La protesta ocurrió en las últimas horas del viernes, el día de la emancipación o "Juneteenth", que marcó el fin de la esclavitud en Estados Unidos, en medio de continuas manifestaciones antirracistas tras la muerte de George Floyd en Minneapolis.

Los manifestantes estallaron en vítores y saltos cuando la estatua de 3,4 metros de altura de Albert Pike, un general confederado, se tambaleó de su pedestal de granito antes de caer hacia atrás, aterrizando en medio de una nube de polvo. Luego, los manifestantes la rodearon y encendieron una hoguera para tratar de quemarla, mientras coreaban lemas como: "Sin justicia, no hay paz" y "No a la policía racista". Relatos de testigos y videos publicados en las redes sociales indicaron que la policía estuvo en el lugar, pero que se abstuvo de intervenir.

El presidente Donald Trump tuiteó rápidamente sobre el derribamiento, quejándose: "Los policías de la capital no están haciendo su trabajo, pues vieron cómo una estatua fue derribada y quemada. Estas personas deben ser arrestadas de inmediato. ¡Una desgracia para nuestro país!", agregó. Los manifestantes leyeron el tuit de Trump con un megáfono y celebraron su cólera. Después del derribo, la mayoría de los manifestantes regresaron pacíficamente al Parque Lafayette, aledaño a la Casa Blanca.

La estatua de Pike ha sido fuente de controversia desde hace años. El general también fue durante mucho tiempo un líder influyente de los masones, que lo veneran y que pagaron por la estatua. La estatua, dedicada en 1901, se encontraba en la Plaza del Poder Judicial, a aproximadamente 800 metros del Capitolio.

Esta forma de protesta se ha repetido constantemente durante las últimas semanas y esta vez, ha sido en la jornada previa al mitín electoral que realizó ayer Trump, donde había miles de personas registradas para asistir al evento en Tulsa, Oklahoma. Ahí el mandatario relanzaría su carrera a la reelección. Esto a pesar de reportarse de que el país suma 121.652 muertes y 2.313.920 contagiados por coronavirus, incluyendo seis partidarios que preparaban el acto electoral en el BOK Center de Tulsa.

En medio de las crecientes tensiones, el secretario de Estado Michael Pompeo declaró también ayer que la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de ordenar un reporte sobre policía y raza, en medio de protestas internacionales contra el racismo, confirma la decisión de la administración de Donald Trump de retirarse del máximo organismo de derechos humanos en el 2018.

"Si el consejo fuese serio sobre la protección de los derechos humanos, existen numerosas necesidades legítimas de su atención, tales como las disparidades raciales sistemáticas en lugares como Cuba, China e Irán", dijo Pompeo. Su declaración se tituló: "Sobre la hipocresía del Consejo de Derechos Humanos de la ONU".

Pintan a cervantes

Intentando calmar los ánimos y en respuesta a las protestas, el Departamento de Parques de Nueva York anunció que renombrará algunos de los espacios públicos de la Gran Manzana para honrar a los ciudadanos negros de la ciudad. Según indicaron medios locales, las autoridades ya han dado el nombre de "Juneteenth Grove" a una parte de Cadman Plaza, en el centro de Brooklyn.

Sin embargo, esto no impidió que la estatua del misionero español Junípero Serra fuera derribada, y la del escritor Miguel de Cervantes pintada con la palabra "bastardo" en la ciudad de San Francisco. "El arte público no es una excepción. En ciudades en todo Estados Unidos, muchos monumentos históricos están siendo derribados porque las acciones e ideas que simbolizan no merecen ser veneradas", indicó la Comisión de Arte de la ciudad.

La Asamblea Nacional Popular de China (ANP, poder legislativo) revisó ayer la controvertida ley de seguridad nacional de Hong Kong, que incluirá la creación de una oficina para "asuntos de seguridad nacional" del Gobierno central chino en la excolonia británica, informó este sábado la agencia estatal Xinhua.

Según el reporte, el Comité Permanente de la ANP, reunido desde el pasado jueves, revisó el proyecto de ley, que de acuerdo al órgano "reforzará" la autonomía de la ciudad y el modelo de "un país, dos sistemas" por el que se rigen las relaciones de China con Hong Kong, y con el que también se pretende "erradicar cualquier resquicio de injerencia extranjera" en la urbe financiera.

Así, la agencia, que cita a un funcionario de la ANP, señala que el proyecto legislativo consta de seis apartados y 66 artículos que incluyen delitos y penas para delitos relacionados con la seguridad nacional, y como debe aplicarse la ley y sus procedimientos.

Además, el Gobierno central chino establecerá una oficina para "asuntos de seguridad nacional" en Hong Kong, que estará presidida por la Jefatura del Gobierno local, y la Policía hongkonesa y el Departamento de Justicia hongkonés deberán formar "unidades especiales" para "tratar la mayoría de los casos". La ANP dio en su sesión anual de mayo luz verde a la entrada en vigor de esta ley, que muchos temen que pueda utilizarse para acallar las voces críticas en Hong Kong tras un año de protestas.

La agencia asegura que la ley estará lista "muy pronto", y según fuentes cercanas citadas por el rotativo hongkonés South China Morning Post, Pekín decidió no publicar hoy el contenido completo del proyecto porque aún se espera que haya cambios "en las próximas una o dos semanas".