Redacción

En prisión preventiva quedaron tres jóvenes que fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de incendio, atentado contra la autoridad, porte y arrojar elementos incendiarios, daños y desórdenes , todo esto en el contexto del ataque que sufrió la Intendencia y un edificio comercial el 12 de noviembre de 2019 y 29 de marzo de 2020.

En la audiencia de formalización realizada ayer, se entregaron detalles respecto a los antecedentes que permitieron identificar a los tres presuntos autores de estos delitos, quienes fueron detenidos el jueves por detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI en conjunto con la Fiscalía Local.

En el tribunal fueron mostrados varios videos obtenidos a través de drones, redes sociales, además de fotografías.

Detenidos

Los tres detenidos, de iniciales de C.E.M.A. (24 años), R.E.R.A. (19 años) y S.E.C.P. (26 años) son chilenos, trabajadores y sin antecedentes penales.

Los imputados fueron identificados en base al trabajo científico y técnico de los oficiales de la PDI, a lo que se sumaron declaraciones, reconocimientos fotográficos y análisis de distintas cámaras de seguridad perimetrales.

Además fueron recogidas evidencias como las vestimentas y otros elementos que vincula y posiciona a os detenidos en el lugar de los hechos, los cuales fueron hallados en los domicilios de los imputados.

Las imágenes de los drones de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las obtenidas desde redes sociales, además del trabajo investigativo en la toma de declaraciones, resultaron esenciales en la identificación de los presuntos autores.

Estos registros permitieron establecer que uno de los involucrados vestía una camiseta de basquetbol amarilla de los Lakers con el número 23.

Esta persona fue grabada por drones y videos de redes sociales lanzando bombas molotov en cercanías de la Intendencia, y posteriormente habría ingresado a este edificio y participado en el incendio que afectó a la sede del Gore.

El siniestro puso en riesgo la vida de un guardia que se encontraba en su interior, quien debió huir al sexto piso del edificio, siendo rescatado por personal de bomberos.

Hechos

Según se explicó durante la audiencia, el 12 de noviembre del 2019, alrededor de las 17:30 horas, el imputado C.E.M.A. previamente concertado con imputado R.E.R.A. atacó en dos ocasiones con artefactos incendiarios tipo molotov a carabineros en calle Prat. El objeto incendiario habría sido facilitado por el imputado R.E.R.A.

Respecto al imputado S. E. C.P., se dijo que era uno de los tres "escuderos" que estaban en el lugar y protegían a C.E.M.A. en sus acciones.

Según el relato del fiscal, luego este último se desplazó hasta la Intendencia y procedió a quebrar los ventanales que rodean su acceso e inicia el fuego, dándose a la fuga.

Posteriormente, el 29 de marzo de 2020, en el sector Cachimba del Agua, el imputado S.E.C.P. en medio de manifestaciones, atacó con elementos incendiarios a carabineros, para luego darse a la fuga.

Reacciones

El vocero de la Fiscalía de Antofagasta, José Troncoso, indicó que dada la gravedad de los delitos y las penas que arriesgan los imputados, se solicitó la prisión preventiva y el juez de garantía, la concedió.

"Esta compleja investigación que fue liderada por la Fiscalía de Antofagasta y encargada a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, logró las identidades de las personas involucradas. En ese contexto, el tribunal fijó un plazo de 70 días para investigar", precisó.

El intendente Edgar Blanco, quien presentó una querella el año pasado contra quienes resultaran responsables del atentado incendiario que sufrió la Intendencia, valoró los avances en la investigación.

"Gracias al trabajo de la PDI y de la Fiscalía Regional se pudieron llevar adelante procedimientos que culminaron con la detención de tres personas a raíz de los graves hechos ocurridos en noviembre pasado, donde se intentó dañar y quemar el edificio", indicó.

Blanco agregó que están trabajando en distintos procedimientos. "No vamos a permitir que actos realizados con este nivel de violencia queden inmunes y haremos todo lo que sea necesario para llevar a estas personas a la justicia".

En tanto, el fiscal adjunto de Antofagasta, Rodrigo Cuso, indicó que el imputado C.E.M.A, fue formalizado directamente por la ejecución del incendio que afectó a la Intendencia y arriesga una pena de 10 años y 1 día de presidio perpetuo, y por el delito de daños que exceden las 40 UTM, se le aplicaría una pena de 541 días a 3 años y 1 día, de ser hallado culpable en el juicio oral.

