo poder de negociación, reflejado en su menor o nula afiliación sindical. En efecto, este ha sido uno de los resultados centrales de las políticas de ajuste laboral de las últimas décadas.

Ahora bien, la pérdida del poder negociador de los trabajadores se sitúa en la base no sólo de los bajos salarios, que afectan a la mayoría de las personas insertas en el mercado laboral chileno, sino que, además, se extiende de manera brutal hacia el 40% de mayor fragilidad socioecómica del país, donde la capacidad negociadora es inexistente y la precariedad un asunto de "vida o muerte". Si las facilidades para negociar se han ido perdiendo por parte de los que tienen trabajo, en el caso de los más pobres esta situación se ve exacerbada en extremo, pues los pobres sencillamente no existen como parte negociadora, no tienen una representación orgánica que vele por sus intereses.

¿Quién se encarga entonces de representarlos en el modelo de economía de mercado existente en Chile, que con demasiada frecuencia se preocupa sólo de los que tienen trabajo, de los que tienen voz y voto? Nadie. Es por ello que cuando el país supere la actual pandemia de salud pública, la prioridad deberá estar orientada a corregir esta grave injustica social, que ahora ha quedado de manifiesto aún con mayor claridad y fuerza. Es el sistema como un todo el que deberá modificarse, con una clara orientación hacia un Estado Benefactor tipo centroeuropeo.

josé miguel serrano

El 25 de marzo ingresó al Parlamento el proyecto de ley que modificaría el Código del Trabajo en lo relativo al permiso de postnatal, permitiendo extender su duración si este se acaba durante el periodo de emergencia sanitaria ocasionado por el Covid-19. La propuesta beneficiaría a decenas de miles de mujeres, dándoles la posibilidad de conservar sus empleos y a su vez proteger a su familia.

Se ha hecho referencia a los gastos de implementar el proyecto, no obstante, el interés superior del niño y la protección de su salud consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, son vinculantes para las autoridades estatales, por lo que tienen primacía sobre lo económico. Por otro lado, el gobierno ha implementado medidas de mitigación a los impactos en el empleo durante la pandemia, siendo razonable hacerlas extensivas a las mujeres que han sido madres recientemente. Resulta evidente que el principal foco de protección son los niños y niñas, así como también las mujeres. No obstante, dada la coyuntura, los adultos mayores deben ser incluidos como beneficiarios también.

El hecho que los adultos mayores son quienes se han visto principalmente afectados por esta pandemia es una alerta que se prende a medida que pasa el tiempo y no se lleva a cabo la propuesta. Podríamos lamentar nuevamente consecuencias nefastas, pues aún no nos hemos vistos expuestos a los efectos de que más de 20.000 trabajadoras vuelvan a su actividad laboral, los costos humanos podrían ser considerables. La realidad de las familias chilenas da cuenta que los abuelos quedan al cuidado de los nietos cuando las madres salen a trabajar, ¿Es posible mantener resguardos sanitarios efectivos cuando se tiene al cuidado un niño o niña menor de dos años? Tengamos presente que los más pequeños son potenciales transmisores del virus.

El proyecto es una buena iniciativa que deja a cubierto a las madres trabajadoras, la niñez, como también a los adultos mayores. Así, la norma pretende ser satisfactoria como reflejo de una necesidad actual que apremia con la llegada de la pandemia. El dinamismo jurídico es importante en estos tiempos de cambio, lo que se ha visto reflejado en modificaciones legislativas que han resultado beneficiosas a los intereses sociales en tiempos de coronavirus.

Tras el estallido social y hoy el covid-19, las relaciones entre el gobierno y el género femenino se han visto maltratadas. En nada contribuye el seguir dilatando medidas que favorecen a las mujeres, siendo apremiante que se visibilicen sus necesidades y se concrete su satisfacción oportunamente. Es de esperar que la propuesta tenga buena acogida y que los criterios de protección a la mujer, a la infancia, a la familia y especialmente al adulto mayor, en su ponderación, superen con creces a los económicos.

Lic. Stephanie Merlet Zuvic.