Asimismo, explicó que en el caso de los otros tres imputados, arriesgan penas de 541 días y 3 años por el delito de atentado contra autoridad; 3 años y 1 día a 10 años por porte de artefacto incendiario, 10 años y 1 día a 15 años por arrojar elementos incendiarios y 61 a 540 días por delito de desorden público.

Son varias las investigaciones que han avanzando en los últimos meses entorno a incidentes ocurridos en medio de las manifestaciones del estallido social. Actualmente, cinco imputados están en prisión preventiva por el ataque a un carabinero de civil, el 30 diciembre del año pasado en calle Esmeralda, y otros dos involucrados se encuentran con distintas medidas cautelares. Además, en febrero pasado, la Fiscalía formalizó a un imputado por desórdenes durante ataque a locomotora del FCAB, quedando con arresto domicilio nocturno.

Cuatro concejales de Antofagasta solicitaron al Tribunal Electoral Regional (TER) determinar si la alcaldesa Karen Rojo debe quedar suspendida del cargo, tras ser acusada por la Fiscalía de fraude al fisco y negociación incompatible en el caso Main.

Doris Navarro, Luis Aguilera, Camilo Kong y Jonathan Velásquez presentaron ayer un escrito en el TER donde expresan que la edil tiene su derecho a sufragio suspendido por efecto de la acusación penal, lo que la dejaría temporalmente incapacitada para el ejercicio.

De esta manera, plantean, lo que procedería sería que fuera reemplazada mientras dure su incapacidad en la forma que establece el artículo Nº 62 de la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, esto es, por un concejal elegido mediante votación de todos sus pares.

Escenario

Hay que recordar que la edil fue acusada hace una semana de fraude al fisco y negociación incompartible, lo que pone en duda su continuidad, al menos por el tiempo que tarde en llegar una sentencia.

Esto, porque la Ley Orgánica de Municipalidades establece que uno de los requisitos para el ejercicio del cargo de alcalde es no tener afectados los derechos ciudadanos, y en este caso la mera acusación suspende el ejercicio del sufragio.

Sobre el mismo tema, ayer el Ministerio Público descartó ejercer acciones fuera del ámbito penal en contra de Rojo. Así lo confirmó el fiscal regional Alberto Ayala, quien de esta manera despejó una de las tesis que circulaban y que otorgaban protagonismo a esta institución en la suerte inmediata de la edil.

Se debe tener presente que el año 2008, cuando la fiscalía acusó por fraude al fisco al fallecido exalcalde Daniel Adaro, también notificó aquella decisión al municipio, lo que produjo la inmediata suspensión de Adaro mientras se resolvía su situación penal (más tarde fue condenado).

Ahora el camino no será el mismo, pues de acuerdo a lo explicado por Ayala, toda otra medida distinta a la acusación penal ya presentada, no es materia que competa a la fiscalía.

Juzgado

Sin embargo, esto no significa la continuidad de Rojo en el cargo. Además de la acción iniciada ayer por los concejales en el TER, dentro de los primeros cinco días de julio, el Juzgado de Garantía deberá notificar al Servel el listado de personas que han sido acusadas de delitos que merezcan pena aflictiva para efectos de retirarlos del padrón electoral. Y entonces la edil caería igualmente en la causal de haber perdido el derecho a sufragio.

Por otra parte, el 13, 14 y 15 de julio se realizará la audiencia de preparación de juicio oral del caso Main, y hay quienes sostienen que después de este trámite, el juzgado notificará al municipio la situación penal de Rojo, generando su suspensión. Así lo cree, entre otros, el abogado procurador fiscal del CDE, Carlos Bonilla Lanas, quien sostuvo que esa es la amenaza más real que enfrenta la edil en este momento.

En todo caso la defensa de Rojo está intentado evitar la suspensión. Hace unas semanas sus abogados interpusieron una demanda civil contra el fiscal regional Alberto Ayala, pidiendo que se declare que la eventual incapacidad temporal en el ejercicio del cargo que la pudiera afectar en virtud de la investigación penal, no opera "ipso facto", sino que requiere el previo conocimiento y pronunciamiento de un tribunal civil o electoral.

En paralelo, se interpuso un recurso de inaplicabilidad en Tribunal Constitucional en contra de la norma que la suspende, el cual fue acogido a trámite.